El Colombiano me permite escribirles del corazón a pesar de esta caligrafía que me quedó peor cuando de adolescente la cambié a ver si mejoraba.
Ustedes me permitieron ser gobernador y presidente, oficios que ejercí con amor patriótico, cometí errores, hubo faltantes, pero íbamos mejorando en seguridad, inversión y política social.
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Participo con ciudadanos de diversos pensamientos en la campaña del No. Solidariamente digo a los colombianos del Sí que nosotros también queremos la paz pero creemos que los textos de La Habana no la garantizan.
En Villanueva, Guajira, narra una mamá que su hija fue reclutada por Farc, violada, obligada a entregar el cuerpo a los cabecillas, embarazada y obligada a abortar. De regreso a la familia la hija preguntó a la mamá si habría sanción, castigo, adecuado. La mamá le expresó que no, que además podían los violadores ser elegidos hasta presidente de la República. Aún más, desconsolada la hija cuando la mamá le confirmó que en las 297 páginas no ofrecen perdón ni expresan arrepentimiento y que en videos se burlan de esa posibilidad, concluyó “mamá así no hay paz si no reproducción del delito, así no hay reconciliación si no más rencor”. Anoto que en su Conferencia reciente voceros de Farc dijeron que hubo sufrimiento con los secuestros pero que tenían que hacerlo; justificaron los crímenes. Agregaron que con el Acuerdo quedó reivindicada la “lucha armada”.
El Acuerdo es de impunidad total, viola la Constitución y normas internacionales como el Estatuto de la Corte Penal y la Convención Americana de Derechos Humanos. El primero exige reclusión para delitos de lesa humanidad, artículo 77, permite reducir la pena pero no eliminarla en casos de verdad y reparación, artículo 110. La Convención Americana ordena sanciones severas para estos delitos.
El gobierno aceptó impunidad abierta el narcotráfico, el asesinato y secuestro de policías y soldado. Hay impunidad de hecho, disfrazada, para otros delitos atroces como el reclutamiento de niños, aproximadamente 11.700 fueron secuestrados, y violación de mujeres, aproximadamente 6.800 fueron víctimas de este horrendo crimen.
Aceptamos que no se sancione al guerrillero raso, ojalá que se le reinserte con generosidad. Pero, la falta de pena adecuada para los mayores responsables genera mal ejemplo y causa riesgos de estabilidad al Acuerdo.
La Corte Suprema de El Salvador, hace pocas semanas, declaró inexequible la Ley de Amnistía del Pacto de Paz de 1993.
En Colombia el narcotráfico ha sido promotor del terrorismo y en este acuerdo con la Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo, se ha aceptado que este delito es conexo con el político. Los mayores delincuentes de esta organización no tendrán sanción doméstica, tampoco extradición y gozarán de elegibilidad política.
Habíamos bajado de 170 mil hectáreas de cultivos ilícitos a 47 mil, por la indulgencia con el terrorismo se ha llegado nuevamente a 200 mil.
El gobierno afirma que aquellos crímenes que consideran de lesa humanidad, como el mencionado reclutamiento de menores, no tendrán amnistía, así lo declara el acuerdo, pero de hecho la otorgan.
Los mayores responsables de estas atrocidades no van a la cárcel ni a lugares alternativos. Se anuncian sanciones como restricciones de Residencia y de movilidad que serán inaplicables porque coincidieran con el ejercicio político de sus actores.
La justicia internacional denomina simbólicas a estas sanciones, por ende, no adecuadas para graves delitos. En Colombia han sido accesorias a años de cárcel, o principales, pero en infracciones menores o contravenciones.
El país tiene alrededor de 140 mil presos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de Farc, lo que hace inadmisible, desde la perspectiva del Derecho Interno, que en lugar de pena alternativa de reducción de condena para los mayores criminales, sean eximidos totalmente.
La falta de sanción adecuada, de cárcel, y la elegibilidad política en crímenes atroces, configuran una amnistía de hecho, a pesar del engaño de declarar que estos delitos no gozarán del beneficio.
Esta amnistía disfrazada se otorga además sin perdón, sin arrepentimiento, sin que entreguen el dinero del tercer grupo terrorista más rico del mundo para reparar a las víctimas. Los delincuentes admiten el sufrimiento causado y lo justifican.
Este acuerdo amnistía a políticos y servidores públicos que han sido cómplices de Farc. Colombia encarceló, con justicia y en casos con injusticia, a políticos financiados por el narcotráfico, Se conoció como Proceso Ocho Mil , y a quienes hicieron compromisos con paramilitares, casos de parapolítica. ¡Qué decir de esta impunidad a los colaboradores de Farc!
Colombia ha tenido la democracia más sostenida de América Latina. En el siglo anterior, México se ufanaba de apenas 12 años de interrupción democrática, nosotros tuvimos cuatro.
Nuestra democracia ha vivido en permanente perfeccionamiento sin tener que claudicar ante el terrorismo. Incluso, durante el transitorio Frente Nacional, El Partido Comunista eligió a sus congresistas bajo las banderas del Movimiento Revolucionario Liberal del doctor Alfonso López M. El Presidente Betancur, en gesto de paz llevó al Congreso a guerrilleros como Iván Márquez y a Braulio Herrera a quien conocí en el Senado. Pero combinaron la política con el crimen, que con la falta de autoridad y de protección del Estado, causaron el exterminio de la Unión Patriótica.
En mi juventud, en la Universidad de Antioquia, recibíamos panfletos de la guerrilla que ofrecía deponer la lucha armada si se adoptaba la elección popular de alcaldes y de gobernadores. El País aprobó estas ampliaciones democráticas, la reacción fue coaccionar y asesinar a los nuevos dignatarios.
Respetados lectores: Yo concluía el ejercicio de la Gobernación de Antioquia, los dos diputados de la Unión Patriótica me visitaron y expresaron agradecimiento por nuestro esfuerzo eficaz de protegerlos, no se atrevieron a decirlo en público por temor a represalias de Farc, esto me manifestaron.
La Seguridad Democrática protegió por igual a los más duros críticos del gobierno y a sus más entusiastas defensores. Gobernador y alcaldes de la oposición fueron tratados con el mismo respeto que aquellos que compartían las tesis oficiales. Debo recordar que cerca de 400 alcaldes no podían estar en sus municipios en 2002. Ocho años después todos ejercían en sus lugares.
En una democracia el pluralismo no se forma con criminales. La lucha contra la corrupción no depende de elegir secuestradores, al contrario, este mal ejemplo estimula más corrupción. ¡Qué grave que al haberse patrocinado la corrupción política asignaciones de dineros parlamentarios (mermelada), la solución propuesta sea la elegibilidad de responsables de delitos atroces!
Farc es considerado el grupo terrorista tercero en riqueza en el mundo. No se le exige entregar dinero para reparar a las víctimas, reparación que tendrá que hacerse con recursos de los contribuyentes. Farc lo confirma y el Gobierno lo aprueba. El presidente agregó que Farc se gastó el dinero en la “guerra”, esto es, en su actividad criminal.
El proyecto de ley de amnistía, que hace parte de las 297 páginas, en un artículo habla de acción de extinción de dominio contra muebles e inmuebles adquiridos con recursos ilícitos, y otro artículo dispone, en sentido contrario, que el beneficio de la amnistía prevalece sobre cualquier acción.
En nuestra Ley de Justicia, Paz y Reparación se exigió que quienes se acogieran a ella, paramilitares o guerrilleros, tenían que entregar el dinero ilícito para reparar a las víctimas. La Corte Constitucional agregó que el lícito también debería ser aportado para la reparación.
Al mantener Farc su fortuna podrá comprar nuevo armamento y su ejército político será otro elemento de distorsión democrática.
Nos corresponde acudir a un plebiscito con Farc armada, sin que haya empezado el desarme ni la concentración. En 2014 electores del doctor Óscar Iván Zuluaga fueron amenazados por Farc, Eln, bandas criminales. En 2015 ocurrió lo mismo contra el Centro Democrático.
En días recientes un vocero de Farc anunció que no empezará la entrega de la armas hasta que no haya una ley de amnistía total, debidamente aprobada por la Corte Constitucional. Otro de ellos expresó que conservarán las armas para garantizar que les cumplan los Acuerdos.
Nosotros apoyamos que los desmovilizados de Farc tengan protección del Estado, pero se ha acordado una especie de Policía Política Castrista que dará protección con guerrilleros armados, que podrá supervisar las hojas de vida de los servidores públicos, a las empresas privadas de seguridad y a quienes llaman enemigos de la paz, que somos los de No, que también queremos la paz.
Se repite el grave error de asociar al Estado con criminales, en esta ocasión con las Farc, para combatir a otros criminales como los sucesores del paramilitarismo. Esa amarga experiencia se vivió en el pasado y graduó a más criminales.
Farc se habría acabado si mi gobierno hubiera permitido que los paramilitares avanzaran en su propósito, pero el camino institucional de combatirlos a todos fue nuestro camino.
Una norma del Acuerdo permite a los organismos de derechos humanos, muchos con notorio sesgo, acusar a civiles y militares, con la misma validez que las autoridades.
La comunidad internacional ha venido hoy no a saludar la paz de Colombia sino a presenciar la claudicación ante el terrorismo, que pone en serio riesgo a nuestra democracia y su potencial de bienestar y equidad. No entendemos que algunos países apoyen aquí lo que allá no admitirían en favor del terrorismo.
Rechazamos que otros países, encabezados por la tiranía de Venezuela, vengan a proponer lo que allá les ha fracasado.
Argentina y Chile deben saber que no hemos tenido ejércitos al servicio de dictaduras, que nuestros militares y policías, integrantes de Fuerzas Armadas democráticas, no merecen someterse al tribunal de Farc y menos aceptar delitos no cometidos para evitar el riesgo de ir a la cárcel. Y los despojan del último beneficio, tener sus guarniciones como lugar de reclusión.
Los visitantes centroamericanos deben recordar que allá hubo insurgencias civiles armadas contra dictaduras, en Colombia el Estado de Derecho ha sido desafiado por el narcoterrorismo.
Cada vez que en Perú aparecen señales de resurgimiento de Sendero Luminoso responden con autoridad, no con amnistía a Abimael Guzmán.
México no amnistiaría a los cabecillas de los carteles de cuya droga Farc ha sido el mayor proveedor.
España, también presente, dio ejemplo por encarcelar a Eta y no someter su democracia. En Colombia avalan la impunidad del terrorismo.
Estados Unidos ayudó con 11 mil millones de dólares en el Plan Colombia, había 170 mil hectáreas de coca, se redujeron a 47 mil, hoy tenemos 200 mil. Su gobierno afirma que estamos acabando una guerra de 56 años y apoya la impunidad que nunca permitiría a Alkaeda. Sin embargo, el Departamento de Justicia, cada vez que pide en extradición a alguien de Farc lo referencia acertadamente como narcotraficante.
Nos duela que democracias amigas acudan a avalar la impunidad disfrazada al cartel de cocaína más grande del mundo. Nos duele que concurran a dar aprobación a un plebiscito de democracia recortada cuando ha primado la ausencia para confrontar a la tiranía de Maduro y ha habido tanta permisividad con las atrocidades castristas.
Para no indisponer a la Farc y a sus amigos Ortega, Maduro y Castro, Santos se ha negado a defender con vigor el mar de San Andrés.
Nuestra economía se ha desacelerado peligrosamente, fue despojada de los incentivos de inversión y de la garantía de estabilidad tributaria. Una empresa que consolida todos los impuestos debe pagar el 72 % , el endeudamiento público ha subido del 43 % del PIB al 54 %. El derrocha ha conducido en años a que el gasto de funcionamiento creciera al 12 % a tiempo que la economía lo hacía al 4 %. Se anuncian reservas de petróleo y gas para no más de 6 años. La exploración se ha reducido a mínimos por violencia, narcotráfico y burocratismo.
A lo anterior se suma otra reforma tributaria, acuerdos con el terrorismo para más impuestos predial y gasto adicional aproximado en 8 billones por año. Muchas decisiones oficiales quedarán sujetas ha visto bueno previo de Farc con la excusa de consulta comunitaria. Se agregan expropiaciones para el Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas, que sube a la Constitución el nuevo texto de motivación de reparto no funcional. Incluye en el riesgo al empresario honesto.
Castro y Chávez empezaron con la expansión del agro, obtuvieron hambruna y la destrucción de la economía.
Esta desmotivación de la inversión puede profundizar la crisis social, los ciudadanos aburridos con Santos y parecidos podrían optar por Timochenko.
Bien ha dicho Maduro que aquí se le debe una estatua a Chávez, porque se ha logrado lo que él quería para Colombia. Le entendemos: la agenda de Farc está triunfante.
Tengo 64 años, he vivido 128, por milagro de Dios soy sobreviviente de varios atentados, mi cabellos irresistiblemente blanco, “plátano maduro no vuelve a verde”. El Sí al plebiscito me preocupa por la patria y su futuro.
Sin dudas en la seguridad he buscado la paz desde que el presidente Betancur me nombró para dirigir la Comisión de Paz de Antioquia, a los pocos meses del asesinato de mi padre por parte de las Farc.
De presidente busqué la paz con condiciones conocidas como inamovibles.
Respetados lectores: confieso de corazón que habría sido capaz de firmar estos acuerdos.
Pensamos que en esta hora de peligro es mejor No, ofrecer protección a Farc y exigir corrección de los acuerdos que votar Sí y después tener que corregir la nueva Constitución y los decretos que nos esperan. El No ayuda ante la duda porque empieza a abrir puertas de revisión y corrección.
Jóvenes: premiar al estudiante pilo da buen ejemplo, no castigar al pillo da mal ejemplo y premiarlo es peor. “La indulgencia con los criminales es la corrupción de los pueblos”, dijo el Libertador. Para olvidar el pasado manejemos el futuro con rigor a fin de no perderlo.
Muchas gracias a El Colombiano y a los respetados lectores,
Álvaro Uribe Vélez
