España quiere la reconquista. Y todo en el contexto de una batalla en varios frentes que emprendió una de las principales empresas públicas de ese país y que toca intereses colombianos en Barranquilla.
Se trata de Canal Isabel II, domiciliada en Madrid, que emprendió una dura lucha jurídica, diplomática y mediática en Colombia –y ante tribunales extranjeros– para recuperar la parte accionaria que perdió por un proceso de corrupción en la que se vio salpicada a través de Triple A.
Esa firma es la encargada, según sus propios estatutos, de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado en Barranquilla y en otros 14 municipios del Atlántico, pero desde octubre 2018 se le aplicó un proceso de extinción de dominio por las millonarios irregularidades que se registraron con un contrato de “asistencia técnica” que se cobró, pero que nunca existió.
Ese fraudulento proceso contractual, como lo calificó la Fiscalía, se produjo a través de Inassa, filial latinoamericana de Canal Isabel II, que le cobró 68 millones de dólares a Triple A por el inexistente contrato. Eso desembocó en que, a finales de 2021, se le enajenaran definitivamente a los españoles el 82,16 por ciento de las acciones que tenían en la empresa de servicios públicos de Barranquilla.
Medios como W Radio y El País, de España, contaron hace un par de semanas que los españoles comenzaron una cruzada para reconquistar ese paquete accionario. Según se informó, no solo exploran la posibilidad de una demanda ante el Banco Mundial para intentar tumbar la decisión de la Fiscalía colombiana –respaldada en su momento por la administración de Iván Duque–, sino que quieren tender puentes diplomáticos con el actual gobierno para buscar una especie de salida amistosa.
EL COLOMBIANO se dio a la tarea de escudriñar qué hay detrás de los movimientos de los españoles y encontró que lo que quieren es llevar a Colombia a un proceso de “arbitraje de inversión” ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, del Banco Mundial.
Y, según fuentes enteradas de las argucias jurídicas que se tejen para ese expediente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el Ministerio de Comercio y la misma Casa de Nariño fueron notificados oficialmente de la intención de desatar ese pleito internacional. Pero, paralelamente, se han enviado emisarios a Colombia para buscar otros canales.
De hecho, está documentado que entre el 23 y el 26 de abril de este 2022 estuvo en territorio colombiano Pascual Fernández Martínez, consejero Delegado de Canal Isabel II. El diario madrileño El País dijo que el objetivo de su viaje fue buscar empresas de lobby para ambientar el proceso de recuperación de Triple A.
Gastos en Bogotá
En ese contexto, este diario accedió a un reporte de “gastos protocolarios” de Fernández, el cual –por cuenta de la ley española– debe cargar en el portal de transparencia de Madrid, y allí encontró que para las fechas en las que viajó a Bogotá informó sobre gastos de 6.011 euros por “locomoción”, 572,18 euros más por “alojamiento” y otros 124,16 euros por “manutención”. Eso se traduce en que en su fugaz paso por la capital colombiana tuvo gastos por 6.710,34 euros, unos 29 millones de pesos colombianos.
Pero hay más. En efecto, en los reportes en poder de EL COLOMBIANO figura un gasto adicional de 118 euros –unos 530.000 pesos– por una “comida con grupo de trabajo delegación Inassa”, la cual se realizó el 24 de abril. Si bien el contenido de la cita es de carácter privado, no se descarta que uno de los temas abordados haya sido, precisamente, cómo reconquistar lo perdido en Barranquilla.
Y aquí entra a jugar otro asunto clave. La prensa española reportó que Canal Isabel II abrió un proceso para buscar una empresa de lobby que le ayude a ambientar su cruzada en Colombia y ante los tribunales internacionales. El objeto del contrato, de acuerdo con los reportes de prensa, es “elaborar una estrategia de defensa de los intereses corporativos y recuperación de la inversión que esta empresa tiene en Colombia”.
EL COLOMBIANO consultó el tema con fuentes en España, las cuales redirigieron a sus reporteros hacia el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Allí se halló el proceso contractual, que tiene un “valor estimado sin IVA” de 1’183.680 euros, lo que se traduce en que la intención de los españoles es invertir unos 5.267 millones de pesos para su campaña de lobby en Colombia.
Además, y aunque aún no se ha definido la firma que se quedará con ese jugoso contrato, este diario confirmó que –según un acta del 21 de julio pasado– son tres las empresas en disputa por ganárselo. Se trata de las españolas Kreab Iberia, Servicios Integrados Lasker y Llorente y Cuenca; esta última ya tiene presencia permanente en Colombia. En todo caso, todavía falta saber el resultado final del proceso.
Expectativa en Barranquilla
Mientras esto avanza en España y, de paso, en Colombia se adelantan los preparativos de defensa para el “arbitraje de inversión”, en Barranquilla aseguran que no están notificados de ninguna acción oficialmente emprendida sobre Triple A.
Voceros autorizados de la Alcaldía de esa ciudad le hicieron saber a este diario que la adquisición de las acciones que ahora pelean los españoles fue hecha a través de una entidad descentralizada de orden distrital, que realizó el proceso con la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De hecho, en un mensaje tácito en torno a que no quieren perder lo hasta ahora realizado, indicaron que “la adquisición del paquete accionario a través de una sociedad que es propiedad del Distrito le permitirá tener fuentes de recursos adicionales, vía utilidades y regalías, para invertir en los proyectos del Plan de Desarrollo”.
Además, dejaron claro que no han tenido contacto alguno con emisarios de Canal Isabel II, Inassa o del gobierno español, pero que están en “condición de colaboración permanente” por tratarse de un negocio de impacto.
“No se ha considerado a la fecha vender o ceder las acciones objeto del contrato de compraventa. El futuro de esa participación dependerá únicamente de la necesidad que represente para el Distrito (Barranquilla) o para su descentralizada”, precisaron.
Por ahora, mientras avanza esta batalla a tres bandas que emprendieron los españoles sobre la ahora firma colombiana, se desconoce la postura que tiene el gobierno de Gustavo Petro. La expectativa jurídica, política y diplomática es amplia.
