Empresas Públicas de Medellín -EPM- confirmó este miércoles que el martes 12 de enero presentó las demandas de indemnización por las fallas en la construcción de Hidroituango, las cuales se elevaron ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara Comercio de Medellín.
Ante el primer tribunal la demanda se da en el caso de los consorcios por un monto de $9.9 billones, y en el segundo por $5,5 billones, partiendo de la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros.
“Es importante mencionar que, en ambos escenarios judiciales, se contemplan ejercicios de conciliación que nos brindan una nueva oportunidad para buscar una solución integral a las diferencias derivadas de la contingencia”, afirma EPM en un comunicado de 12 puntos en el cual ratifica que el proceso busca, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, hacer valer sus derechos.
Como se recuerda, la posibilidad de una conciliación entre EPM y los constructores de la hidroeléctrica quedó rota el pasado 9 de enero, cuando terminó la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, en la que se buscaba llegar a un acuerdo sobre las pretensiones por valor de $9,9 billones, por los perjuicios ocasionados tras el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), en abril de 2018.
Según se informó en agosto de 2020, cuando se inició el proceso, la decisión de EPM se tomó tras la revisión de 1.230 registros documentales en los que se identificó que el consorcio diseñador (Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor (CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor (Ingetec-Sedic) conocieron durante el desarrollo del proyecto que había problemas para cumplir con la entrada en operación comercial de las unidades de generación.
El Grupo EPM ratificó su compromiso “de avanzar en el proceso de ajuste técnico hasta lograr la indemnización de las pérdidas en el marco del contrato de seguros suscrito con la compañía Mapfre” y recordó que “tanto la Procuraduría General de la Nación como el Gobierno Nacional y la Contraloría General de la República acompañaron ampliamente las discusiones en el marco de la conciliación extrajudicial, buscando siempre garantizar la finalización del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, por ser de interés nacional, como quiera que representa el 17% de la generación de la energía del país”.
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