“Carrizal es una vereda abandonada por el Estado”, dicen los pobladores de uno de los 23 lugares seleccionados por el Gobierno y las Farc para ser zona veredal transitoria de normalización; ni siquiera aparece en el mapa oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y está ubicada en la zona de reserva denominada Altos de Manila.
Lea aquí la primera entrega de esta serie: Santa Lucía, vereda que no quiere ser flor de un día
Allí, en el Nordeste antioqueño, en los límites entre Antioquia y el Sur de Bolívar, en el municipio de Remedios, dejarán las armas los guerrilleros que harán su tránsito de la violencia a la vida civil una vez se firme el Acuerdo Final.
No hay energía eléctrica, ni acueducto, ni alcantarillado y la vía que en cuatro horas conduce desde Segovia hasta Carrizal fue construida por los mismos habitantes. Para ello implementaron unos peajes en los que cobran, según el vehículo que transite, y un impuesto a la minería: “le hemos explicado a la gente que estos recursos sí se ven, no como los impuestos que se le pagan al Estado”, dice Jhon Jairo Yotagri, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal.
Sin embargo, gracias a la carretera les llega la gasolina para poner a funcionar las plantas de energía, las pipetas de gas y abarrotes de todo tipo. Si no fuera por esa vía, habilitada hace un año, todavía los separarían siete horas de recorrido a lomo de mula desde Segovia o Remedios. Esta vereda se la “pelean” estos dos municipios, pero ninguno ha hecho esfuerzos por mejorarles la calidad de vida a sus habitantes.
De acuerdo con el relato de Yotagri, muchas veces han empezado las gestiones para que EPM les lleve energía eléctrica. Iniciaron en Remedios la formalización de las propiedades demostrando la sana posesión, e incluso, cambiaron los techos de plástico por tejas de zinc, pero la energía no ha llegado.
Los habitantes dicen ser campesinos pero la verdad es que ya casi todos son mineros, la sed del oro los ha hecho abandonar la tierra poco a poco, aunque la ganancia del oro no se vea reflejada en desarrollo.
Lucía del Socorro Carvajal, alcaldesa de Remedios, insiste en que el mineral solo le ha llevado miseria y guerra a su municipio.
En esta vereda hay seis minas de beta que ocupan el 90 % de la mano de obra, y todas las quebradas, a excepción de La Cristalina, están siendo contaminadas en busca de oro, lo que llaman minería a cielo abierto. Las retroexcavadoras se ven por todo el camino y la excavación deja grandes lagunas de agua podrida.
En Carrizal viven 486 habitantes y poco a poco van llegando personas de diversas regiones de Colombia a enterrarse en las minas: “aquí usted encuentra gente de todas partes: de la Costa, del Tolima, de Cundinamarca, de Pasto, mejor dicho de todo el país”, anota Yotagri.
El calor es intenso, el polvo que se levanta de la carretera y de las canchas, construidas para dar diversión durante los fines de semana, ahoga; claro que ellos cuentan que “cuando dice a llover, llueve” y la carretera se vuelve intransitable: “uno tiene que esperar a que salga el sol y seque la tierra porque los carros patinan y se puede uno hasta matar”, dice Isacio Mosquera, quien lleva un año como profesor en la escuela rural que alberga a 84 niños de primaria, los demás menores, casi 30, que están en bachillerato tuvieron que irse lejos de sus familias para alcanzar el sueño de ser bachilleres.
La historia de violencia
“Se podría decir que la mayoría de los habitantes somos víctimas del conflicto armado por cualquier hecho victimizante”, explica Carolina González Quintero, secretaria de Gobierno de Remedios.
Y esos tipos de violencia están justificados, continúa González, en que la economía principal del municipio es el oro, además de tener comunicación directa con el sur de Bolívar, lo que los convierte en un eje estratégico para el tránsito de grupos al margen de la ley que buscan su financiamiento.
“Todos los grupos armados, a lo largo de estos 50 años de conflicto, han pasado por nuestro municipio y han cometido hechos atroces con violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, anota la secretaria de Gobierno, quien recuerda que en Remedios fue creado el cuarto frente de las Farc, en la vereda Puerto Nuevo Ité, en 1964. Esa vereda limita con el municipio de Yondó y está muy cerca del departamento de Bolívar. En esa época ellos tenían la hegemonía completa del territorio, y entre 1985 y 1997 contaban con cerca de 300 personas que se movilizaban desde Amalfi y atravesaban por Remedios hasta Vegachí o tomaban hacia el norte pasando por Carrizal. Hoy la presencia la hace directamente el Bloque Magdalena Medio.
“Hemos estado todo el tiempo en medio del fuego entre la guerrilla y el Ejército, en cualquier momento nos toca escondernos de las ráfagas y los bombardeos”, cuenta Pedro Uribe, habitante de Carrizal, quien agrega que los niños muchas veces escuchaban un trueno y salían corriendo a esconderse debajo de la cama.
Así mismo, el profesor Mosquera reclama que no se haya sacado a los niños de la guerra, “ellos están muy familiarizados con el conflicto y aunque no se dan cuenta los afecta”.
Y es que según Uribe, los campesinos de Carrizal han sido estigmatizados como guerrilleros, porque por su vereda pasan hombres de esas fuerzas a diario, pero asegura que no lo son.
En ese mismo sentido, un miembro de la Iglesia Católica , que tiene constante relación con ellos, y quien pide mantenerse en el anonimato, afirma que “la población es campesinado puro, son trabajadores que han luchado, han hecho sus parcelas, que han colocado sus esfuerzos para mejorar el sistema de la ganadería, hay un sector grande que se ha dedicado a la minería. Yo puedo dar fe de que no son guerrilleros”.
Expectativas por el desarme
La alcaldesa recuerda que su municipio fue sede de la desmovilización de 1.922 hombres del Bloque Central Bolívar de las Auc. “De eso no nos quedaron sino los que no se desmovilizaron y siguieron delinquiendo”, lamenta.
Sin embargo, confía en que esta experiencia puede ser diferente: “en ese entonces no hubo las conversaciones suficientes como para pensar qué hacer con la gente que se queda, este proceso es completamente diferente, yo tengo esperanzas de que el resultado sea muy distinto”.
Que la dejación de las armas tenga lugar en Carrizal lo entiende muy bien la alcaldesa Carvajal: “es una zona que de cierta manera le da seguridad a las Farc, está dentro de la zona de reserva, que no es visitada por todo el mundo porque, además, ha tenido restricción por parte de los grupos armados al margen de la ley que han operado allí durante muchos años”. Incluso manifiesta que su Administración ha tenido dificultades para realizar el censo catastral porque es un sitio vedado hasta para los funcionarios públicos.
Los pobladores, por su parte, ven en esta una oportunidad. Uribe indica que lo primero que quieren en su comunidad es tranquilidad: “que nos respeten la vida, que nos dejen vivir dignamente, que esta deje de ser una zona roja y que dejen de llamarnos guerrilleros”; agrega que es un orgullo que Carrizal haya sido escogida, pero que deben cuidarlos, “que no nos dejen en peligro con los paramilitares”.
A ellos les temen. Los pobladores recuerdan los años de amenaza paramilitar, el terrorismo económico al que fueron sometidos: “no nos dejaban comprar sino un mercado de 70.000 pesos al mes, ¿qué se puede comprar con eso?, lo hacían para que no tuviéramos con qué ‘ayudarle’ a la guerrilla y nos estábamos era muriendo de hambre”, recuerda Yotagri.
Seguido piden servicios públicos, porque ven como una oportunidad que los ojos del mundo estén puestos en su vereda: “nosotros nos merecemos estar electrificados y que haya acueducto, que podamos ser una vereda normal”, exige el dirigente de la Junta.
Además solicitan ampliar la escuela, “que haya otro salón para atender a los niños de bachillerato y que nos pongan un profesor, y otro baño”, reclama el docente.
“Esto tiene que servirnos para generar desarrollo social, que haya inversión de recursos, de proyectos para nuestro municipio y nuestros pobladores. Esperamos que nos traten como nos lo merecemos, como unas personas que queremos el desarrollo y que tenemos que recibir el reconocimiento y el apoyo tanto nacional como internacional”, concluye la secretaria de Gobierno.
