En un nuevo caso de “todo sucedió a mis espaldas” se está convirtiendo la denuncia sobre Andrés Mauricio Mayorquín, quien hasta hace 48 horas fue asesor de le jefa de gabinete de la Presidencia de la República, María Paula Correa, y cuya esposa tuvo 17 contratos con entidades del Estado que sumaban más de 1.200 millones de pesos.
Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), confirmó que Mayorquín había dejado el cargo y que desde el 12 de noviembre tiene una investigación en la Oficina de Control Disciplinario de Presidencia. Pese a lo que parece una acción muy evidente, María Paula Correa aseguro que fue “asaltada en su buena fe”.
Todo empezó con que Karen Liseht Vaquiro, la esposa de Mayorquín, en enero de 2020 pescó un primer contrato con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) por 88 millones de pesos con muy poca experiencia: 20 meses como gerente de oficina en el Banco de Bogotá y siete meses en Link Consultores SAS, un emprendimiento familiar.
Pese a eso, y a que su marido era un asesor de alto calibre en la Casa de Nariño, Karen Liseth firmó 24 contratos con entidades como la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bogotá, los ministerios de Cultura, Justicia y Deporte, la Presidencia del Senado, la Agencia de Desarrollo Rural, el Icetex, la Aeronáutica Civil. Todo un récord. No solo escandaliza el monto si no cómo pudo responder a una cantidad de trabajo tan grande.
Por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter, María Paula Correa aseguró que confía en la buena fe de las personas que trabajan con ella y agregó: “Con respecto a la información sobre los contratos que tuvo su cónyuge durante los años 2020 y 2021, me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante niguna entidad para contrato alguno”.
La misma Correa dice en el comunicado que las labores de Mayorquín eran hacerle seguimiento a los proyectos legislativos que la Presidencia promovía en el Congreso, y justo sobre este detalle es que se tejen suspicacias mayores, pues los contratos que firmaba su esposa justo caían en esa dirección: Karen Liseth debía vigilar los intereses legislativos de esas 17 entidades. Todo parece un cargo hecho a la medida.
Por su parte, Víctor Muñoz aseguró en su cuenta de Twitter: “En el mes de noviembre se inició una investigación por parte de Control Interno, evaluando si existió alguna conducta anómala, conflicto de interés o violación de cualquiera de las inhabilidades que se tienen, dado que era un funcionario de la Presidencia y su esposa, contratista”.
Justo en los documentos de contratación que han sido revelados en las últimas horas, parece evidente que la pareja habría pasado por encima de los controles negando que estaban inhabilitados por un evidente conflicto de intereses. El caso está abierto para que los entes de control tomen cartas sobre el asunto
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