Según el Ministerio Público, los dos uniformados habían acordado pasarle información al grupo delincuencial, así como evitar realizar operativos bajo su jurisdicción.
La Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos contra dos miembros de la Policía Nacional desplegados en la subregión del Urabá por haber realizado acuerdos con el grupo delincuencial Clan del Golfo por cuatro años, que allí opera.
De acuerdo con esta entidad, el intendente Óscar Eduardo Hernández y el patrullero Pablo Alberto Montero –apoyados en sus cargos y funciones– llegaron a un “acuerdo” económico con miembros de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo para que los policiales les entregara periódicamente información sobre la presencia de la fuerza pública en la zona así como los operativos planeados desde la entidad policial contra el Clan.
Según determinó la Procuraduría, el patrullero inició un acuerdo a través del intendente Hernández para no perseguir ni realizar operativos contra el Plan del Golfo a cambio de una contraprestación mensual que presuntamente repartía con el suboficial de la Policía.
La entidad señaló que estos hechos se dieron desde el 10 de marzo de 2018 cuando Montero se desempeñaba como secretario de la subestación de la Policía del corregimiento de Pavarandó, en el municipio de Mutatá y Hernández hacía parte de la Policía Urabá; y se mantuvieron hasta el día de sus capturas, el 22 de mayo de 2020.
A raíz de esta situación, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el intendente y el patrullero de la Policía, por lo que próximamente se conocería la sanción a la que se enfrentan desde el Ministerio Público por sus acciones.
Cabe recordar que en agosto de 2023 la misma Procuraduría también inició investigación disciplinaria en contra de un intendente Jefe y comandante de la subestación de Policía de Pavarandó, ya que al parecer este también recibía contraprestación económica por entregar información y colaboración con el Clan del Golfo.
La investigación en contra del suboficial policial surgió a partir del testimonio rendido por el condenado Ruben Darío Rojas Tamayo, alias Culopelao, en las que involucró en la comisión de actos de corrupción a servidores públicos y nexos de estos en Pavarandó y el Urabá con grupos al margen de la Ley como el Clan del Golfo, luego de que su jefe alias Otoniel hablara de este tema en la JEP.
Y es que las acusaciones de Otoniel también involucraron a otros 62 funcionarios públicos, entre militares, policías y políticos –sobre todo del Urabá y de otras zonas del país donde opera el Clan– los cuales actualmente son investigados por la justicia.
