Cuatro días de audiencias fueron necesarios para que la Fiscalía le pudiera imputar cargos a los 10 funcionarios capturados en el marco de la operación “Contraloría de bolsillo”. El último de la lista, ayer, fue el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, quien se enfrenta al señalamiento por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y cohecho.
El funcionario de 48 años fue imputado de concierto para delinquir en asocio con su subcontralor, Rubén Darío Naranjo —quien estaba de vacaciones fuera del país cuando se expidió la orden de captura en su contra—, y los contralores auxiliares Dioner Andrés Ortiz Ossa, José Hernando Duque Arango y Gabriel Jaime Castaño Aristizábal.
“Hay inferencia razonable de que los funcionarios en cuestión habrían cometido delitos contra la administración pública en San Carlos y Briceño”, dijo ayer la fiscal 28 Seccional de la División de Administración Pública, encargada del caso.
El ente investigador hizo públicos varios audios que dejan en evidencia que el asesor jurídico de Briceño, Jhonny Andrés Jaramillo Marín, al parecer hizo pagos de $30 millones a los subcontralores, a cambio de mejorar la calificación fiscal del municipio en las auditorías regulares de la Contraloría General de Antioquia (CGA).
En otras interceptaciones telefónicas, el contralor auxiliar Ortiz Ossa habla con la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín Daza, y le promete enviar vía Whatsapp la lista de contratos que se revisarían durante la auditoría.
“Usted (Zuluaga) impartió las directrices para que las auditorías fueran selectivas y direccionadas (...) a sabiendas de que la ley ordena que se hagan al azar, algo de lo que usted tiene conocimiento”, dijo la fiscal.
