Hoy, con la ausencia de tres expresidentes, se reunirá la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Será clave para una postura del Gobierno.
Justo a días de que se cumpla un mes de las cuestionadas elecciones en Venezuela, EL COLOMBIANO conoció que el Gobierno de Colombia –que junto a Brasil y México lideran esfuerzos internacionales para hacerle frente a la crisis política–, estaría afinando detalles y clarificando conceptos para sentar al fin una postura sobre lo ocurrido en el vecino país.
La disyuntiva salta a la vista: reconocer formalmente el triunfo de Nicolás Maduro –lo que podría generarle dificultades al Ejecutivo con aliados como Estados Unidos y una veintena de países que dudan de la transparencia del proceso–, o apartarse de los resultados, desconocer el régimen y abrir un nuevo capítulo de conflicto y disputa con Maduro, uno de los aliados irrestrictos del presidente Gustavo Petro en la región.
Hasta ahora, el Gobierno colombiano –en línea con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador–, ha insistido en que se divulguen las actas electorales de los comicios. Sin embargo, este diario pudo conocer que esta semana al fin se tomaría una determinación tajante frente a lo ocurrido el pasado 28 de julio.
Al parecer, según fuentes de primer nivel consultadas por este diario, uno de los temores del Gobierno Petro es que al admitir el triunfo de Edmundo González –quien es apoyado por la líder opositora María Corina Machado–, Maduro arrecie, rompe relaciones y cierre la frontera.
Para tomar una decisión en uno u otro sentido será clave lo que ocurra este miércoles durante una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a la que están invitados –por ley– varios expresidentes.
Se trata del cuerpo consultivo del presidente que se encarga, entre otras, de estudiar asuntos de política internacional, negociaciones diplomáticas o seguridad exterior.
“Esta Comisión les sirve a los gobiernos para explicar sus posiciones y recoger apoyos por parte de expresidentes, así como por miembros del Congreso. En este caso es una sesión informativa y, como tal, el canciller Luis Gilberto Murillo seguramente dará a conocer sus posiciones”, explica a este diario la excanciller María Ángela Holguín.
No obstante, del encuentro se ausentarán tres protagonistas de primer orden: los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, César Gaviria e Iván Duque. Mientras que Uribe manifestó que tuvo la oportunidad de expresarle en privado a Murillo sus consideraciones sobre la crisis en Venezuela, Pastrana reclamó que este Gobierno “prefirió el apoyo a las tiranías y al terrorismo”, así como la amistad “de las pocas dictaduras que quedan en América”.
En el mismo sentido se pronunció el expresidente Iván Duque, quien señaló que no comparte “la posición ambivalente y cómplice del gobierno Petro con la dictadura de Venezuela”.
Quienes sí confirmaron su asistencia fueron los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. De acuerdo con el canciller Murillo, “vamos a tocar temas de la coyuntura en Venezuela y lo que implica para Colombia”.
Para la excanciller Holguín, es un hecho que los expresidentes “hace varios años que no van a la Comisión y esta es informativa, que generalmente es menos relevante”. Según la exministra, Uribe y Pastrana no van desde que Santos era presidente, mientras que Duque nunca convocó, es decir, “tampoco le importa”.
Otro de los temas que estarán sobre la mesa durante la sesión de este miércoles es si el Gobierno accede a legalizar a 500.000 venezolanos que permanecen en Colombia en condición de ilegalidad.
La postura de algunos expresidentes es que sí haya vía libre para esa legalización, siempre y cuando no tengan derecho al voto en el país.
Nicaragua, otro tema espinoso
Otro de los temas que el Gobierno de Gustavo Petro pondría sobre la mesa en medio de la reunión de la Comisión sería si suscribe o no un tratado con Nicaragua para modificar los límites marinos buscando adaptarse a la sentencia que en 2012 implicó que Colombia perdiera cerca del 43 % de su territorio marítimo en el Mar Caribe. Varios exmandatarios habrían expresado su negativa a esa alternativa, insistiendo en que la determinación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sería ilegal. En su lugar, se habría propuesto un tratado de modificación para que se autorice la pesca de lado y lado con miras a beneficiar a los pobladores.
