El 29 de mayo de 2015 y el 10 de julio de 2016 fueron fechas clave para el municipio de Briceño. En esos días, respectivamente, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc daban inicio a los planes piloto de desminado humanitario y sustitución de cultivos de uso ilícito. Las esperanzas de todo un país respecto al funcionamiento y resultados del proceso de paz con esa guerrilla, estaban puestas en esa montañosa población del norte de Antioquia.
Durante el anuncio de proyectos de exploración de la sustitución, desde la Habana, Cuba, tanto el gobierno como las Farc anunciaron: “esto puede ser el principio del fin del tema de los cultivos ilícitos en Colombia y el desarrollo de la economía campesina en el marco de la actividad legal”, dijo el representante del Gobierno Eduardo Díaz, mientras que el ahora disidente Iván Márquez, quien para 2016 era el jefe de la mesa de negociación de Farc, dijo que “Briceño con su ejemplo, provocará la motivación del país rural”.
Pero han pasado cinco años de esos anuncios para un municipio que fue escenario de guerra y después pasó a ser llamado “el laboratorio de la paz”, y parece que todo se hubiera derrumbado.
EL COLOMBIANO constató que actualmente en Briceño volvió la preocupación por la reinstalación de minas antipersonal en diferentes veredas, incluida Orejón, donde se hizo el plan piloto de desminado, además, las promesas de cambio en economías del campo hizo que los labriegos que cultivaban la hoja de coca arrancaran el 99% de las matas -para 2016 habían 750 hectáreas cultivadas según Naciones Unidas-, pero hoy, muchos aún no inician con los proyectos productivos que les ayudarán con su sustento.
Además, volvieron a sentir el terror impuesto por el fusil con normas que afectan a la población civil, como cuando la guerra estaba en todo su furor.
Realidad con las minas
El plan piloto de desminado se hizo en la vereda Orejón. Su ejecución, en la que participaron soldados del Ejército, excombatientes de las Farc y organizaciones internacionales, tuvo una duración de 20 meses y el 21 de diciembre de 2016 se entregaron, de manera oficial, 19.849 metros cuadrados de terreno libre de sospecha de artefactos explosivos (se destruyeron 46) que fueron instalados por guerrilleros del frente 36 de las Farc durante el conflicto armado cuando ese grupo ostentaba las armas.
Esas actividades de limpieza de explosivos se expandieron en al menos 20 veredas del municipio, sin embargo, en esa zona de Antioquia se dio también el inicio de las disidencias del frente 36 de las Farc (ver paréntesis), y en medio de su expansión y actos delictivos, tal como lo confirma la Séptima División del Ejército, volvieron a instalar minas antipersonal en los caminos veredales que ya habían sido despejados.
“Los grupos armados organizados donde delinquen colocan artefactos explosivos improvisados como una forma de evitar que el Ejército les llegue, pero también como una forma de atentar contra la población civil: les cierran los caminos a nuestros campesinos, les cierran el pastoreo y las actividades agrícolas”, dijo el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, cuando una mina antipersonal mató al soldado profesional Danis Yoel Peralta Coronado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, muy cerca de Orejón, hace un año exactamente.
A esto se le suma lo denunciado por La Organización de Estados Americanos, OEA, en su más reciente informe, publicado el pasado 18 de mayo, sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia:
“En el municipio de Briceño, Antioquia, se presenta persistencia en el uso de minas antipersonal (MAP) e instalación de trampas explosivas en vías terciarias donde suelen movilizarse tropas del Ejército Nacional, poniendo en riesgo a personas de la comunidad, incluyendo a menores de edad que a diario transitan estas vías para asistir a sus actividades. Se identifica con mayor afectación las vías de acceso al sector de la vereda El Orejón de este municipio, siendo un caso que reviste especial preocupación por haber sido parte del plan piloto de desminado humanitario acordado en La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC-EP; zona que, en el 2016, fue declarada libre de sospecha de MAP”.
Alberto Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Orejón, confirma la situación. “Acá hay muchas partes que siguen con sospecha de minas”, dice.
Alberto da como ejemplo un camino de herradura en el que las personas de la vereda transitan para ir a otros sitios como Berlín Viejo o Buenavista, “pero la recomendación que nos dieron es que no nos metamos por ahí y si alguien lo hace es prohibido salirse un poco del camino. Acá nos hicimos famosos por un desminado que costó mucho y que quedó bien, pero solo para un pequeño pedazo de tierra”.
Según los registros de Descontamina Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde 1990 al 30 de abril de 2020, el municipio de Briceño registra un total de 57 víctimas por minas antipersonal, entre civiles y militares: 46 de ellas quedaron heridas y 11 perdieron la vida.
“Para el caso específico del municipio de Briceño, Antioquia, aún no ha finalizado la operación en el total del municipio razón por la cual aún no ha sido Declarado Libre de Sospecha de Minas”, afirmaron desde la Oficina del Alto Comisionado a este diario.
Sustitución agridulce
John García, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Palmichal, hace parte de las 99.097 familias a nivel nacional que acordaron con el Gobierno realizar la sustitución de cultivos. Cerca de su vivienda tenía dos hectáreas sembradas con la mata de coca. “Eran unos 40 mil palos que arranqué una vez firmé el acuerdo con el Gobierno nacional”, recuerda.
Eso ocurrió a finales de 2016, expresa John, quien afirma que el compromiso era que una vez había una firma de por medio, el campesinado tenía que arrancar sus matas antes de 60 días y el Ejecutivo iniciaba un desembolso de dos millones de pesos mensuales por seis meses.
“11 veredas, que hacían parte del plan piloto, estaban totalmente comprometidas. Igual pasó después con el resto del municipio. El Gobierno cumplió con esa primera parte, también con el de 1.8 millones de la seguridad alimentaria, sin embargo todo paró ahí” asegura el líder comunal.
En palabras de los campesinos, el pago que seguía era de nueve millones de pesos para la consolidación de los proyectos productivos escogidos por ellos para reactivar sus economías de manera legal. “Ese pago en teoría debió llegar a finales de 2017, pero nada de nada, aún. Yo tenía la idea de sembrar maracuyá con mi hermano, eso está frenado. Eso sí, una suerte diferente han tenido quienes se decidieron con el café, ellos sí han tenido más avances” dice John.
Por su parte, Ever Patiño, líder comunal de la vereda La Meseta, asevera que el incumplimiento de los últimos pagos ha tenido un efecto negativo en su vereda y por esa razón asegura que 14 familias abandonaron la zona.
“Se han tenido que marchar para otros municipios por falta de economía a causa del inclumplimiento. Lo que estaba proyectado para un año ya va en dos y nada que llega”, explica Ever.
Desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, afirman que el municipio de Briceño tiene un total de 2.717 familias inscritas en el Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos, de las cuales 2.088 están activas en el programa, 289 están en proceso de ingreso, 104 fueron retiradas y 236 están suspendidas. Añaden desde esa oficina que del total de familias inscritas, 2.235 ya cuentan con al menos un pago, mientras que 170 “están proyectadas” para realizarles la contribución.
La inversión para este municipio por parte del Gobierno supera los 35 mil millones de pesos repartidos de la siguiente manera: 26 mil 288 millones para la asistencia alimentaria inmediata, 2 mil 411 millones en atención inmediata a recolectores, 2 mil 750 millones para la asistencia técnica integral y 3 mil 686 millones en proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria.
Respecto a las familias que se encuentran suspendidas, se indicó que se está adelantando un plan de choque para activar a los beneficiarios que cumplan con los requisitos y compromisos.
1.534
de las 2.717 familias inscritas en el plan de sustitución de coca son cultivadores.
