La instalación de minas antipersonal es una de las acciones que tiene la actual disputa por el territorio librada por el Clan del Golfo y Eln en la zona rural de Bojayá. Pobladores de los diferentes corregimientos la sufren y su llamado de ayuda llegó directamente al presidente Iván Duque, quien ordenó un desminado en la zona.
Desde el 14 de enero el Ejército movilizó 90 soldados a poblados de Pogue, Piedra Candela, Lomas de Bojayá y Corazón de Jesús, para ubicar los artefactos explosivos.
Ese método de desminado asistido es, según el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, una prueba piloto que por primera vez se hace en el país, diferente al humanitario y al desminado militar.
“Este es guiado por la comunidad, con información suministrada por ella. El desminado humanitario se realiza en zonas donde ya no hay presencia de grupos armados ilegales o de algún otro factor de riesgo, y el militar es hecho por patrullas del Ejército o Armada cuando avanzan por el territorio y se encuentran un artefacto explosivo”, explicó.
En tres meses de búsqueda de minas en la zona rural de Bojayá, los militares han revisado 250.907 metros cuadrados en Pogue y Piedra Candela. En el territorio no se ha ubicado el primer explosivo.
Lo anterior demuestra la dificultad de ubicar un explosivo en un terreno que aún tiene presencia de grupos ilegales, cuyos integrantes siguen instalando artefactos.
“De los 90 hombres, 30 se encargan de la seguridad; los otros 60 buscan centímetro a centímetro la mina. Es un trabajo de mucha dificultad. A esto se suma que alrededor se debe continuar con las operaciones militares contra los ilegales”, señaló Ramírez.
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