El ente de control revisa posibles omisiones en la licitación, compromisos de vigencias futuras, falta de disponibilidad presupuestal y vicios en la junta directiva. En paralelo, el Gobierno firmó un nuevo contrato por $161.290 millones con Thomas Greg.
En medio de la investigación que adelanta la Procuraduría contra la canciller encargada Rosa Villavicencio por presuntas irregularidades en la firma del convenio para la fabricación de los pasaportes, este jueves el ente de control anunció que vinculó a seis funcionarios más en el proceso.
El caso está relacionado con presuntas faltas disciplinarias en las que habrían incurrido funcionarios por cuenta del convenio firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes.
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Según la Procuraduría, su Sala Disciplinaria de Instrucción revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, pues en el nuevo modelo “la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación y realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar los adicionales que puedan surgir en el desarrollo del bilateral, al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual”.
En esa línea, el Ministerio Público aseguró que determinará si se omitió la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, teniendo en cuenta que el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio.
Por otro lado, se investigará el supuesto compromiso que se hizo de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno Nacional actual, “en la medida que generan un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los ciudadanos colombianos en el exterior”.
Por último, la Procuraduría investigará también la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza.
De la Imprenta Nacional de Colombia fueron vinculados a la investigación el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora; y sus miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio, y Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.
En paralelo, este miércoles se firmó el nuevo contrato del Estado con Thomas Greg and Sons (TGS) para la creación y entrega de pasaportes hasta abril de 2026. Según el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo contrato es de $161.290 millones y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026.
El objeto del convenio es “suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, según se lee en los documentos cargados en la plataforma Secop II.
De acuerdo con la Cancillería, el acuerdo se celebrará por la figura de contratación directa bajo urgencia manifiesta con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, liderada por Thomas Greg. Esta figura se aplicó con el argumento de que la empresa acredita la capacidad logística, técnica y financiera para continuar con el servicio sin interrupciones.
La duración del convenio será de ocho meses, periodo en el que la unión temporal se hará cargo de la producción, distribución y custodia de los documentos de viaje.
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