Procuraduría indaga posible compromiso de gente dentro de alcaldías con redes que “disfrazan” el oro ilegal mediante la manipulación de bases de datos oficiales.
Que en el país, y en particular en las zonas auríferas antioqueñas, hay oro ilegal al que le dan un “maquillaje” de legalidad para comercializarlo y sacarlo incluso a mercados internacionales es algo conocido de tiempos atrás; pero lo nuevo es la sospecha de que alrededor existe una red de corrupción que incluso puede comprometer a las alcaldías.
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En ese sentido, el Gobierno y la Procuraduría General de la Nación están detrás de la pista de los funcionarios que en varios municipios de este departamento estarían manipulando las bases de datos oficiales para reconocer como mineros artesanales a quienes no lo son, y de esta manera ayudan a ponerle ese disfraz al metal precioso.
“Desafortunadamente, el tema ha ido creciendo, pero ya la Procuraduría nos solicitó información sobre esos municipios que están inscribiendo regularmente ‘barequeros’ en la plataforma de Génesis”, le dijo a EL COLOMBIANO el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo. El funcionario no dio los nombres de los municipios en los que se estaría presentando esa irregularidad debido a que, según explicó, la idea es no entorpecer la indagación al respecto, pero confirmó que, en general, están localizados en la subregión del Bajo Cauca.
La consecuencia de estar en el Génesis es que esto autoriza a una persona a vender oro. Esta es para el Gobierno una herramienta que garantiza la trazabilidad del mineral. Se maneja desde la ANM, pero cada alcaldía de zonas mineras cuenta con un usuario y una contraseña para ingresar los datos de quienes ejercen la minería de subsistencia en su territorio.
Entre los requisitos está que el inscrito tenga Registro Único Tributario (RUT) y la respectiva Alcaldía debe dar una certificación del sitio en el que el minero “chatarrea” –así llaman también a esa actividad artesanal en el argot popular–, que obviamente, debe quedar en la misma jurisdicción. Ahí sería donde se estaría presentando un negocio ilícito con esa documentación.
Lo grave con el Génesis es que, aunque los mandatarios locales pueden delegar en otro funcionario, siguen siendo ellos los directamente responsables de la veracidad de la información que allí se consigne y por eso tendrían dificultades para esquivar una posible sanción disciplinaria o hasta penal en caso de comprobarse las irregularidades.
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Uno de los indicios que llevó a pensar a las autoridades que le estarían “haciendo conejo” al registro oficial es que a la hora de confrontar la información hallaron personas que figuraban allí y que no tienen Sisbén y este es justamente uno de los requisitos que se debe acreditar.
Se trataría de una práctica continuada y eso querría decir que el número de casos es alto, lo cual es relevante si se tiene en cuenta que algunos cálculos indican que hasta el 85% del oro que exporta Colombia es obtenido con grado mayor o menor de ilegalidad.
A los precios internacionales astronómicos de hoy (más de 3.100 dólares la onza troy) sería un negocio más rentable que la misma coca y es la razón para que los grupos ilegales se disputen el control de las principales zonas de extracción.
Una fuente consultada por este diario, y que pidió reserva de la identidad, indicó que se ha vuelto una práctica común que los mineros que tienen dificultades para declarar el oro que obtienen como si fuera producto de la pequeña minería (el tope es de 35 gramos al mes) o los dueños de compra-ventas llevan personas incluso desde Medellín para inscribirlas como mineros artesanales. Y, por supuesto que para eso requieren de la complicidad de alguien en el sector oficial que se haga el de la vista gorda.
El asunto es que pocos denuncian porque saben que detrás hay –aparte de los funcionarios públicos cuya actuación ahora es investigada– organizaciones criminales que acuden a lo que sea.
A finales de 2021, la ONG IPC (Instituto Popular de Capacitación) recogió testimonios de campesinos y pequeños mineros del Bajo Cauca que estarían siendo suplantados en Génesis. Uno fue un agricultor de El Bagre que mezclaba los cultivos con el “mazamorreo” para lograr el sustento familiar. Su asombro fue tremendo al ser conminado por la Dian a declarar renta debido a dizque había vendido más de $500 millones en oro. Fue a la compra-venta donde se suponía que había hecho la transacción y, palabras más, palabras menos, le dijeron “póngala como quiera”.
Según el IPC, posteriormente lo abordaron dos hombres en una moto y uno de ellos le dijo que lo habían mandado a matarlo, que se fuera. Y días más tarde fue el supuesto sicario el que apareció muerto.
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También Verdad Abierta había denunciado hacia 2017 que “para legalizar las compras, comercializadores inescrupulosos les están falsificando las firmas en documentos oficiales a quienes están registrados bajo esa condición ante la Agencia Nacional Minera. Miles de ellos, sin saberlo, ya son evasores de impuestos”, dijo el portal citando el ejemplo de una mujer, también de El Bagre, que apareció como proveedora de una compra-venta y al ir a indagar, la explicación fue que sus datos se los había suministrado la Alcaldía. El problema era que con un registro de $120 millones en supuestas ventas en oro, le retiraron los auxilios que el Estado le daba por Familias en Acción y por ser desplazada. En esta ocasión, como en la otra descrita, la respuesta al pedir que le resolvieran el problema no pudo ser más contundente: “Muerto el perro se acaba la chanda”.
La semana pasada, justamente, la Policía lanzó una ofensiva contra estas redes ilegales en el Bajo Cauca, la cual implicó operaciones de allanamiento y registro a establecimientos dedicados a la compra-venta de oro. En la operación fueron decomisados 5.846 gramos de oro, cerca de $2.200 millones en moneda nacional, 8.800 dólares, un revólver y 420 gramos de mercurio. Eso da para entender cómo se conjuga su poder de corrupción e intimidación.
