Pese a tener una condena de 16 años de cárcel por abuso sexual contra una menor de edad, al sacerdote Arcángel Acosta Izquierdo lo veían por las calles de Miranda, Cauca, como si estuviera libre de todo pecado. El caso generó rencillas en ese municipio del norte del departamento, pues el cura se había ganado el afecto de unos cuantos feligreses que se rehusaban a creer el delito que ratificó esta semana un juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, y por el que debería estar tras las rejas.
La primera sentencia data del año pasado, cuando se le envió a la cárcel de ese municipio. Pero –según denuncias conocidas por EL COLOMBIANO– al cura Acosta se le veía en las calles, hablando con diferentes personas e incluso en fiestas de matrimonio, cuando debería permanecer en una cárcel de mayor seguridad, mientras se aclaraba la apelación que instauró su defensa.
El caso se remonta al 2018 en la parroquia de la Divina Misericordia, una iglesia que tiene cerca de cinco años de construida en el barrio Pinar del Río, en el norte de Miranda. La víctima, que para la fecha tenía 13 años de edad, hace parte de una familia con fuertes costumbres católicas, por lo que estaba vinculada con varias actividades del templo y participaba como acólita en las misas.
Pero la fe con la que profesaba su religión, se desvaneció de manera repentina y se sumó a cambios de comportamiento que preocuparon a su familia. Esas alertas terminaron destapando el delito por el que tomaron acciones legales y por el que han vivido en carne propia el adagio popular de “pueblo chiquito, infierno grande”, de quien se atreve a cuestionar a un portavoz de Dios en la tierra.
La denuncia hizo su trámite en la justicia y llevó a que el 22 de octubre del año 2020, el sacerdote Acosta fuera condenado por el Juez Primero Penal del Circuito de Puerto Tejada, Cauca, a 16 años de cárcel, sentencia apelada por su abogado. Sin embargo, mientras se aclaraba el curso jurídico, el cura fue enviado a la cárcel de Miranda y no a un centro penitenciario de mayor seguridad.
“Insistimos en que fuera trasladado a otra cárcel, porque en la que está no lo es, parece un hospedaje donde tenía privilegios, hace lo que se le da la gana, sale a la calle, hasta atiende a gente. Las cárceles municipales son para personas que han cometido delitos menores, no para alguien condenado por un delito tan grave”, explicó a EL COLOMBIANO el abogado Elmer Montaña, defensa de la víctima.
Presiones a la familia
Mientras se definía el proceso, la familia empezó a recibir mensajes y hasta supuestos intentos de sobornos. De hecho, en abril del 2019 se le envió a un fiscal de Miranda un documento con el testimonio de los acercamientos que un ciudadano realizó a la familia, para decirles que el sacerdote Acosta era requerido en la parte alta del municipio, “porque les había gustado como daba la misa”, con el objetivo de que se retractaran.
Esa misma persona se acercó en una segunda oportunidad, para decir que “se le había olvidado decir que le ofrecían 12 millones de pesos”.
Esos mensajes iban acompañados de corrillos y señalamientos. Por eso, la víctima tuvo que recibir acompañamiento con especialistas en salud mental por el impacto de lo vivido y la revictimización que ha padecido su familia durante este año que duró el proceso.
“Ninguna autoridad ha estado del lado de la víctima, sino que rodearon al sacerdote. Trataron de construir una imagen de una niña mentirosa que era utilizada para atacarlo”, relató la defensa, agregando que hasta el día de los hechos, ella estaba participando activamente de la Pastoral Social y otras actividades de la iglesia.
La Fiscalía demostró durante las audiencias que el sacerdote llamó al padre de la víctima para que llevara a la menor a la casa cural a una supuesta preparación para un concurso de infancia misionera. El cura llevó a la menor al segundo piso de la casa, escenario donde ocurrió el delito. También se reveló que el Acosta le había pedido lo mismo en otra ocasión y que la orientaba para no contar lo sucedido.
Por ende, esta semana se leyó la sentencia en segunda instancia que ratifica la condena y que revoca la petición de trasladar al cura a la cárcel del municipio de Puerto Tejada, quedando a disposición del Inpec para que disponga de su reclusión en un centro penitenciario.
Un caso similar se conoció ayer, cuando la Fiscalía General reveló que un juez 12 penal de Cali ordenó cárcel contra un sacerdote de 73 años por abuso sexual contra una menor de 13 años - la misma edad de la víctima de Miranda- , en hechos ocurridos entre agosto de 2016 y octubre del 2021.
Los abusos se cometieron en una iglesia del barrio Comuneros del Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali, donde la menor participaba como acólita, ya que sus familiares trabajaban en la parroquia.
Estos casos recuerdan la “vergüenza” que expresó el Papa Francisco hace tan solo un mes, cuando hizo referencia al informe de una Comisión Independiente de Francia con 330.000 casos de abuso sexual perpetrados por sacerdotes y laicos vinculados con la Iglesia católica.
Habla su defensa
El sacerdote Acosta no pierde la fe en este proceso. Su abogado defensor, Chrisstian Cabezas, le explicó a EL COLOMBIANO que interpuso un recurso de casación contra la sentencia, por lo que asegura que la condena no está en firme.
También indicó que el cura ha permanecido en la cárcel de Miranda desde el año pasado, y que las versiones de que está en la calle “son un relato” de la defensa de la víctima que no son ciertas .
12
millones de pesos ofrecían a las víctimas para que retiraran la denuncia contra el cura.
