El presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó este martes a dos nuevos magistrados del Consejo de Estado, los juristas Stella Jeannette Carvajal Basto y Rafael Francisco Suárez Vargas. Durante el evento el mandatario afirmó que seguirá trabajando para lograr sacar el acuerdo con las Farc adelante.
“Esta semana viajan los negociadores del Gobierno para llevar todas estas propuestas a los negociadores de las Farc quienes ya declararon su disposición a escuchar y a entender las distintas preocupaciones. Vamos a buscar una salida entre las alternativas que nos ofrecen nuestras leyes, nuestra Constitución incluida las sentencias de la Corte Constitucional, siempre con la ley, siempre con nuestra Constitución”, dijo el mandatario.
El presidente Santos resaltó el diálogo que se ha venido realizando con los distintos sectores del ‘Sí’ y del ‘No’, pero al mencionar a la Cortes dejó abierta la posibilidad que han señalado varios expertos sobre que el Congreso sea la salida para sacar el acuerdo adelante.
Lo anterior, porque el ‘No’ en el plebiscito solo le prohibió a él la implementación de los acuerdos, pero no a las Cortes y tampoco al Congreso.
Además, la Corte Constitucional aceptó las demandas interpuestas por el Centro Democrático en contra del mecanismo de refrendación y contra el acto legislativo que volvió obligatorio el plebiscito, por lo que también se podría encontrar “alternativas” diferentes para la aplicación del mismo.
“Siempre con la ley y con la Constitución, así hemos procedido desde el primer día para no salirnos un solo milímetro de lo que nos obliga a todos los colombianos, y especialmente al presidente de la República”, agregó Santos.
El viaje de los negociadores a La Habana se había programado para este martes, pero por revisión de los temas a tratar se haría hasta el jueves.
Insisten que la salida sea por el Congreso
Cada vez más se abre paso la posibilidad de que sea el Congreso de la República –de forma muy rápida- desde donde se tramite y adopte la reglamentación requerida para dar marcha a los acuerdos de paz con las Farc, que están próximos a ser modificados con el Gobierno Nacional.
Desde el mismo Congreso se volvió a insistir que el mismo está habilitado para tramitar las normas que se requieran.
En tal sentido el senador y negociador en la última parte en la mesa con las Farc, Roy Barreras, planteó cinco escenarios en los cuales se pueden incorporar los cambios en los acuerdos y la manera como se podrán empezar a implementar.
Según Barreras, el primer escenario, el ideal –según él-, es que haya el consenso con todos los voceros del no, incluido el Centro Democrático, sobre propuestas razonables que aceptadas por Farc irían al Congreso.
Otro escenario, el cual denomina como posible, es “nuevo Acuerdo con ajustes fruto del máximo consenso posible con diversos voceros del No y Farc que luego iría a Congreso”.
Plantea el que llama escenario del fuero presidencial. “El Plebiscito negó este acuerdo pero el Presidente mantiene su potestad para firmar un nuevo acuerdo”.
Barreras asegura que otra posibilidad es que el Congreso tiene autonomía y orden constitucional para implementar un Nuevo Acuerdo. “El plebiscito según Corte Constitucional no obligó al Congreso”, sostiene.
Por último, y en lo que llama el escenario más radical, es que si las consultas con los tres voceros, precandidatos del NO de Centro Democrático fracasan, se deba consultar el nuevo acuerdo a los 34 millones de colombianos.
El senador y expresidente Álvaro Uribe, se ha apartado de la propuesta de sectores cercanos al gobierno, como las de Barreras, en el sentido de apurar la discusión y fijar los cambios. Para Uribe esta discusión requiere que se oigan a todos los sectores del no, que se debatan las propuestas.
Insiste que el acuerdo no debería incluir compromisos de impuestos prediales o de avalúos catastrales. Estos últimos, en lo rural, “han pasado aproximadamente de 32 billones de pesos en 2002 a más de 150 billones en la fecha. Muchos incrementos han ignorado la productividad potencial y aplican un concepto de especulación inmobiliaria, contrario a la economía productiva”.
Dice también que en materia de expropiación no solamente se repite la norma existente sino que se agregan motivaciones de reparto, fracasadas en el pasado.
“Las zonas de reserva campesina dejan de ser discrecionales para el Estado, su inclusión en los acuerdos y la obligación de regularlas con la comunidad, las hace imperativas. La congelación de la comercialización de inmuebles, dentro de su perímetro, que hoy existe, espanta la inversión”, declaró.
En el Congreso el liberalismo ya empezó a promover que sean el Senado y la Cámara, los que pueden empezar a dar solución a la implementación del acuerdo, sin importar que aún se sigan pactando los cambios eventuales a los que ya aceptaron Gobierno y las Farc hacer luego del resultado del plebiscito del 2 de octubre.
