La Corte Constitucional puso fin a un debate jurídico de casi un año sobre quién tiene la competencia para investigar al presidente de la República por presuntas irregularidades ocurridas durante su campaña electoral. En un fallo reciente, el alto tribunal concluyó que esa función corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y no al Consejo Nacional Electoral (CNE), como lo había sostenido previamente el Consejo de Estado.
El debate giraba en torno a si el CNE podía adelantar investigaciones administrativas contra el jefe de Estado por hechos de campaña. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado había emitido un concepto en el que respaldaba esa competencia, siempre que, en caso de encontrar méritos, el CNE remitiera el expediente a la Cámara. Con base en esa interpretación, el Consejo de Estado, en agosto de 2024, avaló que el CNE continuara con el proceso.
Sin embargo, la Corte Constitucional, al estudiar de fondo una tutela presentada por el presidente Gustavo Petro, revirtió esa interpretación. En su sentencia, el tribunal estableció que el presidente solo puede ser investigado por la Comisión de Acusación, incluso en casos de carácter administrativo.
La reacción del presidente Petro fue breve. En su cuenta de X escribió: “Bien por la Corte Constitucional”.
Aunque el fallo de la Corte se enmarca en su función de máximo intérprete de la Constitución, la discrepancia frente a lo decidido por el Consejo de Estado ha sido interpretada por algunos sectores como un choque entre altas cortes.
Algunos expertos sostienen que la revocatoria directa de un fallo del Consejo de Estado y la corrección de su interpretación configuran un claro ejemplo de colisión institucional.
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“Es inevitable que siempre que se revoque una decisión de una alta corte por otra alta corte, en este caso de la Corte Constitucional frente a una decisión que había adoptado el Consejo de Estado, se hable precisamente de choque de trenes. Y ello es así porque supone un antagonismo en la visión jurídica y, desde luego, también a la hora de sentar jurisprudencia”, analizó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Herrera también planteó un debate adicional sobre el mecanismo de decisión, al advertir que la sentencia fue adoptada por una mayoría estrecha de 5 a 4. En su opinión, esto plantea la necesidad de evaluar si fallos de este tipo deberían requerir mayorías calificadas para evitar inestabilidad jurídica en asuntos tan sensibles.
Por su parte, el abogado constitucionalista Germán Calderón España celebró el fallo de la Corte. Aseguró que el concepto del Consejo de Estado había interpretado de forma equivocada el marco jurídico vigente para favorecer al Consejo Nacional Electoral (CNE) en su aspiración de mantener competencia para investigar al presidente de la República, algo que, en su lectura, contradecía el ordenamiento legal colombiano.
Calderón España lanzó una crítica al sistema, advirtiendo que decisiones como la del Consejo de Estado distorsionan la lógica del derecho y generan inseguridad jurídica. En este contexto, celebra que la Corte haya intervenido para restablecer lo que considera una interpretación correcta del marco normativo. Su lectura es que este episodio es un claro ejemplo de un “choque de trenes” entre altas cortes.
El debate sigue abierto. Aunque no hay un enfrentamiento formal entre cortes, el contraste entre las decisiones y la manera en que se resolvió el caso ha alimentado la percepción de un nuevo episodio de tensión en el sistema judicial colombiano.
