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Colombia | PUBLICADO EL 03 diciembre 2021

$2.994 millones de la paz están en riesgo

  • La Contraloría analizó aleatoriamente 99 contratos de municipios PDET, como este de la foto en San Vicente del Caguán (Caquetá), y encontró varias alertas. FOTO Juan Antonio Sánchez
    La Contraloría analizó aleatoriamente 99 contratos de municipios PDET, como este de la foto en San Vicente del Caguán (Caquetá), y encontró varias alertas. FOTO Juan Antonio Sánchez
  • El documento con la auditoría tiene 277 páginas.
    El documento con la auditoría tiene 277 páginas.
  • El dosier llegó a la Delegada de Criminalidd Organizada.
    El dosier llegó a la Delegada de Criminalidd Organizada.
  • La Contraloría analizó aleatoriamente 99 contratos de municipios PDET, como este de la foto en San Vicente del Caguán (Caquetá), y encontró varias alertas. FOTO Juan Antonio Sánchez
    La Contraloría analizó aleatoriamente 99 contratos de municipios PDET, como este de la foto en San Vicente del Caguán (Caquetá), y encontró varias alertas. FOTO Juan Antonio Sánchez
  • El documento con la auditoría tiene 277 páginas.
    El documento con la auditoría tiene 277 páginas.
  • El dosier llegó a la Delegada de Criminalidd Organizada.
    El dosier llegó a la Delegada de Criminalidd Organizada.

La advertencia es de la Contraloría, que auditó 99 contratos entregados por tres entidades. Fiscalía ya interviene.

El 16 de noviembre, a las 8:35 de la mañana, llegó a la oficina Contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General un documento de 277 páginas con información que advierte del riesgo de pérdida en que podrían estar 2.994 millones de programas derivados del Acuerdo de Paz con las Farc.

Este dosier, conocido en su integridad por EL COLOMBIANO, lo elaboró la Contraloría tras auditar 99 contratos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) –focalizados en 170 municipios históricamente afectados por la violencia, la pobreza y los cultivos ilícitos–, uno de los ejes más importantes de la implementación del Acuerdo firmado en 2016.

Su auditoría derivó en 84 hallazgos tras revisar procesos contractuales relacionados con el Fondo Colombia en Paz, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural en Tolima, Cauca, Valle, Caquetá, Meta y Bogotá.

No solo habría 2.994 millones de pesos en riesgo, los cuales salen de sumar los cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal, sino que también hay tres casos con posible implicación penal y son, justamente, los que Gabriel José Romero, contralor delegado para el Sector Agropecuario, le pidió investigar a la Fiscalia a través de una comunicación remitida al fiscal general, Francisco Barbosa.

Además, hay 30 hallazgos más con presunta incidencia disciplinaria, tres con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y otros dos que pasaron a indagación preliminar.

La información conocida por este diario revela la alerta que hay sobre un contrato de 8.194 millones de pesos –ejecutado desde la Gobernación de Caquetá– para construir 11 puentes en 8 municipios del departamento. La Contraloría halló que no se ha terminado ni el primero y que habría 2.347 millones en riesgo por cuenta de un adelanto aparentemente injustificado al contratista que se quedó las obras: Grupo Empresarial Líbano S.A.S.

El departamento respondió que la responsabilidad de la ejecución no es suya, pues el contrato fue suscrito por el municipio de San José Fragua. Y el Invías, también cuestionado por el ente fiscalizador, se defendió indicando que la interventoría con la firma DICO-INCOL es precisamente para garantizar su ejecución. No obstante, hay posibles incidencias fiscales, penales y disciplinarias por esclarecer derivadas del atraso evidente de las obras.

Pero no es el único caso. En la auditoría se verificó otro contrato, por $1.047 millones, para la mejora de 3 tramos de vías terciarias en Ataco, Tolima, que a la fecha de terminación (10/2020-06/2021) estaban apenas en el 8,9 %. La alcaldía municipal pidió más tiempo para responderle a la Contraloría, argumentando problemas para verificar los correos electrónicos. Sin embargo, su petición no se aceptó y se calificó el hallazgo como administrativo, con presunta incidencia penal y disciplinaria, por el retraso de las obras; un caso parecido al de Caquetá.

También se encontró una posible irregularidad en el proyecto de semilleros de caña en 24 municipios de Cauca, que deberían sumar 131 pero solo llegan a 57; el presunto detrimento sería de 436 millones de pesos. La Gobernación, sin embargo, respondió que había ampliado del 30 de julio al 31 de agosto la fecha de cierre del proyecto, pero la explicación no fue suficiente para la Contraloría y pidió investigar el tema. De hecho, parte de esta información la había revelado Diario Criterio.

Además, a la Contraloría le llamó la atención un convenio por 56.149 millones de pesos entre la ART y la empresa Carvajal Tecnologia de Servicios –que inicialmente era de 46.520 millones (antes de las tres adiciones que se le hicieron)– equivalente “al 71 % del total contratado para los PATR (Plan de Acción para la Transformación regional, la hoja de ruta de los PDET)”, para un plazo de ejecución de ocho meses en prestación de servicios de soporte informático. Lo extraño, dice el ente fiscalizador, es que la firma también terminó de intermediaria en el arrendamiento de 5 sedes.

Sin embargo, la ART respondió que esas sedes –en Barrancabermeja, Apartadó, Buenaventura y Quibdó– son parte de su funcionamiento y que estaban previstas en la operación con la firma.

Falta información

En toco caso, el panorama general en cuanto a los contratos auditados, de acuerdo con la Contraloría, muestra imprecisiones frente a fuentes de financiación, monto de recursos y estado de ejecución de los proyectos. De hecho, se queja de que tuvo que buscar información adicional, pedir aclaraciones y cambiar varias veces la muestra.

La información facilitada por la ART “se encuentra con imprecisiones y ausencia de algunos datos relevantes para lograr de manera adecuada el resultado de los proyectos”.

A esto, agrega, hay que sumarle las dificultades en la confiabilidad de la información que rodea dicha hoja de ruta, la de los llamados PATR. “No se pudo establecer con grado de certeza el estado actual de la implementación de las iniciativas, su avance, el seguimiento sobre la ejecución de los proyectos; situación que limitó considerablemente el alcance de la actuación especial de fiscalización para su desarrollo”, dijo la Contraloría.

La acciones del Gobierno

Pero, más allá de este dosier de la Contraloría –que ya está en poder de la Fiscalía–, a nivel nacional el Gobierno ha presentado otra perspectiva sobre los PDET.

En efecto, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, se han invertido 10,1 billones de pesos y se han ejecutado 2.800 obras de agua potable, luz eléctrica y fotovoltaica, vías, parques e infraestructura en salud.

Y, por primera vez –resaltó el Gobierno–, las 6,6 millones de personas que habitan en las 16 subregiones PDET están sintiendo “la presencia del Estado”

Contexto de la Noticia

Los once puentes que van a medias en el caquetá

Ocho municipios del Caquetá siguen esperando once puentes y dos obras de drenaje o box coulvert, acordados entre la Gobernación y el Grupo Empresarial Líbano S.A.S. a través del contrato 320 de 2018, suscrito por 8.194 millones de pesos. El puente más avanzado de todos, a 25 de junio, era el de El Doncello, con un 62 % de progreso, seguido por el de Morelia, con 34 %, y después el de Florencia, con 3 %. Y, sobre las obras de drenaje, el avance era de 62 % y 86 %. Por el contrario, los puentes de La Montañita, Milán, Puerto Rico, San Vicente y Albania ni siquiera se habían comenzado. El encargado de la construcción recibió un adelanto por 2.347 millones de pesos a través de Fiduciara Bogotá S.A., aunque en el pliego de condiciones esto no estaba previsto, dice la Contraloría, pero con un otrosí durante el plazo de ejecución modificaron la forma de pago. A pesar de la existencia de un contrato de interventoría entre Invías y el Consorcio DICO-INCOL, el ente de control considera que el trabajo fue insuficiente. De hecho, encontró que en julio del año pasado el Departamento Nacional de Planeación cesó los giros de regalías al proyecto, justamente por los incumplimientos detectados.

La Gobernación argumentó que el proyecto fue presentado por el municipio de San José del Fragua, por lo que las deficiencias técnicas no son su responsabilidad y que la vigilancia sobre la ejecución correcta del contracto es de la interventoría. Por su parte, Invías defendió el trabajo del interventor señalando que cumplió con las funciones acordes a la ley y al mismo contrato. Para la Contraloría, “las entidades no desvirtúan la observación comunicada, por lo que se valida y confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $2.347.931.275”. Según el ente de control, por el valor de dicho adelanto existiría un presunto daño patrimonial.

La alerta por el freno a las mejoras viales de 11 municipios del tolima

El municipio de Ataco, Tolima, suscribió el contrato 218 del 6 de agosto de 2020 por 1.047 millones de pesos para mejorar sus vías terciarias en tres tramos distintos, con un periodo de seis meses de ejecución. Sin embargo, cuando solo faltaban veinte días para el plazo (10/2020-06/2021), el avance era de solo 8,9 %, y dos de los trabajos no habían comenzado. La Alcaldía municipal no le respondió las dudas en el plazo legal a la Contraloría y, cuando lo hizo –el 21 de agosto de 2021–, pidió una prórroga para hacerlo. Dijo que no lo cumplió por problemas en el software que le impidieron a sus funcionaros acceder a los correos enviados por la Contraloría. Sin embargo, como el cierre del análisis del ente de control era el 27 de ese mes, no le aceptaron la petición. Por eso, hay un hallazgo administrativo con presunta incidencia penal y disciplinaria.

Lo que pasó a revisión directa de la fiscalía general

De la actuación de la Contraloría, dos de los hallazgos de tipo presuntamente penal corresponden al municipio de Ataco: la etapa precontractual y contractual del contrato 218 de 2020 para la mejora de vías terciarias, por un valor de $1.047 millones . La alerta judicial es porque no se han terminado las obras y en dos casos ni siquiera han empezado. Y por el contrato de obra 649 de 2019, de $4.665 millones para otra obra vial de Ataco, el ente de control solicitó abrir una indagación preliminar para determinar un presunto detrimento patrimonial por demoras. Aunque el plazo de ejecución era de seis meses, pasados 420 días las obras solo estaban en un 31,11 %. La Contraloría también pidió investigar el contrato 320 de 2018, por el avance mínimo en la construcción de 11 puentes en 8 municipios de Caquetá por 8.149 millones. Todos suman 13.907 millones de pesos.

Pía Wohlgemuth

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.

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