La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso punto final a una demanda interpuesta por 54 excongresistas –algunos de ellos ya fallecidos–, este martes 11 de julio de 2023, tras un largo proceso jurídico. Con este proceso legal, los demandantes estaban buscando conservar el beneficio de las “mega pensiones”, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, la C-258 de 2013, que terminó por cambiarles las reglas del juego.
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Con la C-258 se empezó a regular el régimen de las pensiones a congresistas en el país, además de magistrados de altas cortes y algunos funcionarios públicos, señalando que una vez termine su periodo legislativo, y estos accedan a su “mega pensión” estas contarán con unos topes específicos no mayores a los 25 salarios mínimos legales vigentes, ya que antes del 2013, hubo quienes recibieron hasta 40 salarios mínimos.
La decisión fue informada a través de la Agencia Jurídica del Estado, quien confirmó que la CIDH habría notificado, a través de un comunicado fechado el 26 de junio de 2023, que la solicitud que realizaron estos excongresistas era inadmisible, por lo que con su decisión el alto tribunal internacional, estaría respaldando a la Corte Constitucional colombiana, al señalar que a los exfuncionarios públicos, no se les habría violado derecho alguno.
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¿Cuáles fueron los argumentos de los excongresistas?
Los demandantes presentaron sus acciones a varias estancias colombianas y estas habían sido negadas. Por lo que decidieron acudir a la Comisión Interamericana con el argumento de que el Estado colombiano les estaba violando su derecho a la propiedad privada y a la seguridad social.
Los excongresistas esperaban que este fuera declarado como responsable de su supuesta violación de derechos humanos, después de haberles reducido el monto de sus pensiones, pero finalmente no sucedió de esa manera. La Corte encontró que estas pensiones de régimen especial a las que tenían acceso magistrados y congresistas en Colombia, y que les permitieron recibir hasta 2010 unos 11,7 y 20,1 billones de pesos, eran inadmisibles.
¿Cómo funcionaban las “mega pensiones” en Colombia?
Fueron reconocidas bajo un régimen especial que después fue declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia. Decisión que llevó a que en el país se diera un reajuste de las pensiones de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2005, con el que se empezaron a establecer los topes máximos, despertando malestar entre excongresistas que ya se habían acostumbrado a recibir hasta 40 salarios mínimos mes a mes.
Además, el Estado argumentó en su defensa ante la CIDH que la reducción de las pensiones de los demandantes se realizó porque era necesario mantener la estabilidad financiera del Estado, y que precisamente el régimen de seguridad social se base en el principio de equidad, y sostenibilidad de la institucionalidad.
