La Fiscalía General de la Nación dio a conocer su primer informe sobre la llamada “Mermelada Tóxica”, donde explica cómo los recursos de los cupos indicativos se utilizan en las regiones para desviar dineros públicos que terminan en los bolsillos de los corruptos.
El ente acusador compulsó copias de la investigación a la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades cometidas por el senador Antonio José Correa, del partido Opción Ciudadana.
Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, “la denominada mermelada se vuelve “tóxica” cuando el miembro de una corporación pública beneficiario del cupo logra su direccionamiento a través de una alcaldía vinculada, por medio de la cual se obtiene que un contratista preseleccionado les asegure un porcentaje del contrato”.
En otras palabras, un congresista dirige el presupuesto para una alcaldía “amiga” y esta a su vez ya tiene un contratista que le asegura una tajada en el presupuesto.
“Uno de los alcaldes de los municipios investigados, de categoría 6 y con marcadas características de marginalidad, manifestó a la Fiscalía que en los proyectos de inversión de estos cupos solo la mitad se quedan en la región: ‘hay que pagarle un 12 % al congresista, y un 30 % adicional lo cobran los grupos armados irregulares de la región’”, sostiene el ente acusador en un comunicado.
El primer caso investigado es el suscrito entre el alcalde de El Peñón, en el sur del departamento de Bolívar, y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de fútbol 11 en el barrio La Concepción de ese municipio, al que solo es posible llegar en ferri por el río Magdalena.
“Según las pruebas recaudadas por los investigadores, el convenio fue priorizado en Coldeportes por tratarse de “un cupo de un Senador”. Las evidencias acopiadas indicarían que se trata del senador Antonio José Correa, actual segundo vicepresidente del Senado de la República. La investigación da cuenta de que el señor Arling Arias, alcalde municipal, sería un servidor público cercano al senador Correa, quien por conducto de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, se habría puesto en contacto con el mandatario local para lograr la firma del convenio por tres mil cuatrocientos noventa y un millón de pesos ($3.491’000.000), para la construcción del escenario deportivo. Los funcionarios habrían obtenido una “coima” de este convenio”, asegura el ente acusador.
El entramado de corrupción
Según la Fiscalía, la encargada de hacer los contactos fue la asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Correa, Mariela Margarita Trujillo Buelvas, quien buscó a un funcionario de Coldeportes para diseñar el proyecto.
Los planos de la cancha, además, fueron plagiados de otro municipio con necesidades distintas a las de El Peñón. El ente asegurador sostiene que el alcalde buscó al contratista que se comprometió a pagar una coima de 12 %. Sin embargo, cuando no se logró el proyecto por problemas en el diseño, “la contratista hizo un pago a funcionarios de Coldeportes para que ajustaran los diseños y lo viabilizaran técnicamente”. Sin embargo, los diseños jamás fueron ajustados.
Cuando entró en vigencia la Ley de Garantías, “un funcionario de Coldeportes viabilizó el proyecto a pesar de tener diseños arquitectónicos, hidráulicos, estructurales y eléctricos presuntamente falsos. Este funcionario también habría recibido dinero a cambio y, posteriormente, fue nombrado supervisor del contrato”.
De acuerdo con el ente acusador, los contratistas “pasaron por alto todas las reglas de la contratación pública, se obtuvo el radicado ante Coldeportes, con el fin de viabilizar el cupo indicativo del Senador. En mayo de 2018 se suscribió el contrato entre la alcaldía de El Peñón y el Consorcio El Peñón, conociendo los contratistas que el proyecto aún no contaba con los diseños requeridos. Las investigaciones permitieron determinar que el pago del 12 % para el congresista Correa se habría convenido en dos contados: 60 % de la “coima” al inicio de la gestión y el 40 % restante al momento de la firma del convenio”.
Las investigaciones dieron como resultado que el alcalde habría recibido al menos cincuenta millones de pesos y los funcionarios de Coldeportes habrían recibido diez millones de pesos ($10’000.000) por realizar los diseños del proyecto y cuatro millones ($4’000.000) por ajustarlos y viabilizarlos.
Además, la Fiscalía anunció la captura de el alcalde de El Peñón, Arling Arias García; la asesora del senador Correa, Mariela Margarita Trujillo Buelvas, y el funcionario de Coldeportes que supuestamente habría viabilizado el contrato, Gustavo Álvaro Velandia Segura.
Los delitos que se les imputan son interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, entre otros.
