El comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, informó que el Gobierno Nacional revisa el convenio de entrega de información que tiene las Fuerzas Armadas con la Comisión de la Verdad, la cual había solicitado información reservada sobre manuales y política militar desarrollada durante el conflicto armado.
“En este momento el Gobierno Nacional está evaluando el convenio que se ha preparado con la Comisión de la Verdad, hecho por las dos partes, el cual claramente respeta que no vayan a entregar nombres ni material que afecte los temas de seguridad nacional... La seguridad nacional no es un tema minúsculo, es un tema profundo, y nosotros consideramos que el trabajo nuestro es eje fundamental para la preservación de la democracia colombiana, así lo hemos venido haciendo y así seguiremos. No tenemos nada que ocultar, somos unas fuerzas honorables, transparentes, hemos reconocido nuestros errores y tenemos hombres que han pagado muy caro por ellos. Esperamos a que el Gobierno nos de la guía política de su visión”, destacó el comandante de las Fuerzas Militares.
La declaración la realizó el general Mejía durante el acto de entrega de un informe denominado ‘Génesis’, compuesto por 50 tomos y 18.380 páginas sobre los determinadores y responsables de muchos de los delitos sufridos por la población civil y los uniformados perpetrados por las Farc en la época que estuvieron alzados en armas.
“Génesis es el resultado de un estudio interdisciplinario realizado entre la Fiscalía General de la Nación y organismos de inteligencia del Estado, donde se documentan aspectos como la contextualización, surgimiento, fundamentos teóricos, organización, evolución y áreas de influencia de las Farc, así como la individualización e identificación de los máximos responsables de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los Derechos Humanos con ocasión del Conflicto Armado Colombiano, delitos que son considerados como Crímenes de Guerra o de Lesa Humanidad”, señaló.
En los documentos se describen delitos cometidos por los otrora guerrilleros, como desapariciones forzadas, homicidios en persona protegida, violencia sexual, utilización de métodos y medios ilícitos de guerra, secuestros y reclutamiento de menores de edad, entre otros.
Esta información también será entregada a la Unidad de Investigación de la Justicia Especial para la Paz, que desarrolla actividades de acusación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
