Ausencia de una hoja de ruta, falta de coordinación y escasa comunicación entre entidades responsables de la seguridad en Colombia, hacen parte de los delicados hallazgos de la Procuraduría luego de un análisis sobre la respuesta del Estado a la violencia.
El Ministerio Público expidió ayer un comunicado en el que detalló que “como parte de la vigilancia preventiva a los fenómenos de seguridad, evidenció luego de diez reuniones con entidades del orden nacional, la necesidad de articular acciones de manera prioritaria, para impactar los fenómenos de criminalidad en las áreas urbanas y rurales”.
En su diagnóstico, la entidad concluyó que “no se evidencia una coordinación que permita desplegar acciones integrales y sostenidas en el tiempo, que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales con características estructurales”.
Añadió que “la falta de comunicación entre los organismos de seguridad y la ciudadanía; la falta de análisis y socialización de información de orden público de municipios y departamentos afectados por grupos armados y bandas, agrava el riesgo para la ciudadanía, permite consolidar estructuras criminales y desgasta las capacidades del Estado”.
Ante la gravedad de la falta de articulación entre las instituciones, el organismo de control les recomendó que construyeran una hoja de ruta urgente, que involucre los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las alcaldías y gobernaciones, “bajo un plan de trabajo que mida su eficacia y resultados”.
El diagnóstico de la Procuraduría es similar al de la Defensoría. Esta semana, en declaraciones a la prensa, el defensor Carlos Camargo recalcó: “No nos llamemos a engaños: existe una evidente inacción de la Fuerza Pública. Seguro dentro de lo acordado en el cese el fuego bilateral, se han detenido los operativos, porque seguramente los grupos ilegales le dijeron al Gobierno que ellos no iban a atentar contra la población, pero es claro que existe una inacción de las Fuerzas Armadas de Colombia y que esto se ha visto reflejado en el deterioro de la seguridad”.
Grupos implicados
La Procuraduría identificó 10 departamentos en los que esa descoordinación interagencial es más grave: Antioquia, Nariño, Valle, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar (ver el mapa).
Varios de los grupos ilegales responsables de la violencia en dichos territorios están en mesas de diálogo o acercamientos de paz con el Gobierno, pero esto no ha reducido la inseguridad. En esa lista están el ELN, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y “la Oficina”, en cuyas áreas dominadas aún persiste la zozobra ciudadana.
Por citar ejemplos recientes, el 12 de junio mataron al líder indígena Marcelino Dagua, en Jambaló (Cauca); ese día secuestraron a cinco personas en Santa Rosa (Bolívar) y encontraron en San Pelayo (Córdoba), el cadáver del reclamante de tierra Emiro Sánchez, raptado el 9 de junio en Arboletes (Antioquia).
