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Cartagena y Tumaco, en una tormenta sanitaria por la covid

Cifras de contagios en ambos lugares se sustentan en una sucesión de males políticos, sociales y culturales.

  • Según cifras de la alcaldía, Tumaco tiene un 90% de informalidad, razón fundamental para que la cuarentena allí haya tenido tantos tropiezos para cumplirse. En los corregimientos más distantes, la situación de orden público no ha dado tregua. FOTO manuel saldarriaga
    Según cifras de la alcaldía, Tumaco tiene un 90% de informalidad, razón fundamental para que la cuarentena allí haya tenido tantos tropiezos para cumplirse. En los corregimientos más distantes, la situación de orden público no ha dado tregua. FOTO manuel saldarriaga
  • La economía de Cartagena, dependiendo del turismo, se ha visto fuertemente afectada por las medidas de cuarentena. FOTO EFE
    La economía de Cartagena, dependiendo del turismo, se ha visto fuertemente afectada por las medidas de cuarentena. FOTO EFE
01 de junio de 2020
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Como llenar un profundo pozo de agua con una pequeña taza. Esa es la metáfora de la que se vale el gestor social José Luis Pardina para explicar por qué cualquier ayuda o medida tomada será insuficiente para atender una crisis que no hizo más que evidenciar el olvido al que ha sido sometido Tumaco.

Las deudas históricas y tareas aplazadas han definido en medio de esta emergencia sanitaria un mapa de coincidencias cuyos puntos cardinales han unido lugares tan dispares como Tumaco, neurálgico centro urbano del pacífico nariñense, y Cartagena, uno de los 50 destinos turísticos más atractivos del mundo, según el Huffington Post.

Tumaco, con una población de 187.084 habitantes, reportó hasta ayer 655 positivos por covid-19 y 26 fallecidos. Presenta un caso por cada 244 habitantes, una cifra cinco veces más alta que la del país. Todo esto, en un municipio cuyo único hospital es un “cascarón vacío desde hace 20 años”, como sentencia el padre José Luis, uno de los principales gestores de la región.

Cartagena, por su parte, que registra 2.829 casos y 128 fallecidos, tiene la segunda tasa de mortalidad en Colombia tras Bogotá (327). El 85 % de las 213 camas UCI disponibles están ocupadas.

Además, esta semana uno de los temas comunes en oficinas, calles y tiendas fue una verdad con la que convivieron pasivamente los cartageneros en los últimos cinco años. “Hay más de 15 centros hospitalarios que nunca entraron en funcionamiento y un déficit de 2.000 camas para atención”, cuenta Edgardo Montes, integrante de Funcicar, una integración de líderes comunitarios en la Heroica.

Esos mismos líderes son los que intentan mantener en la comunidad el interés en saber qué pasó con los $100.000 millones que le aprobó el Consejo al exalcalde Dionisio Vélez para acondicionamiento de la red hospitalaria.

El alcalde William Dau ilustró la situación esta semana en pocas palabras: “La red hospitalaria era casi inexistente, porque la institucionalidad estuvo años al servicio de la corrupción”. Justo sobre esto último hay que detenerse porque es una declaración que abre la puerta al gran mal de Cartagena.

Precisamente, ahora, camino a un colapso sanitario, la ciudad podría quedarse sin alcalde durante cinco días porque Dau fue notificado de que deberá pagar arresto y una multa al desconocer una orden judicial para pagar un subsidio a una damnificada del edificio Villa May, de la constructora Quiroz, la misma del edificio Blas de Lezo, que dejó 21 muertos al desplomarse hace tres años, y desentramó las irregularidades para proyectos de construcción privada en la ciudad.

En los últimos cinco años Cartagena tuvo ocho alcaldes, inestabilidad que se debió a las inhabilidades y suspensiones por sonados casos de corrupción.

El proceso que derivó ahora en la orden de arresto a Dau por desacato es una de las tantas herencias de administraciones pasadas. Con ese desgobierno reciente se entiende que, siendo un referente turístico mundial, la ciudad tenga el 14,1 % de la población viviendo en condiciones de pobreza, según el Dane, siendo la más pobre entre las 7 ciudades principales del país, y, de paso, que reine cierta indisciplina en las calles que ha ayudado al aumento de casos.

Playas y alacenas vacías

Esta semana José Luis estuvo repartiendo unos mercados en barrios tumaqueños gracias a una ayuda que llegó desde Alemania a la Diócesis, y quedó sorprendido ante una imagen: “Me acerqué a 30 metros de la orilla de la playa y la vi vacía. Eso nunca pasa en Tumaco y muestra la voluntad de la gente por cumplir con un aislamiento que en las condiciones del municipio es muy difícil”, cuenta.

Por eso cree injusta la que llama una campaña de “desprestigio” desde ciertos sectores en Pasto para tachar de irresponsables a los tumaqueños al punto, dice, de comentarse sobre la reticencia a recibir casos graves por covid-19 remitidos desde Tumaco hasta la capital nariñense por el rumor de indisciplina generalizada en el municipio.

La alcaldesa Emilsen Angulo, quien ha tomado medidas desesperadas para que los pobladores cumplan con las normas sanitarias, como grabar un video en el cementerio para mostrarles a donde van a parar si no se cuidan a sí mismos y a los suyos, señala que por las condiciones del municipio es imposible un acatamiento total de los cuidados.

“30.000 personas deben reclamar el subsidio que entrega el Estado y debe alcanzarle para comer un mes a una familia de siete integrantes. La necesidad los obliga a salir a buscar sustento”, precisa. Y es que el Índice de Pobreza Multidimensional que identifica carencias de vivienda, salud y educación de una población, alcanza el 84,5% en Tumaco.

En medio de el sombrío panorama, Foncillas cree hallar una luz en la resiliencia de la juventud del municipio. En el trabajo que hace la Diócesis con los muchachos en la construcción de agentes de paz y que continuó durante la cuarentena vía telefónica con cada uno, muchos le manifestaron haber hallado un espacio que no conocían. “Me dicen que nunca habían experimentado una cercanía tal con sus familias y que están felices por eso”.

Esto en un municipio que, según Human Right Watch, presentó en los últimos tres años las cifras mas altas de asesinatos y violencia sexual contra menores de edad. Que tiene, además, más de 19.000 hectáreas de coca sembradas, según cifras de 2017, lo que hace que en este puerto del Pacífico se conjugue la ilegalidad con la crisis sanitaria.

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