Por caso Canal Isabel II, procurador pide cooperación internacional

Servicio interrumpido de agua en Cartagena. Foto: Colprensa

En cuestión de semanas, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, se reunirá con funcionarios de la Audiencia Nacional de España para obtener información sobre Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de Madrid, España. Esta compañía, además de tener a cargo la gestión del agua en la capital española, cuenta con el 81% de las acciones de Inassa, entidad con sede en Barranquilla que tiene a cargo la operación del servicio de agua en 15 municipios de la costa Caribe.

Canal Isabel II está en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción. El lunes pasado, el juez español Eloy Velasco envió a prisión al gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, por supuesto desvío de fondos, falsificación de documentos y prevaricato. Ante las consecuencias que podría tener este escándalo internacional, el procurador espera recopilar la información suficiente para dar apertura a nuevas investigaciones: “Yo pienso solicitar unas entrevistas con los jueces de la audiencia nacional. Estamos solicitando una audiencia con el juez Eloy Velasco, con el juez José de la Mata y esperamos obtener cooperación judicial”.

De las investigaciones se desprenderían resultados que afectarían directamente a los siguientes municipios: Barranquilla, Polonuevo, Tubará, Sabanagrande, Soledad, Sabanalarga, Piojó, Ponedera, Puerto Colombia, Usiacurí, Baranoa, Santo Tomás, Juan de la Costa, Galapa y Riohacha. En este último municipio, la operación del servicio se encuentra a cargo de la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado –ASAA-, la que también hace parte del Grupo Inassa.

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Las consecuencias no paran ahí. La empresa española vendería sus acciones, lo que implicaría su retiro del Grupo Inassa, como casa matriz de Triple A, principal operador de los servicios de acueducto y alcantarillado de Barranquilla. En el Gobierno esperan que el proceso de venta no afecte el servicio de agua potable y la prestación del servicio en general. Vale la pena señalar que el Canal de Isabel II procedió, en julio de 2016, a cerrar 10 empresas que tenía en Latinoamérica. La razón: poca actividad o porque la misma no era “razonable y compatible” con la gestión del agua.

En Triple A, la composición accionaria está distribuida así: Inassa (82.16%), el Distrito de Barranquilla (14.5%) y otros (3.34%.); por su parte, en Metroagua, la composición accionaria es: Inassa (35%), el Distrito de Santa Marta (28%) y Termotécnicas y Eléctricas de Medellín (33%).

En medio del escándalo, Canal de Isabel II ha tratado de mantener el funcionamiento. A través de un comunicado señalaron que entregarían “la máxima colaboración” en el procedimiento judicial contra los supuestos responsables de actos de corrupción. Entretanto, la compañía anunció el refuerzo de la organización de la empresas a nivel internacional, sosteniendo la gestión y las inversiones actuales.