Una cofradía de cabecillas delincuenciales ha venido uniendo sus redes en los últimos tres años, hasta conformar una sociedad con influencia en más del 60% del territorio del Valle de Aburrá.
De acuerdo con información de Inteligencia de la Policía y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta coalición ilegal estaría encabezada por Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” 0 “Carlos Chata”, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares por colaboración que lleve a su captura.
Le siguen Diego Alberto Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) y Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”), con quienes habría extendido su alcance desde Barbosa hasta Envigado.
A esta alianza le rendiría cuentas, presuntamente, uno de los personajes que más ampolla levanta cuando se pregunta por él en estos días en Medellín: “Pedro Pistolas”.
Este apodo, que desde 2012 es asociado con los combos del centro de la ciudad, denominados “convivires”, está relacionado con las discrepancias que hoy tienen distanciados a los jefes del poder administrativo y judicial de la metrópoli antioqueña: el alcalde Federico Gutiérrez y el director Seccional de Fiscalías, Germán Darío Giraldo Jiménez.
Malestares públicos
Fuentes de la Alcaldía y de la Fiscalía le narraron a EL COLOMBIANO, solicitando la reserva de su identidad, que los desacuerdos entre el burgomaestre y el fiscal comenzaron en enero.
La razón fue que el jurista, supuestamente, intercedió ante Gutiérrez para que conservara en la Gerencia del Centro a su hermano Jorge Iván Giraldo Jiménez, quien ejercía el cargo desde julio de 2012.
“El Alcalde le dijo que no, que él venía con su propio grupo de trabajo, pero a la salida de un consejo de seguridad Germán Darío llevó a su hermano Iván para que hablaran los tres, y Federico lo tomó como una presión indebida”, narró una funcionario de la administración municipal.
Finalmente, Gutiérrez designó en el cargo a Pilar Velilla.
El siguiente disgusto se presentó con el supuesto plan criminal para eliminar al Alcalde, conocido en febrero.
Un ciudadano con récord de denuncias en múltiples casos, manifestó en la Procuraduría (01/2/16) que varios delincuentes, entre ellos “Tom” y “Pedro Pistolas”, pretendían atentar contra Gutiérrez para socavar su intención de recuperar el Centro a favor de la legalidad.
La denuncia fue remitida a la Dirección Seccional de Fiscalías, donde pasaron siete días antes de que le informaran al Alcalde.
De esta situación, Gutiérrez se quejó públicamente el pasado 18 de febrero: “No entendemos cómo una denuncia tan grave, donde hay advertencias, nombres, sitios, y que apenas nos estemos enterando como autoridades”.
En respuesta, Giraldo ordenó un allanamiento al hotel Lafallete de la comuna 10, donde según el denunciante se fraguó el atentado.
Hubo cerca de 200 hombres del CTI y la Policía, con apoyo perimetral del Ejército. Adentro no hallaron nada, y afuera los militares detuvieron a un vicioso con 40 gramos de marihuana; pese a esto, Giraldo reportó a la Administración que el atentado contra el alcalde había sido frustrado.
La tercera desavenencia se presentó ese mismo mes, cuando el Director Seccional ordenó frenar unos acercamientos entre la Unidad Seccional de Vida de la Fiscalía y unos cabecillas de la organización “la Oficina”, quienes a cambio de beneficios judiciales confesarían crímenes y ayudarían a esclarecer otros, en lo que se denomina principio de oportunidad.
Como prueba de buena fe, los cabecillas (hoy condenados) Julián Andrey González (“Barny”), Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón Castro (“el Saya”) entregaron a las autoridades una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, y facilitaron el sometimiento a la justicia de alias “la Pecosa”, un sujeto que tenía orden de captura pendiente por extorsión.
Este diario conoció el informe preliminar de esa negociación, en el que los citados delincuentes se comprometían a colaborar en 10 situaciones particulares.
La número 4 decía: “contextualización de los homicidios del Centro, centros de operación y grupos inmersos (convivir, hermanos Osorio, Pedro Pistolas, Terraza)”.
Sumando a los antecedentes mencionados, que ahora Giraldo bloqueara un proceso que podía terminar con el desenmascaramiento de “Pedro Pistolas”, el tipo que al parecer quería matar al Alcalde, fue la gota que llenó el vaso.
Gutiérrez se quejó ante el fiscal General (e) de ese entonces, Jorge Perdomo, quien citó a Giraldo a una reunión en Bogotá. Cuando regresó, en marzo, contaba con el respaldo de la Dirección Central de la Fiscalía, en contravía de lo pretendido por el mandatario local.
La desconfianza del momento quedó evidenciada el 10 de marzo, cuando el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, vino a un consejo de seguridad a Medellín.
Invitaron a los principales entes de seguridad, menos a Giraldo; en vez de él, hubo un delegado de la Fiscalía enviado desde Bogotá.
El último episodio en este distanciamiento entre la Alcaldía y la Fiscalía Seccional se dio este lunes, cuando Gutiérrez se quejó, de nuevo en público, porque “la Fiscalía no ha hecho nada para capturar a ‘Pedro Pistolas’” y reiteró que le preguntó a Giraldo por ese cabecilla en un consejo de seguridad, y que su respuesta fue que “no tenía ningún tipo de información”.
EL COLOMBIANO buscó tanto a Giraldo como a Gutiérrez, para ampliar sus declaraciones frente a estos hechos. Ninguno quiso pronunciarse. Nuestras páginas están abiertas para conocer sus puntos de vista.
La continuidad en el cargo de Giraldo no es segura en este momento, tras la llegada del nuevo fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien todavía no ha definido a sus directores nacionales ni seccionales.
¿Quién es “Pedro Pistolas”?
En un organigrama de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado (que depende de la Dirección Central en Bogotá), aparece “Pedro Pistolas” como cabecilla de las “convivir” del Centro, aunque sin identidad.
Su nombre y cédula figuran en un expediente de la Fiscalía Especializada de Medellín, basado en un informe del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del 14/12/06.
El reporte señala que “Pedro Pistolas” se llama Pedro Javier Piedrahíta Ceballos y que en ese entonces era presunto “coordinador de un grupo de autodefensas en el casco urbano de Anorí”.
Nació en 1962 en Yarumal y es hijo de Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, un paramilitar que se desmovilizó en 2006 del bloque Mineros de las Autodefensas.
La Policía asocia a “Pedro Pistolas” con el control de varios grupos de “convivir” del Centro, extorsiones, plazas de vicio y supuestas acciones de lavado de activos en locales comerciales del sector El Hueco. No obstante, a la fecha no tiene orden de captura, ni deudas pendientes con la justicia, por lo que deambula tranquilamente por la calle.
En su historial judicial le figuran tres incautaciones de arma de fuego con salvoconducto (2007), en el barrio La América.
Su hermana Olga Piedrahíta fue detenida en 2009 en una finca del municipio antioqueño de Venecia, y condenada a 36 meses de prisión por estar involucrada en una red de laboratorios de droga de “la Oficina”, según el informe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Goes).
El 26 de mayo de 2012, “Pedro Pistolas” fue víctima de un atentado sicarial en Laureles. Al mes siguiente, un policía anónimo envió a este diario el siguiente mensaje por internet: “hace más de 20 días un ciudadano llamado Pedro José Piedrahita (SIC), sufrió un atentado y fue llevado a la clínica Las Américas. Mis compañeros comentan entre dientes que es el duro del centro, dueño de las más grandes plazas de vicio, y que tiene comprada casi la totalidad de la estación Candelaria, con ligas a patrulleros y nómina de 500MIL pesos por policía, y me lleno de indignación y tristeza al ver que a mi institución la está penetrando la corrupción (...). Mi preocupación crece al ver con mis propios ojos cómo compañeros lo visitan y un fiscal le da protección (...). Este señor sale escoltado en una camioneta de altos mandos y 3 motos como si en ella estuviera mi General”.
El general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, ratificó esta semana que “‘Pedro Pistolas’ lleva tiempo afincado en el centro de la ciudad, maneja el microtráfico ligado a los habitantes de calle, la extorsión, funge como comerciante en venta de comidas y algunos negocios que tiene allí”.
Alianza criminal
Mientras el poder administrativo y el judicial de Medellín parecen distanciados, el crimen organizado continúa extendiendo sus redes sin interrupción.
Se presume que “Pedro Pistolas” estaría asociado con una división de “la Oficina” liderada por alias “Tom”, el hombre más buscado del Valle de Aburrá.
Según el informe de recompensa del Departamento de Estado de EE.UU., “en 2012 fue seleccionado por otros miembros de ‘la Oficina’ para ser su líder, en reemplazo del capturado Ericson Vargas Cardona (’Sebastián’)”.
En 2014, “Tom” fue incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro, que le aplicó sanciones económicas, congelando sus cuentas bancarias y transacciones comerciales.
La Policía Metropolitana, que también ofrece una recompensa de $150 millones por su captura, lo sindica de liderar la “Odín los Chatas” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos con influencia en las localidades de Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa, La Ceja, El Retiro y San Pedro de los Milagros.
Junto a él, en la Lista Clinton también fue incluido su socio “Diego Chamizo”. De acuerdo con la Fiscalía, lidera la “Odín Caicedo”, con presencia en las comunas 8, 9 y 10 de Medellín.
Las autoridades lo buscan por su presunta participación en desplazamientos forzados, sicariato y tráfico de drogas.
EE.UU. persigue igualmente a “Mateo”, el supuesto cabecilla de la “Odín Trianón”, con injerencia en los municipios de Envigado, Sabaneta e Itagüí, y la comuna de El Poblado en Medellín.
La alianza la completa “Soto”, supuesto cabecilla de “la Odín Picacho”, cuyas facciones se extienden por las comunas 5, 6 y 10 y el corregimiento San Cristóbal de la capital paisa, al igual que en los barrios París, Maruchenga y Nuevo Jerusalén, del suroccidente de Bello.
En la Fiscalía avanza una investigación en su contra, por su presunta participación en una masacre de cinco personas, ejecutada el 1° de abril de 2011 en el barrio Santander. Dentro de un taxi fueron acribillados dos de sus enemigos y tres mujeres (una de ellas adolescente y la otra embarazada).
Por los hechos, que siguen sin resolución, fueron destituidos tres policías de la estación Santander, por su supuesta complicidad con los sicarios de “Soto”.
Las “odines” controladas por estos cinco cabecillas reseñados, tienen bajo su control a cerca de 100 combos del área metropolitana, dedicados al homicidio, el tráfico de drogas, desplazamientos forzados, extorsiones, desapariciones y amenazas, entre otras conductas punibles.
“Tom”, “Diego Chamizo”, “Mateo”, “Soto” y “Pedro Pistolas” no solo tienen en común su aparente cofradía delincuencial, sino que llevan más de dos décadas actuando a la sombra y con impunidad.
350
combos y 10 “odines”, aproximadamente, actuarían en el Valle de Aburrá.
