El decreto surgió para enfrentar la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, el Área Metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González (Cesar).
Este, habilitaba al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para gestionar recursos destinados a la construcción y dotación de infraestructura de educación superior en esos territorios. Sin embargo, la Corte concluyó que la norma no respondía directamente a la emergencia que motivó la declaratoria del estado de excepción.
Según el alto tribunal, aunque la medida se relacionaba con el derecho a la educación, no tenía como objetivo atender las afectaciones generadas por la grave perturbación del orden público en la zona: “[el decreto] no buscaba garantizar el derecho a la educación de la población que reside en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, como consecuencia de la crisis humanitaria que generó la grave perturbación del orden público en esos territorios”.
En cambio, buscaba resolver problemas estructurales de acceso a la educación superior que han tenido las zonas mencionadas.
La Corte determinó que esta finalidad desbordaba los límites de lo permitido durante los estados de excepción, al no guardar una conexidad directa y específica con la situación coyuntural de emergencia.
Por esa razón, el decreto fue declarado inexequible con efectos hacia el futuro. Desde la fecha de la sentencia, no podrán comprometerse nuevos recursos con base en ese decreto.
¿Qué va a pasar con los proyectos iniciados por el decreto?
El ministro de Educación Daniel Rojas, en una publicación que hizo en su cuenta de X, mencionó que se han invertido 539 mil millones de pesos desde el Decreto de conmoción.
Desde EL COLOMBIANO, nos comunicamos con el Ministerio de Educación para preguntar por los proyectos y comentaron que “la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 155 de 2025 tiene efectos hacia futuro, y, por tanto, a partir de la fecha de la sentencia, no pueden comprometerse nuevos recursos”.
Además, agregaron que “es importante señalar que los recursos asignados durante la vigencia de la declaratoria para la educación superior ya fueron comprometidos, por lo que la sentencia no tendrá efectos retroactivos sobre dichos recursos”.
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