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Cárcel para concejal antioqueño señalado de usar a un joven para traficar con drogas

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12 de marzo de 2019
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Uno de los actuales concejales del municipio de San Francisco, en el Oriente antioqueño, afronta graves acusaciones judiciales.

Se trata de Ancísar de Jesús Morales Zuluaga quien enviado a la cárcel como presunto responsable de tráfico de estupefacientes y utilización de menores para la comisión de ilícitos.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía: “el procesado le habría pagado a un menor de 17 años de edad para que distribuyera marihuana en esa población”.

(Lea aquí Califican como montaje judicial captura de concejal (y líder social) en el Oriente antioqueño)

El menor de edad implicado en el caso reconoció el hecho ante los investigadores y detalló que el concejal supuestamente le pagaba entre 50 mil y 60 mil pesos diarios por vender la droga en el municipio.

Además, contó que una vez la policía de San Francisco le incautó el estupefaciente y el concejal lo amenazó con una arma de fuego para que le pagara la mercancía perdida.

La Fiscalía detalló además que durante la diligencia de captura los servidores del CTI incautaron una escopeta y 14 cartuchos. El concejal procesado no se allanó a los cargos imputados.

¿Montaje judicial?

Un grupo de más de 40 organizaciones sociales del Oriente antioqueño y del Valle de Aburrá denunció que la captura de Ancísar Morales Zuluaga, un reconocido líder social del municipio de San Francisco, se trataría de un montaje judicial.

El concejal, quien llegó a la corporación de la mano del partido Alianza Verde, es además un reconocido líder comunitario e integra la junta directiva de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA):

El comunicado de las organizaciones sociales - entre las que resaltan la Asociación Campesina de Antioquia, la Corporación Jurídica Libertad, el Instituto Popular de Capacitación o el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio - destaca además que Ancísar Morales Zuluaga es un líder de víctimas en el municipio:

“Estas son graves acusaciones contra un defensor de derechos humanos, que proviene de una familia humilde, víctima de crímenes de Estado (ejecución extrajudicial), y que se ha destacado por ser un líder social, comunal y campesino que ha ayudado a emprender programas dirigidos hacia esta población. Además, en su labor como concejal se ha destacado por ser uno de los pocos que se atreve a denunciar la criminalidad y el aumento del consumo de estupefacientes y microtráfico en su municipio”.

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