Sigue el enfrentamiento institucional entre el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, y la Corporación Rotorr–Motor de Innovación. El funcionario ha planteado dudas sobre quiénes dominan realmente en esta firma y quiénes son los beneficiarios finales de una contratación estatal que ya sobrepasa los $270.000 millones. Esta semana las directivas de Rotorr le respondieron.
Vale recordar que, en los últimos meses, Múnera ha cuestionado la gestión de Rotorr y ha señalado posibles anomalías en el uso de sus recursos. La respuesta del director de la entidad fue, además de rechazar estas acusaciones, anunciar que emprenderá acciones legales contra el rector por supuesta difamación y presentó registros de giros hechos a la universidad.
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A modo de contexto, hay que decir que la Universidad Nacional ha expresado su preocupación por la falta de transparencia de la Rotorr, un spin-off vinculado a la institución (una empresa creada por la institución dedicada a la ciencia, tecnología y emprendimiento). De hecho, desde septiembre de 2024, la Rectoría ha solicitado información detallada sobre sus actividades mediante derechos de petición, sin obtener respuestas completas, según la Unal.
Ante esta situación, interpusieron una acción de tutela que fue fallada a su favor en enero de 2025, la cual ordenó a Rotorr entregar la información solicitada. Ante esto, la corporación impugnó la decisión y respondió parcialmente, omitiendo documentos clave como actas de los Consejos Directivos y contratos.
Un mes después, en febrero de 2025, la segunda instancia judicial confirmó la orden de entregar la información sin reservas legales. A pesar de ello, Múnera insiste en que Rotorr ha proporcionado accesos temporales y restringidos a los documentos, lo cual impide su reproducción o divulgación.
En ese sentido, la Nacional solicitó la apertura de un incidente de desacato contra Rotorr. En ese sentido, el Juzgado 90 Penal Municipal de Bogotá requirió en varias ocasiones la entrega completa de la información, pero, a juicio de la institución, sigue el acceso limitado y temporal a más de mil documentos.
Esta situación ha generado preocupación en la universidad y un informe de la Oficina de Control Interno reveló que Rotorr ha administrado recursos millonarios sin, presuntamente, realizar aportes significativos a la institución. El rector Múnera ha insistido en la necesidad de transparencia en la gestión y solicitó a la Fiscalía investigar posibles irregularidades en el manejo de los mismos.
La respuesta de Rotorr
En un documento titulado “Ingresos a la Unal producto de la gestión de Rotorr”, la corporación respondió a Leopoldo Múnera con el detalle de los aportes financieros que hicieron durante el período 2023-2024. Según las cifras presentadas, transfirió a la Unal más de $1.000 millones, distribuidos en $700 millones en especie y $300 millones en efectivo. Estos recursos fueron destinados a fortalecer la infraestructura y los proyectos de investigación de la universidad.
Rotorr también menciona que es falsa la afirmación del rector en el sentido de que “no hemos recibido un peso” de ellos. Sobre esto, aseguraron que “constituye una falta a la verdad comprobable mediante evidencia documental”. Sobre esto, aseguraron que “la Universidad Nacional ha sido beneficiaria directa de múltiples recursos, aportes y contrataciones gestionados por la Corporación Rotorr, que han generado valor económico y fortalecimiento institucional en diferentes niveles”.
La corporación expuso que se han efectuado transferencias que suman un valor de $2.115.808.583, cifra que fue efectuada desde la Contraloría General de la República a la Universidad Nacional, en razón de dos contratos interadministrativos 2023 gestionados y gerenciados por Rotorr.
Así mismo, resaltó que la Unal también tiene pendiente recibir un valor de $128.674.552, correspondiente a otro convenio interadministrativo, actualmente en trámite de liquidación, motivo por el cual el desembolso hacia la Universidad se encuentra pendiente. (Lea el pronunciamiento).
También sostuvo que también están pendientes $425.000.000, correspondiente al convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior, pues están en trámite de liquidación, “motivo por el cual el desembolso hacia la Universidad” no se ha hecho.
“La universidad se ha beneficiado en la financiación de $1.076.971.000 por concepto de los costos asumidos por la Corporación frente al pago de contratos de prestación de servicios derivados del contrato 127-2023 entre la Universidad Nacional y la Rama judicial”, señaló el comunicado.
Al final del archivo —en la que agregaron los certificados bancarios de los giros— Rotorr expresó que el señalamiento del rector Múnera de que no han recibido plata de la corporación “configura una conducta antijurídica disciplinaria por cuanto implica el
desconocimiento deliberado de hechos verificables, con el único propósito de desinformar y afectar la imagen de una persona jurídica con la que la Universidad guarda vínculos contractuales legítimos”.
La corporación criticó duramente las acusaciones del funcionario, sobre quien dijeron que “abusó de su posición institucional para desacreditar injustificadamente a una entidad externa, afectando su reputación, su capacidad operativa y su sostenibilidad financiera” y añadieron que esto “agrava su impacto disciplinario al configurar un uso indebido de la función pública para la difusión de información engañosa, con fines claramente lesivos y sin respaldo documental alguno”.
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