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Condenan a integrante del ELN señalada de entregarle dinero a grupos de la Primera Línea
La mujer habría gestionado 23 millones de pesos para financiar a dichos grupos. Aceptó ser responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y falsedad material en documento público.
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Este es el momento de la captura de la integrante del ELN, Camila Botero Cardozo. FOTO: CORTESÍA
Camila Botero Cardozo –alias Lucía, Jimena, Camila o Lucidó–, fue condenada a seis años y seis meses de prisión por gestionar dineros, armas y entrenamientos militares del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para miembros de la Primera Línea.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, Camila Botero era integrante del Frente Ernesto Che Guevara del ELN y alcanzó a gestionar hasta 23 millones de pesos para financiar a las autodenominadas “Primera Línea” de Cali, MedellÍn y Pereira.
Según la investigación, Botero Cardozo sostuvo varias conversaciones con alias Fabián, jefe del Frente de Guerra Occidental del ELN, en los que solicitaba respaldo económico, apoyo logístico y entrenamiento para dichos grupos entre mayo y junio de 2021, fechas que coincidieron con las épocas más álgidas del Paro Nacional.
En las comunicaciones obtenidas, “Camila explicaba que era necesario brindar instrucción en manejo de explosivos y técnicas de combate urbano o ‘tropel callejero’, como lo llamaba en sus escritos, para confrontar a la fuerza pública y generar afectaciones contra la infraestructura de transporte masivo, instalaciones oficiales y bienes privados”, aseguró la Fiscalía.
Además de gestionar recursos para dichos grupos, la mujer fue compañera sentimental de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, considerado como el cabecilla político e integrante del Estado Mayor del Frente de Guerra Occidental del ELN, quien murió en una operación militar en octubre de 2020.
Tras las pruebas presentadas por el ente acusador, Camila Botero aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y falsedad material en documento público. Todo ello tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.
“La condena emitida por un juez especializado de Quibdó, Chocó, negó cualquier beneficio a la sentenciada, fijó una multa equivalente a 1.416 salarios mínimos legales mensuales vigentes y estableció que la pena se debe hacer efectiva en centro carcelario”, concluyó la Fiscalía.
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.
