EL COLOMBIANO buscó al representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño (Partido Comunes) para conocer su versión por el escándalo de un sistema de pagos a sus colaboradores que lo vuelve a tener en el centro de los reflectores.
El legislador dijo que sus respuestas estaban en un comunicado público, aunque no se refiere al detalle de las acusaciones. “No he tenido ningún contacto con esas personas desde varios años cuando terminó su relación laboral con la UTL”. Además, agrega que “cualquier otra insinuación en contrario es falsa, carece de sustento y solo busca enlodar mi nombre”.
La Corte Suprema de Justicia investiga a Carreño por presuntamente exigir cuotas salariales a su equipo para gastos personales y del partido.
Todo este escándalo se da a un año de que el Partido Comunes termine los dos periodos legislativos con diez curules –cinco en Senado y cinco en Cámara– que le otorgó haber firmado el Acuerdo de Paz en el 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Pasado casi un año desde que se filtraron audios y facturas que evidenciarían los pagos irregulares que Carreño, conocido en la antigua guerrilla de las Farc como ‘Sergio Marín’, presuntamente cobraba a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), se conoció que la Corte Suprema de Justicia avanza en las investigaciones y próximamente podría dictar medida de aseguramiento en contra del congresista. Así lo reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que pudo acceder a los testimonios e indagaciones que ha adelantado el alto tribunal.
El expediente de la investigación señala que, al parecer, el congresista cobraba entre $150.000 y $3’640.000 a los integrantes de su UTL, así como a colaboradores y hasta conductores. Si bien los testimonios indican que el congresista hacía pasar esos dineros como un aporte para el partido Comunes –pese a que la ley prohíbe que funcionarios realicen aportes a colectividades–, hay registro de que con esos recursos presuntamente se pagaron gastos personales de Carreño, como ropa, hoteles y hasta sus estudios profesionales.
Testimonios reveladores
Uno de los testimonios clave es el de Irene Amado, quien fuera asistente del congresista y quien llegó a integrar su equipo de trabajo dada su cercanía familiar con la también parlamentaria Griselda Lobo, conocida en el conflicto armado como ‘Sandra Ramírez’, viuda del fundador de las antiguas Farc, alias ‘Tirofijo’.
“Fue una orden directa de Carlos Alberto Carreño desde el inicio. Y él jamás llegó a decirnos: ‘Ustedes están de acuerdo en que...’, no, eso no fue así, tanto que las personas que no aportaban tenían diferencias con el representante. Tenían un llamado de atención”, relató Lobo, quien logró hacer una matriz en la que llevaba el detalle de los pagos.
Según la exfuncionaria, el congresista exigía una cuota mensual a sus colaboradores fruto de sus salarios con porcentajes que variaban según lo que recibía cada uno.
Por ejemplo, a una de sus asesoras que ganaba $8 millones le exigía una cuota de hasta $3’640.000. Es decir, casi la mitad de su salario. Irene Amado –quien tuvo que exiliarse en Estados Unidos debido a amenazas por denunciar lo ocurrido–, detalló que Carreño le decía: “Aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea”.
La exfuncionaria explicó que el congresista hacía pasar los pagos como un “recaudo, (dijo) que nos iba a pedir cuota del salario a cada uno y que esos dineros se iban a destinar como en beneficio de lo que hacía el partido por las personas”.
“Él se echaba la plata al bolsillo, diciéndolo coloquialmente. Lo que yo le entregué, lo vi con mis propios ojos cuando se lo guardaba”, narró por su parte Ricardo Vargas, otro de los asesores de Carreño, quien aseguró que durante su paso por la UTL debió entregar recursos por cerca de $10 millones.
No solo eran pagos
Como mano derecha del representante Carlos Alberto Carreño, Irene Amado le mostró a la Corte cómo se usaban los recursos que recogía de los salarios de sus colaboradores. En esa línea, dio cuenta de la compra de camisas para la campaña del congresista, así como pagos mensuales para una membresía en la cadena de hoteles Decameron y hasta pagos de hasta $1’986.000 que tenían como destino “universidad intersemestral SM”, como siglas de ‘Sergio Marín’.
En la contabilidad que llevaba la exfuncionaria también se evidencian giros con los dineros con destino directo a Carreño bajo el rubro de gastos de campaña. Uno de los pagos, por $2’300.000, se hizo en medio de las elecciones regionales de 2019 y, de acuerdo con Amado, el propio representante argumentó que era “para la campaña”.
Incluso, la denuncia contra Carreño muestra que, sumado a los presuntos cobros irregulares, el congresista presuntamente obligaba a sus colaboradores a hacerle trabajos de la universidad. “Nosotros cargábamos con toda la responsabilidad de la universidad. Eso nos acarreaba bastante trabajo porque era ver una carrera”, detalló Amado, reclamando que fue necesario que entre los funcionarios se dividieran las materias, ya que “Sergio quería matricular todo, ver la mayor cantidad de materias, lo máximo permitido”.
Irene Amado señaló que durante un tiempo hizo parte de una comisión de finanzas dentro del partido Comunes y allí conoció a Victoria Nariño, conocida como Marilyn Millán, quien durante 15 años hizo parte del Bloque Oriental de las antiguas Farc. Según Amado, Nariño era la encargada de manejar los recursos que presuntamente se captaban de forma irregular con destino a la colectividad. Al parecer, la plata se destinaría “en beneficio de lo que hacía el partido por las personas”, según la exfuncionaria.
Pese a los señalamientos, algunos de los excolaboradores de Carreño salieron en defensa del congresista y, si bien reconocieron que sí dieron parte de su salario, aseguraron que lo hicieron en su calidad de militantes y de forma voluntaria.
El propio Carreño fue llamado a declarar por parte de la Corte; no obstante, guardó silencio.
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