Han transcurrido 7 días hábiles desde que la Procuraduría ordenó la suspensión por tres meses al canciller Álvaro Leyva por frenar la licitación del contrato de pasaportes, pero esa medida disciplinaria se quedó en el papel. Esto se debe a que en el Palacio de San Carlos y la Casa de Nariño ignoraron la orden del ente de control y, hasta ahora, han logrado hacerle el quite a la suspensión que ya fue notificada y que era de “cumplimiento inmediato”.
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Aunque en su decisión el ente de control aclaró que el canciller debía apartarse de sus funciones para evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, lo cierto es que luego de estos 7 días Leyva ha seguido con su agenda común y corriente. Tanto así, que continúa liderando reuniones diplomáticas y firmando decretos de nombramientos en el servicio exterior, la asignación de funciones en diferentes embajadas y reubicaciones.
Desde que se conoció la sanción contra el canciller, el presidente Gustavo Petro dejó claro que no la compartía y denunció que no quieren dejarlo gobernar. Por su parte, Leyva se pronunció, a través de su defensa, para pedirle a la Procuraduría que se revoque la suspensión por “inconstitucional”, pero expertos consultados por este diario advirtieron que esta medida se tiene que acatar o ambos se expondrían a consecuencias disciplinarias o incluso penales.
Habría un caso de desacato
La Secretaría Jurídica de la Presidencia es la dependencia encargada del decreto con el que Petro debe dictar la suspensión de Leyva y determinar quién lo reemplazará. Aunque en teoría debería ser una medida de cumplimiento inmediato, esta sanción no se ha materializado, situación que abrió un debate por un posible desacato del Ejecutivo a las órdenes del ente de control.
Incluso el propio canciller se ha pronunciado para agradecer el “respaldo” del presidente frente a la suspensión minimizando las faltas, calificadas de manera provisional como gravísimas, frente a la licitación de pasaportes que le achaca el ente de control. “Gracias presidente por su respaldo total a la lucha que vengo adelantando contra los carteles y la corrupción pública y privada. Se trata de uno de sus compromisos como jefe de Estado. Una de sus batallas para alcanzar la Colombia nueva. En ellas estaré a su lado”, dijo el canciller la semana anterior.
Para el abogado constitucionalista Andrés Úsuga, al no hacer efectiva la suspensión como lo ordenó la Procuraduría, “el presidente debe actuar de inmediato y si no lo hace, está desconociendo una orden de un organismo constitucional y legítimamente constituido, por lo que podría incurrir en el delito de prevaricato al tratarse de una manifestación que es contraria a la ley”.
Por su parte, el exmagistrado del Consejo de Estado y la Corte Suprema, Luis Fernando Álvarez Jaramillo, fue más allá y señaló que la decisión del mandatario de ralentizar la medida de suspensión y la “renuencia” de Leyva de separarse de su cargo “podrían constituir un falta disciplinaria por parte de ambos y además podrían estar incursos en un ilícito de naturaleza penal”.
Pero a pesar de esas advertencias, lo cierto es que Petro ha salido bien librado de otros casos en los que se no cumplió las órdenes de la Procuraduría, como ocurrió en julio de 2023 cuando se negó a ejecutar la suspensión contra el entonces alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por participación en política. Y el único antecedente reciente de una sanción por desacato contra un jefe de Estado fue la orden de arresto del Tribunal de Distrito Judicial de Ibagué contra Iván Duque en junio de 2022 por no cumplir las órdenes de una sentencia de tutela relacionada con la protección del Parque Nacional Los Nevados.
El docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Vicente Benítez, agregó que el canciller está en la obligación de cumplir las decisiones administrativas de este tipo porque, en este caso, la Procuraduría tiene las competencias legales para suspenderlo provisionalmente, pero aclaró que esta medida disciplinaria solo se hará efectiva cuando el presidente así lo decrete.
“Si la suspensión se sanciona y el canciller no la acata, se podría iniciar un nuevo procedimiento disciplinario en su contra. Y si en esa eventual investigación, en la que él tendría derecho a defenderse, se confirma que hubo una falta grave, eventualmente podría pensarse en una destitución o una inhabilidad. Incluso podría haber una instancia penal, ante la Corte Suprema, donde la sanción podría ser una multa o la privación de la libertad, pero la sanción penal requiere un nivel probatorio mucho más alto que las sanciones disciplinarias”, explicó el profesor de La Sabana.
Por lo pronto ni la Presidencia ni la Cancillería han dado claridad si está previsto que antes de concluir esta semana se dictara la suspensión, pero la defensa de Leyva (ver Para saber más) y el presidente dejaron claro que consideran injusta y desproporcionada la sanción, lo que hace que se mantenga latente esta puja con la procuradora Margarita Cabello. “ No nos van a dejar gobernar, esa es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar la gente abandonada no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, democrático”, señaló Petro al cuestionar la medida contra Leyva.
Para saber más: Canciller alega que la suspensión es arbitraria
Este jueves el abogado Mauricio Dueñas, uno de los apoderados del canciller Álvaro Leyva, le envió una carta a la Procuraduría en la que alega que en el proceso disciplinario contra el jefe de la diplomacia colombiana presuntamente se han vulnerado derechos y que la suspensión que le aplicaron debe ser revocada. “La suspensión provisional que fue impuesta al canciller Álvaro Leyva Durán tiene origen en postulados carentes de objetividad y la convierten en una medida arbitraria e irrazonable”, expuso el abogado Dueñas en la carta de 22 páginas que fue radicada ante la oficina de la procuradora Margarita Cabello.
