La llamada la recibió una mañana, justo cuando se preparaba para ayudar en las labores del campo a su familia. Al otro lado de la bocina, las instrucciones del jefe guerrillero fueron muy claras: “estese ‘pilas’, porque si se rompe este proceso, serán llamados nuevamente. Pero quédese quieto y no se ponga a dar papaya por ahí”.
Estas fueron las últimas palabras del comandante de una estructura de las Farc a uno de los menores que, al parecer, fue enviado a su casa sin cumplir el protocolo oficial pactado en La Habana, bajo el cual se han desvinculado, hasta ahora, 15 menores de edad que permanecen en un refugio entre Guarne y Rionegro.
Este primer caso sucedió en Pereira, “hace poco menos de dos meses”, según informes de investigadores de Inteligencia de la Fuerza Pública, sin embargo, este no sería el primero.
Información extraoficial conocida por EL COLOMBIANO da cuenta de que las Farc estarían en plan de dejar salir menores de edad para evitar la entrega masiva de los niños que tienen en sus filas y que, según Andrés*, un niño que desertó en los últimos días de uno de los frentes con presencia en el Chocó y se acercó hasta una brigada militar en Antioquia, lo hacen para evitar el escándalo público, porque en su frente, cuenta, hay muchos menores de edad.
“Me dijeron que me fuera para la casa que ellos me llamaban para recibir algunas cosas. Como yo les dije que no, la cosa se puso brava, entonces me sacaron a la fuerza y yo creo que me iban a matar. Por eso me volé”, contó este niño de 14 años.
Su versión coincide con información obtenida por las autoridades en las que en conversaciones interceptadas se logra escuchar: “díganles que vayan saliendo. Si los cogen que digan que se volaron porque no nos conviene que no salgan y entreguemos 130 a 150 de esos pelaos”.
En indagaciones hechas por EL COLOMBIANO fuentes que trabajan con organizaciones protectoras de Derechos Humanos y de los niños comentaron, bajo la figura de reserva del nombre de la fuente, que a Ituango ya han llegado menores que hacen o hacían parte de las Farc.
“Hemos recibido información de que se ven en el casco urbano montando en motos o bicicletas. La gente los ha reconocido y se preguntan por qué están allí”, precisó el defensor de derechos humanos. Situación que no solo se evidenciaría en Ituango, sino en otras regiones del país como Norte de Santander y Cauca.
“Sabemos también que hay una alerta temprana en la que se menciona este tema tan delicado y lo que nos produce curiosidad es por qué no ha sido emitida”, concluyó la fuente.
Sin información
Conocida la denuncia, se indagó sobre la veracidad de la salida de menores de las Farc sin cumplir con el protocolo. Con todo el hermetismo sobre el caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicaron que la vocería en el tema de la desvinculación la lleva la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y en Presidencia de la República, precisaron que el tema es abordado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Paula Gaviria, quien asumió como consejera, el pasado 19 de abril, precisó: “A la oficina no han entregado un tipo de información o de denuncias sobre esto, no. Ahora no hay ninguna información de manera oficial. Es delicado porque si eso está pasando es muy difícil para el Estado después encontrar a estos menores de edad y ellos tienen derecho a que se les restablezca todos sus derechos. Es delicado que eso esté pasando”.
Así mismo, el alcalde de Ituango, Hernán Álvarez, manifestó que hasta el momento no tiene ningún dato sobre la denuncia. “Yo tenía la información de los niños que iban a devolver pero debido pues al plebiscito y a la premura, a la final no se hizo la devolución de niños que se iba a hacer con la Unicef”.
El asunto de la desvinculación también fue consultado a “Pastor Alape”, uno de los negociadores de las Farc en Cuba y señalado por el jefe de esa guerrilla, “Timochenko”, como el encargado del tema y de saber cuántos menores serían devueltos, pero la repuesta fue que se escribiera a un correo.
Sobre el señalamiento de una alerta temprana se buscó a la Defensora de Familia en Antioquia, encargada del tema de la desvinculación de los menores de edad, pero en visita a su oficina el pasado viernes (dado que no contesta el teléfono), una funcionaria precisó a este diario que ese era un tema reservado, que la Defensora no se encontraba y que no podían hablar del tema.
La visita se centraría no solo en preguntar sobre la desvinculación sin protocolo de varios menores de edad, sino también sobre la supuesta incapacidad del ICBF para hacer cumplir la ruta de reintegración ante la denuncia de una funcionaria que expresó que no ha podido hacer el primer acompañamiento a los menores desvinculados que se encuentran en el hogar transitorio entre Guarne y Rionegro.
“Es una tramitología que pasa por un montón de permisos difíciles de conceder. Se está incumpliendo con lo acordado en el protocolo en el que se dice debe haber tutores las 24 horas del día y se debe realizar la ruta en 45 días después de su vinculación, pero acá ni lo uno ni lo otro”, precisó la funcionaria.
No obstante, el ICBF atendió entre 1999 y el 30 de abril de 2016, un total de 5.984 menores de edad desvinculados de los grupos armados ilegales. De estos, 3.609 eran de las Farc, 1.055 de las Autodefensas y 947 del Eln.
Se perderían sus derechos
La desvinculación de menores de edad, sin un protocolo, llevaría a que muchos de ellos no se les puedan restablecer los derechos perdidos por los años de participación en la guerra.
María Paula Martínez, directora de Save the Children Colombia, habla de esa restauración de derechos y hace un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía.
“Hablaremos de la verdadera paz cuando hasta el último niño o niña tenga todos sus derechos garantizados. No podemos olvidar que ellos y ellas terminaron en la guerra porque previamente como familia, como sociedad y como Estado les fallamos”.
La sicóloga infantil Elena Salinas ve en la gravedad de este acto es que muchos años después, muchos de los menores que hicieron parte de los grupos armados y que ahora son adultos continúan con secuelas de alto impacto sicológico.
“Este impacto se ve después de muchos años pues no tuvieron una reintegración efectiva. Muchos de ellos tienen rezagos que los han llevado a tener actitudes violentas e incluso, se han incubado formas de acción violenta como intolerancia, depresión, pesadillas y sentimientos de culpabilidad”, explicó Salinas.
El caso paramilitar
El tema de dejar salir menores de edad sin un protocolo o registro no es un asunto nuevo. Antes de su desmovilización, Freddy Rendón Herrera, alias “el Alemán”, comandante del bloque Élmer Cárdenas de las Auc, dejó salir a 309 menores de edad de los cuáles se han encontrado pocos. Situación que también se presentó con las estructuras armadas bajo el mando de Diego Murillo Bejarano, alias “Berna”.
Luego de consultar con la Fiscalía y con el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín, EL COLOMBIANO conoció que por lo menos en los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Tolová y Héroes de Granada, tras la desmovilización, no se tuvo ningún tipo de registro sobre la desvinculación de menores de edad reclutados por esos grupos de autodefensa.
En versiones libres con “Berna”, la Fiscalía Especializada de Justicia y Paz, aseguró que tras la desmovilización de 868 integrantes del bloque Cacique Nutibara en 25 de noviembre de 2003, “no existe evidencia de que los miembros representantes hubiesen hecho una entrega formal de menores al Gobierno Nacional o las autoridades competentes, es decir, no existió un acto protocolario, un acta, un acuerdo entre los negociadores del Gobierno y las Auc para la entrega de dichos menores que hiciera visible de cuantos menores se trataba, un censo que estableciera cuántos menores integraron sus filas y cuántos estaban deponiendo las armas por orden de sus superiores en aras del restablecimiento de sus derechos”.
En esa audiencia, realizada el 7 de agosto de 2013, “Berna” afirmó que cuando se empezó a denunciar la presencia de menores de edad en las filas de sus bloques, y saber que eso significaba una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, el entonces alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, dio la instrucción de desvincular a todos los menores antes de las desmovilizaciones.
“Denle alguna plata y mándelos para sus casas, pero esa gente no puede aparecer, nos dijo el comisionado en varias reuniones; por eso después de la desmovilización del Cacique Nutibara, prácticamente en ningún otro bloque aparecen menores de edad, porque esa fue una recomendación del comisionado”, afirmó “Berna”.
Por esa denuncia del exjefe paramilitar, las autoridades judiciales compulsaron copias contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo para que sea investigado por esa presunta conducta sobre la desvinculación de menores de edad de los grupos paramilitares.
¿Hubo seguimiento?
La magistratura pidió a la Fiscalía hacer un seguimiento de esos menores que estuvieron en las Autodefensas y que no tuvieron la oportunidad de restitución de derechos y una ruta. En el caso del Cacique Nutibara, el ente acusador logró establecer que la mayoría de menores de edad “fueron dejados a su suerte por sus reclutadores”. Algunos de manera voluntaria se presentaron ante el ICBF, otros, como uno que fue reclutado cuando tenía 16 años en el barrio Manrique Guadalupe de Medellín, terminaron en la sede de Prosocial en el municipio de La Ceja, junto con los demás integrantes de ese grupo ilegal.
Ese menor, declaró ante funcionarios de Justicia y Paz de la Fiscalía: “yo estuve en La Ceja como 15 días, tenía 16 años. De allá me sacaron con otros siete menores, nos mandaron para Medellín y nos hicieron varias audiencias con el juzgado de menores, después de eso iniciamos un proceso con el ICBF, también estuve en un centro de rehabilitación porque yo consumo marihuana”.
Sin embargo no todos tuvieron esa suerte de ser intervenidos por Bienestar Familiar. En un informe que aún está en proceso de construcción, la Fiscalía busca comprobar que muchos de esos menores del Cacique Nutibara, a quienes no se les restituyeron los derechos, volvieron a delinquir en Medellín integrando combos o fueron asesinados, y el Estado nunca tuvo un registro de ellos como exintegrantes de las Auc.
Para evitar que se presente con los menores desvinculados de las Farc lo que sucedió con los de las Auc, Paula Gaviria hizo un llamado a las alcaldías y gobernaciones para que si tienen este tipo de denuncias lo informen “para desde este despacho proceder a buscar y a incluirlos en el programa y atenderlos”. La idea, concluyó Gaviria, es buscarlos a todos para saldar la deuda con los menores que fueron parte de las filas guerrilleras.
3.609
Menores se desvincularon de las Farc desde 1999 hasta el 30 de abril de 2016.
5.984
Menores desvinculados de la guerra atendió el ICBF entre 1999 y el 30 de abril de 2016.
