A los nombres de John Jairo Velásquez (alias “Popeye”, exjefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria) y Alberto Santofimio Botero, exsenador de la República, se sumó el de Miguel Alfredo Maza Márquez, como culpables de la muerte del político liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrida el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.
Por decisión unánime de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el general (r) Maza Márquez, entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue declarado coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas. Por eso se le condenó a una pena de prisión de 30 años.
Desde hace tres años, Maza Márquez está detenido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).
Además del asesinato de Galán ―exministro de Educación, exsenador y aspirante a la Presidencia de la República en 1989― los hechos del proceso adelantado contra Márquez también incluyen los homicidios del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como las lesiones recibidas por el escolta Pedro Nel Angulo Bonilla.
En un breve comunicado, publicado en la página de internet, se afirmó que “la Corte Suprema de Justicia determinó que el entonces director del DAS hizo parte del plan para asesinar al connotado dirigente político, debilitando su seguridad, para lo cual nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza. Tarea a la que se comprometió previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos, y a quien, a su vez, el denominado Cartel de Medellín le había encargado la ejecución del magnicidio”.
El expresidente César Gaviria Trujillo -quien tomó las banderas de Luis Carlos Galán, luego del asesinato de este último- le dijo ayer a EL COLOMBIANO que con la condena de Miguel Alfredo Maza Márquez “se ha hecho justicia”.
En su opinión, “es muy bueno que haya sido la Corte Suprema de Justicia la que haya emitido un fallo a este respecto. Hace algunos meses hice un trabajo, bastante exhaustivo, para mirar todos los testimonios que se han recogido sobre todo de exoficiales de la Policía, y es muy claro que el general Maza contribuyó y fue una persona determinante en la muerte de Luis Carlos Galán, porque le puso forzadamente como jefe de seguridad a un delincuente, a una persona absolutamente impropia e inadecuada para ser jefe de seguridad, contra su voluntad y contra la de su familia”.
En ese análisis del que habla Gaviria, el exsecretario General de la OEA se refirió a la “monstruosa maquinaria criminal que se organizó para asesinar a Luis Carlos Galán”. Y, al mirar los descubrimientos que afloran en las investigaciones, se declaró sorprendido “al ver cómo los organismos de seguridad e inteligencia fueron infiltrados al más alto nivel y puestos al servicio de los dos carteles (el de Cali y Medellín), los cuales, a pesar de vivir en guerra, tenían objetivos comunes y colaboraban para su alcance”.
El asombro de Gaviria remite a un capítulo que tiene pendiente la Justicia.
El 12 de febrero de 2016 la Fiscalía General de la Nación pidió una sentencia condenatoria contra Luis Felipe Montilla Barbosa, excomandante de la Policía del municipio de Soacha, Cundinamarca, y Manuel Antonio González Henríquez, quien en 1989 era jefe de Orden Público del DAS.
El ente acusador afirmó que existen pruebas que comprometen a ambos con los delitos de homicidio agravado con fines terroristas, en concurso con tentativa de homicidio.
La Fiscalía sostuvo que el capitán Montilla Barbosa se prestó para que en el sitio al que iba a llegar Luis Carlos Galán Sarmiento grupos de narcotráfico y paramilitares pudieran atentar contra la vida del político. Además, se habría prestado para que fuera poca la vigilancia de la Policía e incorrecto el acompañamiento al candidato presidencial.
El criterio de la Fiscalía es que Montilla Barbosa mintió, cuando dijo que se habían desplegado todos los operativos de seguridad, con por lo menos 40 hombres. De 80 uniformados que tenía ese comando policial, apenas unos 10 estaban prestando el servicio de seguridad.
Agregó la Fiscalía que de 24 puntos que se requerían para la seguridad de Galán Sarmiento, ninguno de ellos cumplía a cabalidad. Inclusive, a un grupo de escoltas que iban a acompañar al político se les impidió que hicieran su labor.
Para el ente acusador, “de ninguna manera el Comandante de la Policía de Soacha podía cumplir con sus tareas, ya que el procesado estaba al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el Mejicano”, quien le pagaba para que colaborara en su accionar criminal”.
En cuanto a Manuel Antonio González Henríquez, la Fiscalía lo señaló como el responsable de haber cambiado, un mes antes del crimen, al jefe de escoltas de Galán. Esa responsabilidad se le entregó a Jacobo Antonio Torregrosa, exteniente de la Policía que, “con la complicidad de González Henríquez, cambió a algunos de los escoltas, con el fin de facilitar el accionar de los sicarios de Rodríguez Gacha, los cuales perpetraron el homicidio”.
Estos hallazgos de la Fiscalía le dan todavía más sentido a lo expresado por César Gaviria Trujillo en el análisis antes indicado: “es preocupante que estos organismos, en vez de protegernos, fueran la principal amenaza para quienes protagonizamos la vida pública y logramos sobrevivir. Más aún, que hayan sido determinantes en la realización de los magnicidios y, sin duda, en el de Luis Carlos Galán”.
