La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 90,75 meses de prisión (7,5 años) a Ronald Housni Jaller, exgobernador de San Andrés, por su responsabilidad en un delito de concierto para delinquir agravado, como coautor de 17 delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de nueve delitos de cohecho propio, de tres delitos de peculado por apropiación agravado y otros dos delitos de peculado por apropiación.
Además, el exgobernador deberá pagar dos multas que acumulan de 2.437 millones de pesos y fue inhabilitado por 70,75 meses para el ejercicio de derechos y7 funciones públicas.
Los magistrados también le negaron la libertad condicional y la prisión domiciliaria, por lo que tendrá que pagar su condena en la cárcel.
Todo esto se dio después de que el exgobernador aceptara los cargos y llegara a un preacuerdo con la Fiscalía.
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Los delitos
En la sentencia queda claro que en 2015 el gobernador Ronald Housni Jaller se reunió con Hernán Moreno Pérez, Fernando León Díez y Mauricio Botero para acordar la forma en que se venía contratando con el archipiélago y llegaron al compromiso de que una vez fuera elegido el primero como gobernador les adjudicaría contratos y adicionaría a los contratos que estaban vigentes y a cambio recibiría 10 % de cada contrato que serían repartido con su hermano Jack Housni Jaller.
De cuenta de este compromiso, durante el segundo semestre 2015, el candidato recibió 1.200 millones para gastos de su campaña. Ya como gobernador, Housni adicionó seis contratos y firmó otros tres nuevos.
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Otro caso es el del contrato para la prestación de servicios de vigilancia, por valor de 1.985 millones de pesos, para el cual el gobernador participó en el proceso de evaluación de las propuestas sin ser integrante del comité evaluador y hallándose impedido porque había laborado 15 años en una de las empresas oferentes (Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia), que fue beneficiada por presentar una oferta de solo 99 pesos más económica.
Así mismo, Housni tramitó y celebró en el año 2016 cinco contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
