Así lo evidencia un documento conocido por EL COLOMBIANO en el que además se detalla la presunta participación del exfuncionario en el entramado de corrupción. Su abogado habló de la supuesta solicitud de asilo político.
Pasados ocho meses de su salida formal del Gobierno de Gustavo Petro –tras su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Dirección Nacional de Inteligencia–, nuevamente Carlos Ramón González está en los reflectores de la justicia por cuenta de su presunta implicación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
En efecto, este miércoles se conoció que la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que demostrarían la aparente responsabilidad del exfuncionario en el delito de tráfico de influencias. Lo anterior, en medio de la supuesta trama para entregarle sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de gestionar los proyectos del Ejecutivo en el Congreso.
“González habría instruido a Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, para obtener contratos en favor de los congresistas Iván Leónidas Name Vázquez y Andrés David Calle Aguas. Al no concretarse dichos contratos, se habría optado por la entrega de dinero en efectivo: $3.000 millones para Name Vázquez y $1.000 millones para Calle Aguas”, señala un documento conocido por este diario.
Allí se reseña además que González habría impartido órdenes a Olmedo López desde la primera semana de septiembre de 2023 en la oficina del Dapre, ubicada en el Palacio de Nariño, y fueron reiteradas en una reunión el 27 de noviembre del mismo año.
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“El 25 de septiembre, López Martínez se reunió con el presidente de la Cámara en la sede de la UNGRD para concretar la entrega del dinero. El desembolso se materializó en Bogotá los días 12 y 13 de octubre de 2023 para el Senado, mientras que el pago al presidente de la Cámara se efectuó el 14 de octubre en su residencia en Montería, Córdoba”, agrega la Fiscalía.
De hecho, este diario conoció que la Fiscalía rastreó los datos biográficos del plan de telefonía celular de González, así como un registro detallado de voz, mensajes de texto y voz, datos entrantes y salientes con identificación de las celdas con coordenadas. A ello se suman reportes en las centrales de información financiera y productos financieros reportados tales como cuentas bancarias, créditos, o tarjetas de crédito.
En medio de los señalamientos, la defensa del exfuncionario, el abogado Iván Cancino, se declaró tranquilo y sostuvo que, pese a las investigaciones, no hay evidencias hasta ahora que permitan inferir su responsabilidad en las acusaciones.
“Las audiencias previas no han revelado nada que pueda comprometer al doctor Carlos Ramón González. No ha habido sorpresas que afecten a la defensa, ni a corto, ni a largo plazo. Todo sigue en el ámbito de actos investigativos normales”, sostuvo Cancino en diálogo con Caracol Radio.
“La presunción de inocencia sigue intacta. Si en algún momento aparece una prueba sólida que lo vincule con algún acto de corrupción, estaremos listos para defenderlo. Estamos tranquilos, el trabajo de la defensa sigue siendo sólido, y si la Fiscalía toma una decisión apresurada, estamos listos para demostrar la inocencia de Carlos Ramón González”, agregó.
Al ratificar que González está bien de salud, el abogado se refirió también a la salida del país del exfuncionario a mediados de mes por “motivos de descanso”, como reveló en su momento EL COLOMBIANO. En esa línea, el jurista negó que el exdirector del Dapre esté pidiendo asilo político.
“No tengo conocimiento de que esté pidiendo asilo político. En cuanto a su salud, tiene un seguimiento de un problema que tuvo hace un año, pero nada que lo incapacite. Está bien”, subrayó Cancino, quien dijo que los hallazgos y testimonios de la Fiscalía “no han logrado probar nada en contra de Carlos Ramón”.
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