Tras investigar una serie de denuncias por presuntas inconsistencias e irregularidades, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Universidad Nacional sede Medellín repetir la prueba de conocimientos que hizo en medio del concurso público para elegir a la próxima cabeza de la Contraloría de Antioquia.
Considerando que durante ese examen se habrían cometido algunas faltas que podrían bajo duda confidencialidad y la custodia del material de la prueba, ese ente de control recomendó que, para garantizar la integridad del proceso, esa institución debería volver a realizar la evaluación.
A lo largo de un documento firmado por el procurador regional de Antioquia, Luis Fernando Bustamante Arismendy, y dirigido a la decana de la Facultad de Minas, Verónica Botero Fernández, el ente reveló los resultados de una inspección realizada a esa institución, en donde habría encontrado varios hechos que consideró preocupantes.
Dentro de los puntos más álgidos, la Procuraduría alertó que una de las personas que habría vigilado la prueba al parecer no estaría vinculada con la universidad.
“El funcionario comisionado pudo verificar que el material fue distribuido por la señora Sara Pinilla Toro, quien suscribió el acta de visita que reposa en el expediente”, narró Bustamente en su carta, alertando que Pinilla habría admitido no tener vínculo jurídico alguno con la institución.
“(...) se pudo constatar (con algunos aspirantes) que la señora Pinilla Toro participó en la logística de la jornada de exámenes del 28 de octubre, situación que puede comprometer la confidencialidad de la misma”, denunció el servidor público.
Bustamante alertó además que un docente de esa institución designado como coordinador del concurso al parecer no habría “garantizado un protocolo escrito de confidencialidad del contenido del cuestionario”, comprometiendo eventualmente la transparencia y el debido proceso.
Por otra parte, la Procuraduría consideró relevante el hecho de que dos concursantes obtuvieran un puntaje casi perfecto, con un resultado por encima del 90 %.
Tal como lo contó este diario el pasado 4 de noviembre, los dos puntajes más altos de la prueba fueron obtenidos por dos mujeres identificadas como Carmen Cecilia Escobar David (con 96 puntos de 100) y Enedith del Carmen González Hernández (con (92 puntos de 100).
Mientras Escobar David es recordada como una ficha cercana al excontralor Sergio Zuluaga, al punto de estar involucrada en una presunta irregularidad en 2016 cuando éste renunció a la Procuraduría de Medellín para asumir su cargo, González Hernández es la actual contralora del municipio de Itagüí y según algunas denuncias conocidas por EL COLOMBIANO sería cercana al senador conservador de ese mismo municipio Carlos Andrés Trujillo.
Al ser consultado por su cercanía con González Hernández, el senador Trujillo rechazó estar incidiendo en el concurso público y consideró descabellado cuestionar el papel de la Universidad Nacional.
Así mismo, el parlamentario reiteró no tener ninguna incidencia en la elección del contralor de Antioquia y pidió no ser involucrado en estas acusaciones.
Teniendo en cuenta que con esa prueba, de un total de 170 candidatos solo quedaron 13 en el concurso, la Procuraduría planteó en su solicitud que esas presuntas inconsistencias podrían comprometer la integridad del concurso público, por lo que insistió en repetir la evaluación.
“(...) le solicito evaluar la posibilidad legal de repetir la prueba de conocimientos (...) en la cual se garantice un protocolo de confidencialidad y seguridad en la selección de preguntas y custodia del material”, escribió Bustamente.
Reparos en el concurso de Envigado
En el municipio de Envigado, en donde también se adelanta un concurso público para la elección del contralor, este miércoles se conocieron presuntas inconsistencias en una prueba de conocimientos, en este caso realizada por el Tecnológico de Antioquia.
En calidad de concursante, la actual contralora de Antioquia Elsa Yasmín González Vega, envió un reclamo a esa institución asegurando que varias de las preguntas del examen no tenían nada que ver con temas de control fiscal e incluso se habían quedado por fuera componentes relacionados con contratación estatal, entre otros.
“Varias de las preguntas se encontraban mal formuladas y algunas carecían de opciones de respuesta, por ejemplo, faltaba el literal “d” como opción de respuesta”, escribió González Vega.
