El senador y precandidato presidencial Andrés Guerra reconoció el embargo de una quinta parte de su salario, ordenado por un juzgado debido a una deuda de 2010 que hoy asciende a $100 millones.
El senador Andrés Guerra –uno de los precandidatos que busca llegar a la Presidencia en 2026 con la bendición del Centro Democrático–, se refirió este lunes a la noticia del embargo parte de su sueldo como congresista por cuenta de una deuda que data de 2010.
El caso lo reveló el portal Vorágine, que evidencia que el aspirante tiene abierto un proceso ejecutivo por cerca de $100 millones. Por ello, un juzgado ordenó embargar y retener la quinta parte de su salario (hoy tasado en cerca de $52 millones) por incumplir un acuerdo de pago.
“Son temas nada fácil económicos, temas que se solucionan. Nada fácil me ha tocado en lo político, prácticamente con recursos propios todas las batallas”, explicó el congresista en diálogo con este diario.
Según la investigación periodística, el caso se remonta a 2010, cuando Guerra sirvió de codeudor en la firma de una letra de pago por $51 millones. Debido a que la deuda no se pagó, el congresista debió asumir la obligación.
En agosto de 2023 un juzgado de Sincelejo le ordenó a Guerra pagar la deuda; no obstante, el proceso se suspendió en marzo de 2024 luego de que se concretó un acuerdo de pago. Pese a ello, la denunciante reclamó que no se cumplió con lo acordado, por lo que se reactivó el proceso y otro juzgado ordenó embargar una parte del salario.
Se trata de “la quinta parte de la excedencia del salario mínimo legal mensual vigente que devengue el ejecutado”. Es decir, cerca de $10 millones, señala el fallo conocido por Vorágine.
Aunque la deuda inicial era de $52 millones, hoy –pasados 15 años– asciende a $100 millones por cuenta de los intereses, que deberá asumir en su integridad Guerra.
El abogado Mario Sandoval, quien ha defendido al congresista en varios procesos, reveló además que Guerra “tiene un embargo del salario, pero tengo entendido que es por un proceso ejecutivo que le iniciaron en Medellín. Un señor por un tema de propaganda, algunas impresiones de publicidad durante la campaña, le inició un proceso y en este momento hay un acuerdo de pago que se está cumpliendo”.
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