La defensa del jefe de Estado busca que los procesos pasen de la autoridad electoral a la Comisión de Acusación de la Cámara, donde Petro goza de mayorías legislativas. Petición escalaría hasta la Corte Constitucional.
Justo cuando estallan más coletazos de presunta corrupción en su Gobierno –con implicaciones en sus altos funcionarios y el propio Congreso–, este viernes la defensa del presidente Gustavo Petro sorprendió con una estratégica y conveniente petición: que las investigaciones por presunta violación de topes de campaña pasen del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. No es una jugada cualquiera.
A través de una carta dirigida al representante Alirio Uribe –quien hace parte del Pacto Histórico y es nada menos que el investigador coordinador del triunvirato designado para indagar los casos–, el abogado Mauricio Pava formalizó la solicitud.
Según la petición, teniendo en cuenta que –según la Constitución–, solo la Comisión de Acusación es competente para investigar a los jefes de Estado, los procesos contra Petro no deben seguir reposando en los despachos de los magistrados del CNE, autoridad encargada de vigilar y ejercer control de la actividad electoral.
“Solicito a la honorable Comisión que requiera al CNE para que archive las actuaciones en curso por falta de competencia o, en su defecto, remita inmediatamente todos los procesos en curso en contra del presidente y se abstenga de tomar cualquier determinación que pueda limitar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos o suponer una afectación a sus derechos de cualquier otra naturaleza, ya que esta competencia es exclusiva del Congreso”, argumentó Pava.
Incluso, anticipándose a una decisión adversa, el abogado del presidente solicitó que, en caso de que el CNE reclame competencia en los procesos y haya un eventual conflicto entre jurisdicciones, el expediente deberá llegar hasta la Corte Constitucional, lo que retrasaría aún más la investigación.
Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO al interior del CNE explicaron que están a la espera de lo que responda la Comisión de Acusación y aseguraron que no ven viable que prospere semejante solicitud. Sin embargo, ratificaron que “la capacidad investigativa para el caso de violación de topes y gastos de campaña está otorgada taxativamente por la ley al CNE (...) Así se investigó a (Juan Manuel) Santos, (Óscar Iván) Zuluaga e (Iván) Duque”.
Si bien tanto el CNE como la Comisión de Acusación son entes de marcado origen político, en el órgano legislativo Petro cuenta con más chances de salir avante. El primer asunto que juega a favor del primer mandatario es la conformación de la comisión que determina si archiva o sigue adelante con los procesos.
Ese triunvirato está conformado, además de Wilmer Carrillo (Partido de la U), por dos alfiles del Gobierno: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta. El primero es un petrista de antaño, mientras que la segunda llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras.
En caso de que, eventualmente, ese triunvirato dé vía libre a las investigaciones y el caso escale hasta la Comisión, Petro también tendría las de ganar. Ese organismo está conformado por 18 representantes, de los cuales ocho son de la coalición de Gobierno, siete independientes y tres de oposición.
Si bien entre los que se cuentan como miembros de la coalición figura la representante crítica Katerine Miranda (Alianza Verde) y los tres congresistas del Partido Liberal, el Ejecutivo ha demostrado que en la cámara baja puede sumar sin tanta dificultad apoyos y los liberales son decisivos.
Además, el momento elegido por la defensa del Jefe de Estado para hacer su solicitud es estratégico. Se prevé que a mediados de mayo, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radiquen formalmente el pliego de cargos contra la campaña por las presuntas irregularidades. Uno de los grandes implicados sería el hoy presidente de Ecopetrol y otrora gerente de campaña, Ricardo Roa.
Actualmente, en la Comisión de Acusación de la Cámara reposan al menos siete denuncias contra el presidente Petro, entre ellas, el supuesto ingreso de recursos ilícitos –en hechos que salpican a Nicolás Petro Burgos por parte del Hombre Marlboro, y del cuestionado empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca–, así como por violación de los topes por cuenta de los audios del exembajador Armando Benedetti en los que habló del aparente ingreso de $15.000 millones no reportados a la campaña en la Costa Atlántica.
De hecho, hace menos de 15 días fueron llamados a declarar dos figuras claves de ese proceso electoral: el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, y el megacontratista Euclides Torres.
A estos casos se suman procesos por la supuesta financiación de Daily Cop, los aparentes respaldos que ventiló el jefe de las disidencias, alias ‘Iván Mordisco’, o los apoyos y vínculos del narcotraficante Juan Carlos López Macías (conocido como el “Sobrino”).
Todos estos casos están en manos de la Comisión de Acusación y la línea no deja de ser delgada frente a lo que investiga el CNE. Justamente, la semana pasada la propia autoridad electoral le solicitó a la Fiscalía parte del expediente por el escándalo de las criptomonedas de Daily Cop, que se habría zanjado con la compra de un avión por $3.000 millones para la campaña a la Sociedad Aérea de Ibagué.
