La autoridad electoral emitió una resolución en la que, por solicitud de la defensa de Ricardo Roa, ordena escuchar a más testigos y conocer detalles de facturación alrededor de las cuentas.
En el marco de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes de financiación, este lunes se conoció que esa autoridad electoral ordenó recaudar y practicar pruebas que conducirían a avanzar en el proceso.
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Además del llamado a declarar de varios testigos, la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) tendrá que detallar los vuelos que se hicieron en el avión de matrícula HK5328. Se trata de la aeronave que empleó la campaña para hacer sus desplazamientos en época electoral durante 2022.
“(Remitir información de) los vuelos de la aeronave HK5328 realizados durante el periodo de campaña de primera vuelta presidencial, con el objeto de evidenciar si hay alguno que no tenga relación con esta (...) y se informe si se realizaron desplazamientos de mantenimiento de la aeronave, de ubicación u otros servicios que prestó la empresa, con el equipo HK 5328”, se lee en el auto fechado este 10 de marzo y divulgado por el diario El Tiempo.
No puede pasar por alto que Sadi fue la empresa en la que participó un narcopiloto que está colaborando con las agencias de Estados Unidos, por el hallazgo de más de 400 kilogramos de cocaína en una avioneta en Providencia en 2021.
Por otro lado, el CNE avanza en las pesquisas alrededor de la presunta donación de $600 millones que habría realizado la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y otra aparente donación por $500 millones realizada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Por ello, el próximo 20 de marzo será escuchado Ralph Alirio Castillo, supuesto encargado de las donaciones por parte de Fecode y la USO, así como Henry Jara Jara, representante legal de la Unión Sindical, y Dagoberto Quiroga, quien en su momento fue representante legal de Colombia Humana y que deberá rendir testimonio el 1 de abril.
El CNE también pidió escuchar a la actual senadora del Pacto Histórico Aida Avella, presidente de la Unión Patriótica (UP), Andrés Álvarez, gerente de la campaña en Bogotá, y Martha Bolívar, quien hizo parte de la veeduría de los votos del Pacto Histórico.
Además, se le pidió a Caracol Televisión copias de las facturas y pormenores de los servicios que prestó a la campaña, teniendo en cuenta que la campaña pago por publicidad electoral alrededor de $367 millones; sin embargo, ese pago no fue reportado a las cuentas de la campaña, pero en el expediente sí se encuentra el documento con la factura de Caracol que efectivamente emitió los segundos del comercial de la campaña en su programación.
Este tipo de pruebas y testimonios fueron solicitadas por Ricardo Roa Barragán, quien fue el gerente general de la campaña y hoy preside Ecopetrol. Precisamente, el dirigente rendirá versión libre el próximo 7 de abril.
La investigación señala que las presuntas irregularidades de la campaña Petro Presidente fueron por $3.700 millones para la primera vuelta presidencial y de $1.600 millones para la segunda vuelta.
Entre las irregularidades que se mantienen se encuentra la omisión de reportar hasta $500 millones de aportes de Fecode a la campaña. Sin embargo, desde el Pacto Histórico insisten que se trató de una donación a la Colombia Humana.
Tampoco fueron reportados $202 millones que recibió la empresa Ingenial Media, dirigida por Xavier Vendrell, para la operación de testigos electorales. También se menciona el no reporte de más de $1.200 millones por vuelos privados pagados a la Sociedad Aérea de Ibagué.
Para la segunda vuelta se habrían cometido cinco irregularidades por $1.600 millones. Por ahora la investigación del CNE solo impartiría sanciones económicas como multas y devolución de dineros públicos, es decir, se queda en el campo administrativo.
Los cargos administrativos cobijarían al presidente Gustavo Petro, a su entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y a los auditores de la contienda, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
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