A solo días de que se conozca si Álvaro Uribe Vélez será condenado o absuelto por presunta manipulación de testigos, este viernes el expresidente divulgó un documento de ocho páginas en el que hace una defensa de su inocencia e insiste en que detrás del caso hay motivaciones políticas alrededor de lo que ha denominado el ‘petro-santismo’, en referencia a una supuesta alianza electoral entre el hoy presidente Gustavo Petro y el exmandatario Juan Manuel Santos.
Si bien Uribe dice haber tenido “todo el respeto por la señora juez” que lleva el caso –Sandra Liliana Heredia–, así como el respeto con el que contradijo a la Fiscalía, asegura que ha sido víctima de interceptaciones ilegales y violatorias de las comunicaciones entre abogado y cliente.
“En la Corte Suprema hubo más de 20 mil interceptaciones ilegales a mi teléfono. Ordenaron interceptar el teléfono de un parlamentario diferente, pero pasaron mi número telefónico. Quien analizaba las escuchas informó que había un error, que escuchaba mi voz en actividad política. Le dijeron que siguiera. El error se convirtió en intención”, reclamó el exmandatario.
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Según Uribe, al final le terminaron dando validez a esas interceptaciones para judicializarlo; “no obstante que ninguna muestra que yo hubiera cometido un delito. Violaron las comunicaciones con mi abogado”.
Por otro lado, el expresidente reclamó que Gustavo Petro ha presionado a la justicia. “Ha negado haberse referido como presidente a este juicio contra mí. Sin embargo, se le conocen más de doce manifestaciones públicas sobre el tema. El presidente Petro ha presionado la justicia”.
Recién esta semana ambos dirigentes se enfrascaron en un enfrentamiento en redes sociales alrededor del caso. “(Es) un cobarde que ha venido perdiendo la capacidad de embolatar a los colombianos”, dijo el Uribe y agregó: “Estaré listo para repetirle en la cara, ojalá más cerca, lo que le dije en el Senado: Sicario Moral (sic)”.
El presidente Petro, previamente, había publicado este mensaje también en la red social X: “Sé que el expresidente Uribe Vélez quiere mis pronunciamientos sobre sus actuaciones y mis anteriores debates como congresista. Pero no lo puedo hacer ahora. Cuando decisiones judiciales, que debo respetar y no influir para nada, se van a tomar. Otro día más adelante, quizás haga un libro sobre mis debates. Por ahora guardo mi silencio. No se debe presionar a los jueces (sic)”.
En tercer lugar, en su texto, Uribe se refiere a denuncias presentadas por sus abogados contra el senador Iván Cepeda, a quien calificó de “comunista” y “cercano a la Farc”. Se trata de procesos que datan de 2012 y 2014, que “resolvió el magistrado (José Luis) Barceló de la Corte Suprema en la víspera electoral de 2018, en favor de Cepeda y acusándome de soborno de testigos y de engaño a la justicia”.
En esa línea, el expresidente reclamó que en 2018 la Corte terminó abriéndole el proceso que hoy lo tiene en los estrados. “Todo a partir de una denuncia del senador Cepeda, cuyo abogado presentaba lo que le escribía el recluso (Juan Guillermo) Monsalve, testigo principal, a Cepeda, pero siempre ocultaron lo que Cepeda le respondía a Monsalve, beneficiario de apoyos de Cepeda”.
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El expresidente alegó que se trató de un proceso “oculto, expedito sin antecedentes, conocido por Cepeda y su entorno, y filtrado a algunos periodistas sesgados. Sin embargo, su existencia la negaron a mis abogados. El magistrado Barceló de la Corte Suprema decía a algunos periodistas que estaban prontos a llevarme a la cárcel. Lo lograron, pero después de elecciones”.
Por otro lado, Uribe llamó la atención por una actuación que, dijo, “afecta la tradición de seriedad de la Corte de Colombia”. De acuerdo con el exmandatario, en su momento el magistrado Barceló llamó a algunas personas que intervenían en un programa radial, “ocurrió el día que me llamaron a indagatoria, les expresó su sentencia política, ‘que me tenían agarrado’, les dijo. El magistrado Barceló, en compañía del magistrado Hernández, salieron a debatir mi tema en un canal de televisión. Actuación nociva a la justicia”.
Además, Uribe cuestionó al magistrado César Augusto Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte. Reclamando que en su elección participó Barceló, el expresidente sostuvo que el togado lo recibió en la indagatoria y 10 meses después restringió su libertad.
“El magistrado Reyes debió declararse impedido. Sus conflictos de interés son clarísimos. Fue compañero de trabajo de la esposa de Cepeda, además contratista del gobierno Santos para asuntos del proceso de La Habana, con la Farc, del cual fui yo uno de los principales opositores. El magistrado Reyes no manifestó esas circunstancias ante la Sala”, agregó.
De acuerdo con Uribe, fue el magistrado Reyes quien promovió que aceptaran una recusación contra la magistrada Cristina Lombana, “quien había sido integrante del Ejército durante mi administración, a quien le había correspondido el estudio del proceso”.
“Yo no tenía amistad ni conocimiento con la magistrada Lombana, situación diferente del magistrado Reyes, colega de trabajo de la señora esposa de Cepeda y contratista de Santos en el proceso de La Habana”, remató.
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En otro de los puntos, el mandamás del Centro Democrático aseguró que cuando el proceso pasó de la Corte a la Fiscalía, tras su renuncia al Senado, “no empezó de cero, continuó. La Corte Constitucional decidió que la indagatoria de la Corte Suprema equivalía a la imputación de la Fiscalía. Una decisión discutible, estrecha 5-4, pero respetable, que tiene un elemento que la contamina”.
En ese sentido, alegó que el exmagistrado Alejandro Linares, de la Corte Suprema, fue nombrado por Juan Manuel Santos y actuó como ponente de esa decisión en la Corte Constitucional. “Filtró la ponencia a su amigo, el periodista Daniel Coronell, y permitió que el debate de la ponencia se transmitiera por este periodista. La Corte tuvo que suspender la audiencia mientras se evitaba la transmisión. El magistrado Linares aceptó ante los medios de comunicación que en ese proceso recibió llamada de Juan Manuel Santos”.
No obstante, Uribe manifestó que dos fiscales, Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, propusieron la preclusión del proceso en su favor. Sin embargo, el Tribunal de Bogotá lo negó y pidió más pruebas. Además, destacó que cuatro procuradores, a quienes dijo no conocer, coincidieron en emitir concepto favorable a su preclusión o absolución.
El expresidente añadió que al final el proceso fue asignado al fiscal Gilberto Villarreal, “quien no se declaró impedido, no obstante que fue nombrado y promovido por Eduardo Montealegre en su época de fiscal General, quien es actual Ministro de Justicia y supuesta víctima mía.
Sobre el hoy ministro de Justicia, Uribe alegó que “puso preso” a su hermano, Santiago Uribe, quien ya fue absuelto por un fallo judicial de primera instancia por su presunta participación en el grupo paramilitar los Doce Apóstoles.
Por último, el expresidente se refirió indirectamente a Deyanira Gómez, testigo estrella por el caso de su expareja, Juan Guillermo Monsalve. “Una de las supuestas víctimas está asilada en el extranjero. Tuvo ayuda del senador Cepeda, fue señalada por Inteligencia Militar y por los habitantes de su pueblo como integrante de la Farc. Contra ella hay una denuncia por lavado de activos en la compra de una finca para la familia del testigo principal”.
Por su parte, en un mensaje divulgado en la red social X, Uribe agregó: “Dice el petrismo, si las cosas nos salen como esperamos y condenan a Uribe, Cepeda es nuestro candidato”, aseguró.
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