La camioneta en la que se movilizaba Sigifredo Márquez Trujillo –padre de la vicepresidente Francia Márquez– recibió cuatro disparos mientras transitaba entre zonas rurales de Cauca y Valle. La crisis de seguridad en el suroccidente del país, esta vez, tocó a la familia de la mujer más poderosa de Colombia y develó las dificultades del Estado para hacerle frente al control territorial que ejercen los grupos armados ilegales en esa zona.
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Pasado el mediodía de este domingo 16 de junio, día del Padre, el señor Sigifredo Márquez le dijo a sus hijas que quería ir a dar una vuelta a Cali. Empacó un par de cosas y convidó a su nieto de seis años.
El padre de la vicepresidente se subió a la camioneta blindada –que le asignó la Unidad Nacional de Protección una vez Márquez resultó electa– y le pidió a sus dos escoltas el favor de llevarlo hasta la capital de Valle.
De acuerdo con Google Maps, el trayecto desde Yolombó –la vereda de Suárez (Cauca) donde la familia de la vicepresidente ha vivido siempre– hasta Cali es de 72 kilómetros y se recorre en un aproximado de dos horas y cinco minutos.
Sin embargo, un habitante de ese municipio le narró a esta redacción que el trayecto puede reducirse a la mitad, siempre y cuando, se tome la vía Timba-Poterito, dos corregimientos del municipio de Jamundí que conectan a los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Esa fue la ruta que escogió el esquema de seguridad del señor Márquez Trujillo.
“Cuando el Ejército no patrulla, esa zona es casi que de control total de las disidencias. Arman retenes y hasta supervisan el tráfico vehicular. Los motociclistas deben ir sin casco y los carros con las ventanillas abajo”, relató el poblador de la zona, que prefirió guardar su nombre.
Mientras la camioneta transitaba entre los corregimientos de Timba y Robles (ver infografía) se encontraron con un retén de hombres del Frente Jaime Martínez de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC (EMC).
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Los ilegales hicieron la señal de pare. Los escoltas, por el contrario, hundieron el acelerador a fondo para escapar del lugar. Se escucharon cuatro detonaciones. Eran las 3:00 de la tarde.
Mientras uno de los escoltas conducía, el otro se comunicó con la Fuerza Pública para dar aviso del atentado y de que su protegido era el padre de la vicepresidenta.
“En esta zona rural delinque la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central. Todas las hipótesis indican que fueron los autores de este hecho. Hay dos bandidos: alias Ostin y Jhona Brainer, que están delinquiendo específicamente en este sector y hacia ellos están dirigidos nuestras capacidades investigativas y operativas”, señaló el Brigadier General Jorge Urquijo, comandante de la Región Cuatro de la Policía.
La noticia del atentado corrió rápido por el Cauca y llegó hasta la casa de Sigifredo en la vereda Yolombó. Otro escolta de la familia vicepresidencial condujo por la misma vía para tratar de socorrer al protegido y a sus compañeros de la UNP. Pero fue detenido en otro retén y se vio obligado a regresar.
La camioneta baleada alcanzó a llegar hasta la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito y sus ocupantes fueron socorridos por miembros del Ejército y la Policía.
¿Por qué las disidencias son fuertes en Jamundí?
“Entre 2019 y 2022 hubo una muy baja confrontación en esa zona específica por iniciativa de la propia Fuerza Pública. Ocurre que hoy el Ejército tiene la orden de confrontar y estos grupos empezaron a responder. Lo que la gente ve ahora es a un grupo ilegal que crece en control territorial, pero su crecimiento ha venido incrementando desde su fundación en 2017”, explicó Laura Bonilla, Subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación en diálogo con EL COLOMBIANO.
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Cuando el presidente Gustavo Petro asumió el poder, invitó a los ilegales del EMC a subirse al bus de la política de la “Paz Total” y los convocó a una negociación. La comunidad gozo del silencio de los fusiles entre octubre de 2023 y marzo de 2024.
Pero el conflicto se volvió a reactivar por cuenta del asesinato de Carmelina Yule, una liderasa indígena, a manos de los disidentes el pasado 17 de marzo. El crimen derivó en la ruptura del cese al fuego en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.
Jamundí, particularmente, es una zona estratégica que ha sido controlada por los hombres del Frente Jaime Martínez del EMC. Su presencia en ese lugar garantiza el paso hacia el Naya, la autopista desde donde el narcotráfico pasa la cocaína que envía al exterior por el océano Pacífico y, además, logra supervisar los cultivos de uso ilícito (coca y marihuana) que hay en el norte del Cauca.
Desde la ruptura del cese al fuego, la orden del presidente es de una “confrontación total” y los disidentes han acudido a los atentados terroristas como mecanismo de respuesta.
El miércoles 12 de junio, por ejemplo, el Jaime Martínez hizo detonar una moto bomba en la zona bancaria de Jamundí cuando apenas comenzaba la mañana. El atentado dejó tres heridos, dos policías y a un hombre que cuidaba las motocicletas. Al tiempo, lanzaron un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, la misma guarnición oficial en la que el papá de Márquez buscó refugio este domingo.
El niño, Márquez Trujillo y los dos escoltas, resultaron ilesos. La camioneta, evidencian las fotografías, fue impactada por las balas en su parte trasera y en la ventanilla derecha del asiento del pasajero.
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“Afortunadamente, salieron ilesos del ataque y se encuentran bien. Manifiesto mi preocupación por la seguridad en el Cauca, Valle del Cauca, en el municipio de Suárez y el corregimiento de La Toma, así como por la seguridad de mi comunidad y mi familia”, manifestó la vicepresidente Francia Márquez en sus redes sociales.
Las autoridades iniciaron la recolección de pruebas –como retratos hablados y testimonios– para tratar de dar con el paradero de los responsables de este atentado.
“Solicito a la Fiscalía abrir las investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos. Al Ministerio de Defensa, tomar las medidas necesarias para fortalecer la presencia de las Fuerzas Militares y de Policía, que contribuyan a garantizar la seguridad en el Cauca y Valle del Cauca”, puntualizó Márquez.
La también ministra de la Igualdad invitó a los colombianos a sumar esfuerzos para la construcción de la paz y rechazó que los grupos armados recurran a este tipo de atentados para atemorizar a las comunidades.
Los ataques contra el pueblo de Francia Márquez
El municipio de Suárez ha sufrido una seguidilla de crisis humanitarias por cuenta de las acciones criminales que ejercen los disidentes del Estado Mayor.
El 12 de junio los ilegales del EMC lanzaron desde la montaña tatucos y distintos explosivos en un intento por hostigar a la Fuerza Pública. Uno de los artefactos detonó en un lote colindante al hospital municipal y dejó tres personas heridas, entre ellas un bebé de dos meses.
El pasado 28 de mayo un grupo de niños estudiaban en la Institución Educativa Técnica Agrícola de Suárez cuando se registró un intento de toma a la estación de Policía. La profesora del curso, una vez escuchó las detonaciones, le pidió a los alumnos refugiarse bajo el pupitre. La escena se hizo viral.
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El 20 de mayo un grupo de 350 personas se confinó en una iglesia cristiana del corregimiento de La Toma (en Suárez) por temor a quedar en medio de la confrontación bélica. Esa crisis humanitaria se extendió por una semana hasta que la comunidad pudo regresar cuando la Fuerza Pública señaló que la zona era segura y estaba libre de residuos de explosivos.
El atentado contra la familia vicepresidencial generó reacciones de la comunidad internacional y hasta de opositores del Gobierno.
“Es un momento para reflexionar sobre el tiempo que están viviendo poblaciones civiles en territorios bajo control o amenazas de grupos armados diversos que violan los Derechos Humanos y que le faltan al respecto a la población civil. Es el momento de reflexionar sobre la necesidad de que el Estado en su conjunto, autoridades civiles y militares, trabajen conjuntamente para recuperar la gobernabilidad y soberanía territorial para proteger los Derechos Humanos”, manifestó Juliette De Rivero, alta comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El expresidente Álvaro Uribe, líder natural de la bancada opositora del Centro Democrático, también rechazó el accionar de los ilegales.
“Causa, rechazo, profundo dolor y preocupación de patria que atenten contra el papá y la familia de la señora vicepresidente de la República”, escribió Uribe Vélez en sus redes sociales.
Los 42 mandatarios del Valle del Cauca se reunieron este domingo y, antes de que ocurriera el atentado, firmaron un acta en la que pidieron ayuda al Gobierno Nacional para solucionar la crisis de seguridad que enfrenta el departamento y el suroccidentes del país.
“Necesitamos de manera contundente respuestas, acciones inmediatas, necesitamos que el nivel nacional nos acompañe en la intervención integral que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, lo hemos hecho mediante oficios, de manera presencial, de todas las formas, ya van dos ocasiones en las que hemos pedido ese apoyo”, había dicho la alcaldesa de Jamundí, Paola Andrea Castillo.
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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, rogó al presidente para que instale el Batallón de Infantería No. 8 en las montañas de Jamundí, aseguró que, junto a inteligencia, son acciones que pueden contrarrestar a los criminales.
¿Qué viene ahora?
El Ministerio de Defensa activó una estrategia que denominó las “caravanas de la seguridad”, un mecanismo similar al que se usó en la década de los 90 para hacerle frente a las “pescas milagrosas” y que, ahora, busca evitar atentados terroristas con el acompañamiento en las vías de 100 policías y 100 soldados de las Fuerzas Especiales.
El Gobierno, que este 20 de junio reanuda el quinto ciclo de conversaciones con la facción del EMC que permanece en la mesa y que representa a unos 2.500 guerrilleros que operan en el Catatumbo, deberá evaluar si continúa.
“Es importante contener en este momento al EMC y que no siga creciendo y, al tiempo, empezar a hacer estrategias combinadas para su desmonte como grupo armado. Este es un grupo altamente peligroso por las zonas donde operan”, analizó Bonilla de Pares.
La experta aseguró que el Estado deberá evaluar su capacidad para contener varios focos de violencia al mismo tiempo, en caso de que se levante de la mesa de diálogos con la facción que resta del EMC.
“Algo que el Gobierno no tomó en consideración es que estos grupos operan en las mismas zonas donde hay presencia de otros dos o tres actores armados y esto complica las iniciativas de paz porque si se logra desmontar un grupo, otro puede tomar el control de los territorios”, añadió Bonilla.
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Finalmente, el señor Sigifredo Márquez, su nieto de seis años y los dos escoltas lograron ser evacuados de la subestación de Jamundí en un helicóptero hasta Cali.
Al cierre de esta edición, el general Helder Giraldo, comandante de de las Fuerzas Militares, aseguró que los aparentes responsables de este atentado ya fueron identificados.
100
millones de pesos en recompensa ofrece la Policía por el paradero de los responsables
42
alcaldes del Valle firmaron un acta en la que piden garantías de seguridad al Gobierno Nacional
