Así lo confirmó la mesa directiva de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, que busca escuchar al periodista israelí que reveló las presuntas irregularidades.
Por cuenta de las presuntas irregularidades que habrían rodeado la supuesta compra y uso del software espía “Pegasus” por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (Dipol), este jueves desde el Congreso anunciaron un debate de control político para determinar en qué circunstancias habría sido adquirido el sistema.
Así lo anunció el presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, Antonio Correa, quien sostuvo que –de la mano de otros parlamentarios–, citará a una sesión reservada para conocer los pormenores del software. “¿En dónde está Pegasus? Esto no puede quedar en la impunidad”, dijo el congresista.
En ese sentido, Correa manifestó que solicitarán, con la ayuda de la Cancillería y la Unidad de Inteligencia Financiera, la certificación bancaria de la supuesta transacción que habría realizado el entonces Gobierno de Iván Duque con el banco israelí Hapoalim.
Además de escuchar al periodista israelí Gur Meggidor, quien realizó la investigación que da cuenta de las presuntas irregularidades, en el Congreso buscan además escuchar la versión del general israelí Yair Kulas.
Por otro lado, sumado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, citarán a altos mandos de la Policía, Fuerzas Militares, Dirección Nacional de Inteligencia y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Fungirán como invitadas la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la procuradora Margarita Cabello.
Recientemente, el presidente Gustavo Petro alertó que el programa fue adquirido por la Dirección de Inteligencia Policial por 11 millones de dólares en el Gobierno de Iván Duque y, según el mandatario, tendría la capacidad de espionaje de celulares de cualquier tipo.
La semana pasada, la Fiscalía reveló que inició una investigación en torno a la supuesta compra y uso del software. Según el ente, la adquisición de este sistema, desarrollado por la firma israelí NSO Group, habría tenido lugar a mediados de 2021. Catalogado como un software espía, conocido por su capacidad para interceptar comunicaciones en dispositivos móviles, ha sido señalado por su uso indebido en diversos países.
En el caso de Colombia, las denuncias apuntan a que supuestamente fue utilizado para llevar a cabo seguimientos ilegales a magistrados y empleados de las altas cortes del país.
La indagación ahora se centra en esclarecer varios puntos clave: cómo se negoció la supuesta compra entre DIPOL y NSO Group, cuál fue el origen del dinero y cómo se efectuó su traslado de Colombia a Israel. Además, se investiga si esa información financiera fue compartida con la UIAF y si la compra fue monitoreada por las autoridades colombianas.
