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Plaza Mayor era propensa a fraudes, según auditoría
Evaluación y Control del Municipio halló desorden en compras, contratos y negocios inmobiliarios en el período 2014-2015.
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Plaza Mayor es una empresa mixta, controlada por el Municipio. FOTO Juan Antonio Sánchez
Ocho contratos que valen 1.353 millones de pesos y de los que no aparecen los expedientes; trece contratos sin documentos originales de soporte y cuyo monto supera los 3.771 millones de pesos; 36 contratos que suman 8.177 millones de pesos y en los cuales ni a uno el supervisor le hizo seguimiento; órdenes de servicio firmadas por el secretario General, pero sin el nombre y la firma de los contratistas y hasta carpetas en las que una analista, sin aportar documentos oficiales, certificó que contratistas no tenían antecedentes fiscales ni disciplinarios.
Hallazgos como estos fueron realizados por la Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Medellín, en desarrollo de una auditoría a Plaza Mayor Medellín, fechada 13 de abril de 2016. Los auditores analizaron el período 2014-2015, que cubre las gerencias de Gabriel Jaime Rico Betancur y Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, así como la secretaría General de Fernando Córdoba Carmona.
El informe estableció que la empresa mixta, controlada accionariamente por el Municipio de Medellín, fue débil en el control de contratos, compras y gestión inmobiliaria, quedando por ello expuesta a riesgos en materia de fraudes, corrupción, pérdidas de dinero y de su misma reputación. De hecho, de 79 riesgos detectados, 48 fueron calificados como “extremos”.
Al revisar una muestra de los expedientes físicos de 44 contratos, cada uno con valor superior a 34,9 millones de pesos, los auditores no pudieron verificar ocho, porque los mismos no les fueron suministrados por la dirección Jurídica de Plaza Mayor.
Ahora bien, de los 36 recibidos, en el 36 por ciento no estaban los originales, sino copias, débiles en eventuales litigios. En 18 no hubo análisis de oportunidad y conveniencia, ni la justificación para requerir o no pólizas. El 50 por ciento carecía de la aprobación de pólizas por parte de la Secretaría General. El 22 por ciento no tuvo asignado interventor. En el 50 por ciento no hubo actas u órdenes de inicio. Y ni uno tenía suscrita la declaración de las inhabilidades e incompatibilidades del supervisor.
Sin rigor contractual
En los contratos hasta 34,9 millones de pesos los auditores tampoco pudieron verificar siete, porque no les entregaron los expedientes. Luego de analizar 17 contratos físicos y 23 en el software detectaron que: en el 73 por ciento de las órdenes de servicio no hubo estudio de mercado con tres cotizaciones; en el 90 por ciento no hubo análisis y evaluación de propuestas.
En el 100 por ciento no hubo aprobación del Comité Asesor de Contratación; en el 90 por ciento no hubo la orden de adquisición dada por el supervisor; en el 100 por ciento faltó la declaratoria de inhabilidades e incompatibilidades del supervisor; en el 100 por ciento el supervisor no hizo seguimiento para garantizar que todo se hiciera bien y en el 35 por ciento no hubo acta de liquidación.
Entre los documentos que llamaron la atención de los auditores, está una “carta de recomendación para la elección del proveedor por Plaza Mayor por parte del supervisor del contrato”.
Un software poroso
Los sistemas informáticos de Plaza Mayor también son muy débiles. Tanto, que un coordinador les dijo a los auditores que “los archivos que se cargan como soporte de los procesos contractuales podrían ser alterados, modificados o dañados e inclusive eliminados, teniendo en cuenta que la carpeta en la cual reposan lo permite, sea por el usuario creador o por quien tenga acceso por parte de dicha área”.
La auditoría detectó siete órdenes de servicio que no fueron generadas en tiempo real en marzo, mayo, junio, julio y agosto de 2015, pues apenas las vinieron a descargar en el sistema el 11 y 12 de febrero de 2016, coincidiendo con el trabajo que venían haciendo los auditores.
Otra área que salió mal librada en este examen fue la de negocios inmobiliarios.
Al cierre del 2015 a Plaza Mayor sus inquilinos le debían más de 685 millones de pesos.
Y de diez expedientes físicos recibidos sobre arriendo de bodegas, locales y oficinas, los auditores vieron, entre otras cosas, que el 60 por ciento no tenía pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual por parte del arrendatario
Periodista y escritor. Diplomado en información económica y financiera, Geopolítica y finanzas para no financistas.
