El mismo territorio que destapó el primer escándalo de falsos positivos es el protagonista de un nuevo choque de versiones entre la Comisión de la Verdad y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era el jefe de Estado entre 2002 y 2008, los años con más ejecuciones extrajudiciales según las cuentas de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Tras las declaraciones de tres militares en retiro y de las Madres de Soacha, que se han convertido en un referente para hablar de ese delito, el expresidente Uribe salió a defender su política de Seguridad Democrática y amenazó con acciones legales contra el comisionado Alejandro Valencia, quien dijo durante ese evento que las ejecuciones extrajudiciales “se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo”.
Dicha afirmación hace parte de un decálogo de ideas que leyó Valencia y que irán en el Informe Final de la Comisión de la Verdad que, a un mes de su publicación, ha generado polémicas sin siquiera conocerse su contenido.
Según Valencia, al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, “se incentivaron graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, a través de un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo gobierno, implementadas al interior de las fuerzas militares”.
Pese a que más adelante el comisionado enfatizó en que esas no eran normas escritas pero que sí parecieron haberse institucionalizado, el expresidente Uribe y su partido Centro Democrático continuaron defendiéndose. Según el también exsenador, “la única base de esas afirmaciones es el sesgo de la Comisión”.
Sobre esto último, es bien sabido que el uribismo no apoya a la Comisión ni a la JEP, entidades que surgieron del Acuerdo de Paz con las Farc.
Por su parte, la Jurisdicción Especial ha afirmado, sin responsabilizar al Gobierno de turno, que las prácticas de falsos positivos se dieron de manera “sistemática” y sin el debido seguimiento de las autoridades. Fruto de ello, se estima que ocurrieron un total de 6.402 en 31 de los 32 departamentos del país, aunque ambas entidades coinciden en que esa cifra podría escalar.
