Es inusual que un presidente reconozca en público el fracaso de uno de sus programas bandera: “Hay que comenzar a hablar del fracaso de la política de Jóvenes en Paz. Habíamos planteado 100.000 jóvenes. 432 es nada. La intención de esa política es competir con las mafias en la atracción de los jóvenes, para que no ingresen en actividades ilícitas”.
Así lo hizo Gustavo Petro a principios de este mes en uno de los consejos de ministros televisados; el mandatario explicó que esa política “proponía pagarle a los jóvenes por estudiar (...) La magnitud de este programa hoy es pírrica, porque la derecha lo atacó”, concluyó. En el diagnóstico expuesto por Petro se identifica que ni él mismo conoce para quién y cómo, por lo menos en el papel, está diseñado Jóvenes en Paz. En lo único que acierta es en el fracaso, según los testimonios, denuncias y documentos obtenidos por EL COLOMBIANO.
En la opinión pública quedó el imaginario que ese programa liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad “le paga a los jóvenes 1 millón de pesos por no matar” y no es así, realmente. Una minoría de los beneficiarios del subsidio son postulados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz a partir de los diálogos que adelanta el Gobierno con grupos ilegales; se revisan antecedentes penales y cada caso, en teoría, es objeto de estudio. Pero el objetivo general del programa era beneficiar a jóvenes en condición de vulnerabilidad bajo criterios establecidos a partir de información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), por ejemplo estar en pobreza o pobreza extrema, víctima de explotación sexual o en riesgo de estarlo o habitar en zonas rurales, entre otras condiciones.
A la fecha, según el propio MinIgualdad, van 28.886 jóvenes vinculados en 73 municipios del país, es decir poco más del 28% de la meta de 100.000 beneficiarios. Pero otros datos indican que realmente son poco más de 19.000 los jóvenes vinculados, un porcentaje aún más lejano del objetivo fijado en febrero del año pasado cuando se lanzó oficialmente el programa (ver gráfico). No hay consenso en el propio Gobierno sobre las cifras.
La baja cobertura y el hecho de que el Gobierno ya esté pensando en otro programa como reemplazo —“gestores de convivencia”, según dijo hace algunas semanas el ministro Armando Benedetti— son apenas un par de dificultades. Lo que hay de fondo, según conoció e investigó este diario, son retrasos en pagos hasta por ocho meses, denuncias de preinscritos “desaparecidos”, huelga de los beneficiarios, caos administrativo y hasta posibles fines electorales de cara al 2026.
Retraso en pagos y tutelas
Luego de una preinscripción, los jóvenes beneficiarios tienen que cumplir con una serie de actividades de formación más allá de recibir el subsidio mensual durante un año. Pero la constante, según los testimonios recopilados, es incertidumbre y descontento por el retraso de meses en los pagos y el manejo del programa a cargo del DNP y el MinIgualdad.
Así lo narra Ana Mosquera, una joven de la comuna 8 de Medellín, que junto a otros afectados tuvieron que poner derechos de petición y tutelas por los problemas padecidos: “Nos encontramos inconformes, perjudicados, descontentos, desmotivados, en desacuerdo, frustrados, aburridos y tristes por la manera que se ha venido desarrollando el programa en cuestiones administrativas, que se ha evidenciado en el no cumplimiento en las fechas de las transferencias monetarias condicionadas y en su lugar hemos visto un retroceso permanente”, dice uno de los documentos en poder de este diario.
Según el cruce de información de bases de datos, hay jóvenes a los que no les han pagado el subsidio desde octubre del año pasado. “El error más grave que ha cometido el programa es la desinformación. Cada entidad maneja datos diferentes y quedamos nosotros perjudicados”, dice Ana con molestia. “No se sabe qué va a pasar con los jóvenes que terminamos la segunda frase (...) hay conflictos de todo tipo”, agrega mostrando la tutela que tuvo que interponer.
Ese caso se replica en otras regiones del país como Chocó, Cauca, Valledupar, Norte de Santander y Bogotá. “Me dijeron que estaba inscrito en otro subsidio y que por eso no me llegaba la transferencia, pero es mentira (...) yo no sé por qué siguen haciendo convocatorias y no solucionan con quienes ya estamos”, dice Carlos, joven bachiller en Bogotá.
También, desde Valledupar, un grupo de jóvenes publicaron un comunicado hace pocos días titulado “Jóvenes en Paz Sí, pero no Así” en el que le exigen al presidente Petro “no contradecir la apuesta política” de su Gobierno: “Jóvenes en Paz no puede ser reducido a una política asistencialista, mucho menos puede ser ejecutado con la mediocridad que caracteriza la apropiación politiquera de la institucionalidad”, señalan.
Una de las causas del retraso de los pagos es que el Gobierno lanzó el programa con una plataforma que no tuvo “pruebas de estrés” para soportar el uso cotidiano del sistema: “Esto es un despelote. Antes intentábamos subir la información a la plataforma Kobo y era terrible. Ahora estamos con Sisjopaz, el nuevo software, a ver si ayuda en algo”, asegura bajo reserva una trabajadora del programa.
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“Lo que viene es peor”
Precisamente, los trabajadores del programa también se han visto afectados por el caos administrativo. Actualmente la UT que maneja el programa es Unión Temporal Territorio y Paz, en coordinación con el viceministerio de Juventudes de Igualdad. Antes lo operaba el PNUD de Naciones Unidas.
Resulta que ha sido tanta la inconformidad por la forma en que se maneja Jóvenes en Paz que profesionales del programa crearon un sindicato, “Sindipaz”, para exigir el cumplimiento de los deberes que el Gobierno adquirió con ellos. “Aún es incierto cómo continuará la operación del programa (...) Tras el desconocimiento por parte del Ministerio de Igualdad hacia nuestro rol como trabajadores y trabajadoras del ministerio, se nos confirma que más de 2.000 trabajadores del Gobierno quedaremos desempleados a partir del 1 de junio. ¡Una situación inaceptable!”, dice uno de los comunicados del sindicato.
Además, este diario conoció en primicia un documento de la UT Territorio y Paz, que está sin firma por temor a represalias, pero cuyos autores hablaron bajo reserva con EL COLOMBIANO, en el que enlistan 26 puntos denunciando una serie de presuntas irregularidades.
Una de las más graves indica que les habrían ordenado “no dejar firmar acuerdos a los jóvenes que ya estaban en ruta educativa. Esto es ilegal”, es decir no darle el subsidio a un joven que estudie, por ejemplo, en el Sena. También dicen que la dirección “nos ordenó llamarles la atención (al sindicato) por protestar” y que “le hemos ROGADO a la interventoría y a la dirección que desembolsen para pagarles a ustedes y después arreglar los entregables, pero no quieren (sic)”.
Según fuentes en la UT, los enlaces territoriales tuvieron dificultades “porque tenían que seguir órdenes contradictorias”. Aseguran que “las condiciones para proveedores cambiaron tanto que fue imposible contratar a actores sociales. La burocracia exigida hacía imposible contratar a quienes las coordinaciones territoriales mapeaban o peor, tardar eternidades en sus pagos”.
Por la dirección del programa, en poco más de un año, han pasado cuatro personas y dos viceministros, Gareth Sella —reconocido por ser uno de los líderes estudiantiles que perdió un ojo en medio del paro de 2021— y Pablo Zabala, actualmente a cargo. También ha habido dos ministros, la vicepresidenta Francia Márquez y Carlos Rosero.
Fuentes en esa cartera aseguran que en los pasillos se habla de reemplazar a la UT Unión y Paz —conformada por miembros de la comunidad religiosa claretiana, algunos cercanos a Márquez— por una eventual UT creada por miembros del movimiento político Proceso de Comunidades Negras (PCN), al que pertenece el ministro Rosero. El PCN, de hecho, no apoyó a Márquez en la candidatura presidencial de 2022.
Incluso, miembros de la UT aseguran que el Gobierno quiere utilizar el programa, así no funcione en la práctica, con fines políticos de cara al 2026. “(...) a un año de las elecciones, no quieren quedarse sin Jóvenes en Paz como fortín electorero, o es de ellos o no es de nadie”, dice el documento. “Con las bases de datos y los líderes en cada territorio tienen para mover la gente en las elecciones”, agrega una funcionaria.
¿Qué responde MinIgualdad?
EL COLOMBIANO buscó con insistencia una respuesta del Ministerio de Igualdad e incluso había acordado una entrevista con el viceministro Pablo Zabala, pero no obtuvimos respuesta para concretarla. Hace un par de semanas este diario publicó otra investigación en la que contó la “persecución” contra funcionarios de la línea de la vicepresidenta en esa cartera; según varias fuentes eso habría generado molesta en el despacho de Rosero.
Sin embargo, tanto el ministro como el viceministro Zabala han publicado comunicados reconociendo que han “identificado dificultades operativas y administrativas en la implementación del Programa Nacional Jóvenes en Paz, adelantado a través del Convenio 062 de 2024 con la Unión Temporal Territorio y Paz” e incluso anunciaron el pasado 15 de mayo que declararán la declaratoria de incumplimiento del convenio. “Esta determinación es producto de las alertas transmitidas por las y los jóvenes vinculados al programa, así como proveedores y trabajadores de este. Alertas ratificadas y ampliadas tras la revisión minuciosa de la interventoría, que confirmó la afectación en la implementación del programa por fallas e irregularidades en la operación atribuibles al cooperante”, dice el comunicado. En la UT señalan que el Ministerio los usa de chivo expiatorio para no reconocer su responsabilidad y que “queda en palabras la reforma laboral que tanto pregona el presidente Petro”.
El MinIgualdad le envió “un mensaje de tranquilidad” a los jóvenes del programa. Pero según varios testimonios de ellos, tras padecer los incumplimientos del Gobierno, sienten todo menos paz.
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