El debate por la venta de la participación de las acciones de EPM en Une, que volvió a abrir la Alcaldía recientemente con la radicación de un nuevo proyecto de acuerdo en ese sentido, podría dar un giro luego de que el uribismo anticipara su apoyo a la iniciativa si el gobierno local cumple con varias condiciones.
El anuncio quedó plasmado en un comunicado conjunto firmado por los concejales Alfredo Ramos, Sebastián López y los recientemente posecionados Claudia Marcela Ramírez, Leticia Orrego y Carlos Andrés Ríos, en el que aclararon seguir desconfiando de la iniciativa.
“En el pasado EPM hizo un negocio que favoreció a Millicom, entregándole el control, administración y operación de Une. Una vez conocidos los detalles del negocio en la cláusula de confidencialidad, concluimos que es riesgoso mantener la participación accionaria de EPM en Une”, se lee en el pronunciamiento.
La condición de estos cinco corporados, cuyo apoyo sería clave para aumentar el margen de votos a favor del proyecto, consiste básicamente en que los recursos que entren a las arcas públicas como producto de la venta sean invertidos en la población más pobre de la ciudad, principalmente a través de tres acciones.
En primer lugar, conectar a los servicios públicos a los hogares que hoy están por fuera de la red; segundo, llevar internet de calidad a las casas de los estratos 1, 2, y 3 aún sin conexión (tanto del área urbana como rural); y tercero, crear un fondo de estabilización tarifaria para que el valor final de la factura de servicios públicos no siga subiendo.
“Solo votaríamos sí con esa condición, ahora quedará en manos de Daniel Quintero aceptarla o no”, expresó el concejal Sebastián López, uno de los firmantes.
El cambio pedido por los concejales impacta directamente en uno de los puntos más álgidos que han marcado el debate por la venta de Une, que consiste en el uso que se le darán a los cerca de $2,8 billones que podría significar la iniciativa.
Buscando tener un mayor margen de apoyo, uno de los cambios que trajo el último texto radicado en el Concejo quedó plasmado en el artículo seis, en el que se condicionó el uso de esos recursos exclusivamente para el plan de inversiones de EPM y el pago de su deuda.
Sin embargo, desde organizaciones como Sinpro, sindicato que agrupa a los profesionales de EPM, el tema sigue generando suspicacias, sobre todo por la forma en cómo el propio alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se ha referido públicamente al uso de ese dinero, anticipando todo tipo escenarios.
Además de esta incertidumbre, cabe recordar que el proyecto avanza en una carrera contra el reloj en el Concejo, que, pese a reunirse en sesiones extras, aún no discute el tema.
En esta corporación será la comisión primera la que deberá avalar en primera instancia el trámite de la iniciativa, para que luego pase a plenaria. En caso de negarla, la Alcaldía aún tendría margen para pedir que otra comisión vuelva y revise el proyecto.
