Los enfrentamientos entre grupos de marchantes y la Fuerza Pública, y el incremento de homicidios y hurtos tras la reapertura económica, son los temas que concentran la atención de las agencias de seguridad de Medellín en la actualidad.
Sobre esto conversamos con el general (r) José Acevedo, secretario de Seguridad de la capital paisa, quien ha estado al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el inicio de las protestas (abril 28).
El comité del Paro dejó de convocar a marchas, ¿por qué siguen las protestas y actos de vandalismo?
“Desde el 15 de junio el Comité del Paro dijo que no continuaría con esas actividades, sin embargo aquí hay un grupo que se denomina Primera Línea Aburrá, que en un comunicado expuso que no hace parte de ese comité y que seguirán en su protesta. La protesta pacífica constitucionalmente está reglada, y ante eso uno tiene que acompañarla, para garantizar los derechos. Pero siempre al final se termina con un enfrentamiento, por el querer de algunos manifestantes de generar vandalismo. Algunos dicen que el Esmad es el que genera esos hechos, pero no, este solo aparece cuando hay que intervenir. Medellín tiene un PMU donde se toman decisiones concertadas, entre la Fuerza Pública y otros organismos como la Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, Personería, varias secretarías, Emvarias, el Metro, y hace más de un mes nos acompaña la ONU, garantizando que las decisiones que se toman protejan los derechos de las personas”.
¿La ONU qué valor agregado le da a las actuaciones?
“Ellos vinieron como observadores. Este PMU es referente nacional por los integrantes, la forma como toman las decisiones. Cuando llega la ONU, se dan cuenta de la forma tan articulada como trabajamos, dan sugerencias frente al manejo de situaciones de Fuerza Pública, se reúnen con la Policía, que acata sus recomendaciones. La ONU no participa en la toma de decisiones, si hay algo anómalo ahí lo informarán, pero es bueno decirle a la ciudadanía que todo lo que sucede en este PMU queda grabado, hay una bitácora desde que iniciamos el 28 de abril, para futuras investigaciones”.
¿La ONU solo hace observaciones cuando interviene la Policía, o también cuando hay vandalismo?
“Ellos vigilan a los organismos del Estado. También tienen personas que verifican en el terreno estas situaciones, y ahí se evidencia lo que verdaderamente está pasando”.
Hay un patrón en el vandalismo: inicia a las 6:00 p.m. en Carabobo Norte, y pasa a La Alpujarra. ¿Qué otros patrones conocen ustedes?
“A pesar de que hay recorridos, pocas veces se generan confrontaciones en otras partes, por lo general siempre terminamos la confrontación en Moravia. Si el Esmad no aparece, estos mismos jóvenes nos lo manifiestan y se lo dicen a los funcionarios del Ministerio Público, que ellos lo que quieren es pelear con el Esmad. Por eso digo que esto tiene otros tintes. Hacen un desplazamiento por varias partes de la ciudad, con actividades culturales, y no entendemos por qué quieren el enfrentamiento con el Esmad. Hace 15 días terminaron frente al C.C. Aventura, dañando adoquines y semáforos, y su razón fue que si no aparecía el Esmad, quemaban el centro comercial. Y como no apareció, lanzaron 20 bombas molotov contra ese lugar. Eso es un delito. Ahí toca actuar. Así empiezan los hechos de violencia y siempre terminamos en ese sector de Moravia”.
¿Por qué terminan allá?
“Allá hay grupos delincuenciales que patrocinan esos disturbios, esto hace parte de una investigación. Cuando hay disturbios se requiere concentrar en ese sector más policías, lo que deja menos presencia en otros lugares para poder hacer sus fechorías. Ante esto, en los últimos 15 días nos sentamos con el comandante de Policía Metropolitana y ya se retomaron los cuadrantes y servicios ordinarios, y se dedicó un personal con exclusividad al tema de protesta, para evitar que los vándalos aprovechen la ausencia de Fuerza Pública en otros territorios”.
El director de la Policía, general Jorge Vargas, dijo que, al margen de las protestas, la Policía está bajo ataque. ¿Usted percibe lo mismo?
“Sí, no sé por qué se termina atacando a la Policía, que es una fuerza constituida para salvaguardar la vida de todas las personas, y no sé por qué no se entiende que cuando hay un hecho de violencia, ellos tienen que atenderla, la misma Constitución se lo ordena. Aquí usted no ha visto una confrontación cuerpo a cuerpo entre el Esmad y los manifestantes, usted ve que acude la tanqueta, que está permitida, hombres con granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, pero no siempre están utilizando estos elementos. Hacen presencia disuasiva inicialmente, estos jóvenes se desahogan contra la tanqueta, le tiran de todo; se actúa con hombres cuando la cosa se vuelve compleja. Frente a la infraestructura física de la Policía, se han tomado otras acciones, como la ubicación de vallas en los CAI y estaciones neurálgicas en los recorridos que ellos hacen. Hay gente que dice que la Policía abusa mucho, posiblemente habrá algunos muchachos que abusen de la fuerza, pero eso está en investigación. En el PMU se garantiza que esa Fuerza Pública actúe con respeto por los DD.HH. Un ejemplo: aquí no hay muertos, aquí no han quemado una estación policial o un CAI, hemos sabido manejar las cosas, Dios quiera que en ningún momento se nos salga de las manos”.
¿Y sobre las quejas de desapariciones?
“Tampoco tenemos desaparecidos, hay una mesa técnica en la que se verifica uno por uno. Hay un interrogante alrededor de casi 20 muchachos, por no tener información clara. Dicen: ‘está desaparecido Camilo, no sabemos más’; llamamos al que denunció, no contesta, los datos son incompletos y no hay denuncias en Fiscalía. Tenemos formas de garantizar el derecho a la protesta. Algo que nos ha servido son las transmisiones en vivo de esos muchachos”.
¿Por qué?
“Una fortaleza de Medellín es que tiene 2.886 cámaras, aquí cualquier movilización es seguida paso a paso, muy pocas veces quedamos sin ojos. Sin embargo, cuando estos muchachos empezaron a hacer transmisiones en vivo, vemos lo que está pasando directamente en el terreno. Casi que advierten qué pasará, entonces uno puede tomar decisiones. Sirve inclusive para judicializar y garantizar que cuando se ordena actuar a la Fuerza Pública, lo haga acorde a los protocolos”.
