Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron este miércoles en primer debate el proyecto del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022, pero incluyó una polémica sorpresa: la suspensión de un artículo clave en la ley de garantías.
Esta novedad permitirá que se mueva la caja en los departamentos y municipios aún en tiempos electorales, lo que no estaba permitido antes, en aras de la transparencia electoral.
Se trata del artículo que suspende el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y que ahora levanta la prohibición de celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos seis meses antes de las elecciones.
Ese articulo había desencadenado una controversia este miércoles que el senador Iván Marulanda de la Alianza Verde describió como “un ‘tarrado’ de mermelada para reelegir políticos que tienen a Colombia arruinada y deshecha en la corrupción”.
Desde Nueva York, el presidente Duque aseguró que este cambio era necesario debido a la crisis que ha desatado la pandemia, lo que contrasta con sus declaraciones de 2015 cuando –siendo senador en ese entonces de oposición– criticó la posibilidad de abolir la ley de garantías.
“En Colombia ya no hay reelección presidencial y eso implica que tengamos una circunstancia distinta. Hay que mirarlo en otro contexto, pensando en los alcaldes y gobernadores que tomaron posesión en enero de 2020, y que les ha tocado enfrentar una pandemia que les ha truncado aspiraciones y programas”, aseguró Duque. Y agregó que también debe haber una vigilancia rigurosa de los organismos de control para evitar que se desvíen los recursos.
Además, se habían unido las federaciones de Departamentos y la de Municipios, junto a Asocapitales, para pedir que se levantaran estas restricciones contractuales para, más allá de estar en época electoral, poder atender la crisis que –según sus voceros– generó que otras 3 millones de personas regresaran a la pobreza.
Y desde el Congreso, entre otros, el senador conservador Efraín Cepeda afirmó que esta norma se debe derogar porque deja “seis meses sin ejecución presupuestal”. Dijo que hay cerca de $10 billones en regalías sin poder invertirse.
La discusión jurídica está en que la ley de garantías es una norma estatutaria, por lo que para derogarla se requiere una reforma de igual peso y no a través de una ley ordinaria, como lo es la de presupuesto. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, cuando demanden la norma, pero mientras allí se define se podrá aplicar.
¿Qué más se aprobó?
En este primer debate del proyecto de presupuesto también se aprobaron los artículos que incluían asignar recursos al Ministerio de Vivienda, para atender los costos que no sean recuperables en la puesta en marcha del sistema de extracción, adecuación y tratamiento de residuos sólidos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
También incluyó el artículo 92, que busca ampliar la cobertura del plan piloto de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros para beneficiar a los usuarios de comunidades indígenas y de usuarios de estratos 1 y 2.