Durante el fin de semana de las elecciones en Colombia, se registraron 98 eventos de protestas y disturbios en 86 municipios de 24 departamentos del país.
Este balance, presentado este martes por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, detalló que 77 de estos incidentes ocurrieron después del cierre de votaciones.
Las principales motivaciones de los manifestantes, según la entidad, fueron:
1). No aceptar “los resultados electorales, con un 42%, la mayoría de estos eventos debido a la escasa diferencia de votos entre uno y otro candidato”.
2). “La denuncia de posibles irregularidades electorales, con un 29%, principalmente relacionadas con eventos de fraude electoral”.
3). “Reclamaciones electorales de diferentes tipos, con un 17%”.
4). “La polarización política, con un 5%”.
5). “La pugnacidad, con un 4%”.
6). “Situaciones no relacionadas con la jornada electoral, 2%”.
7). “Y la exclusión de cédulas del censo electoral y revocatoria de candidaturas, con un 1% cada una”.
En 13 municipios hubo quemas o destrucción de material electoral: Almaguer y Balboa (Cauca), Pueblorrico (Antioquia), Gachantivá (Boyacá), La Paz (Cesar), Chinú (Córdoba); Imués, La Cruz, El Rosario y Ricaurte (Nariño); Fonseca (La Guajira), Palocabildo (Tolima), Santiago (Putumayo) y Tiquisio (Bolívar).
“En el previo de los comicios fue atacada la Registraduría Municipal de Gamarra (Cesar) y con posterioridad a las elecciones, las oficinas de la Registraduría de Almaguer (Cauca) y Chinú (Córdoba). En El Rosario (Nariño), Tiquisio (Bolívar), Manaure (La Guajira) y Becerril (Cesar), las sedes de esa entidad gubernamental también fueron objeto de asonadas. Además, en Manaure (La Guajira), Murindó (Chocó), Imués (Nariño), Samaná (Caldas) y Villa Rica (Cauca) resultaron atacados otros bienes públicos”, resaltó la Defensoría.
Todo esto sucedió pese al despliegue de 125.000 soldados en el llamado Plan Democracia del Gobierno, que fue tildado por muchos ciudadanos y partidos de oposición como “un fracaso”.
El caso más grave se registró en la localidad de Gamarra, Cesar, donde una turba iracunda porque a su candidato Fernando Márquez el CNE le anuló la inscripción, incendió la sede de la Registraduría, asesinando a Duperly Arévalo Carrascal, auxiliar administrativa de la entidad y madre soltera de dos niños.
“Resulta fundamental que los ciudadanos inconformes con los resultados acudan a las vías legales para hacer las reclamaciones ante las autoridades. No acudan a las vías de hecho ni se dejen instrumentalizar por quienes desean aprovechar la situación para forzar resultados de manera violenta”, opinó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
