“El trauma queda de por vida, uno todavía se acuerda de eso, sueña con eso, pese a que han pasado tantos años”. La escena que recuerda ocurrió hace casi 21 años. Era uno de los 300 soldados de la tropa que patrullaba una zona agreste del Urabá antioqueño, en límites con el municipio de Dabeiba (Occidente).
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Todos los compañeros que lo precedieron, rememora, pisaban una raíz y se impulsaban para dar un paso más adelante. Él intentó hacer lo mismo, pero su pie se resbaló. El paso que dio, directo en una mina antipersonal, le cambió la vida. El exmilitar, quien pidió reservar su nombre, lleva grabado el momento exacto: eran las 7:00 de la mañana del 4 de junio de 2004 cuando activó por accidente el artefacto explosivo que sus enemigos en el conflicto armado, seguramente miembros de las extintas Farc, instalaron allí.
Caer en un campo minado en ese momento era tan probable como inimaginable. Otros soldados ya habían pasado por lo mismo, algunos murieron. Él sabía, dice hoy, que estaban en zona de alto riesgo. Solo unos días antes, dos compañeros fallecieron en un combate en el que otros 60 militares quedaron heridos. Pero no se esperaba que la explosión imprevista le tocara a él. Tal vez casi nadie se lo espera aun en medio de la guerra, reflexiona.
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Al principio lo auxiliaron sus compañeros y el enfermero de combate de la tropa. Estaban en un lugar de difícil acceso en el que un helicóptero no pudo aterrizar. Los demás soldados lo bajaron hasta Dabeiba y lo descargaron en el hospital, a las 2:00 de la tarde del 5 de junio, al día siguiente. Cuatro horas después lo trasladaron a Medellín, donde estuvo hospitalizado dos meses y medio. Perdió la pierna derecha y tuvo graves lesiones en la izquierda y en ambas manos. La recuperación física duró cuatro meses más antes de que pudiera regresar a casa.
Dos décadas después dice que aprendió a vivir con la prótesis, pero que no se trata solo de secuelas físicas. Los daños psicológicos le parecen casi irreparables; la indemnización recibida en ese tiempo, escasa; la posibilidad de volver a trabajar, muy baja; las opciones de tener una casa propia, imposibles.
Su situación es la misma que viven por lo menos otros 60 militares del Urabá antioqueño que empezaron a agruparse desde 2017 en una asociación. Otro de los integrantes cuenta que aunque todos son oriundos de esa región de Antioquia, sufrieron los accidentes en distintas partes del país mientras cumplían sus labores en el Ejército.
La JEP acreditó como víctimas a 11 soldados heridos con minas antipersonal
En medio del panorama que viven, ambos ven como positiva la noticia que hace algunos días dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acreditar como víctimas, en el Caso 04, a 11 antiguos militares heridos por minas antipersonal.
Dicho caso investiga crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, entre 1986 y 2016, en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y San Pedro de Urabá (Antioquia); en El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó); y en Tierralta y Valencia (Córdoba).
La acreditación de los exmilitares como víctimas dentro de este caso se dio luego de que cada uno presentara ante la magistratura el relato y las pruebas de los hechos ocurridos, tras lo cual la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que su integridad se vio afectada por causa de minas antipersonal con lesiones físicas, amputaciones y traumas severos permanentes, y que sus proyectos de vida fueron truncados.
En el auto que determina la acreditación se sustentó la decisión en el hecho de que “el uso de minas antipersonal está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por la legislación colombiana, debido al sufrimiento innecesario que causan y a su carácter indiscriminado”.
Según las cifras oficiales, en Colombia, desde 1990 hasta el 31 de marzo de 2025, se han registrado 12.553 víctimas de minas antipersonal y munición sin explotar. Del total, el 59% corresponde a integrantes de la fuerza púbica y el 41%, a civiles. Asimismo, Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas (2.675), seguido de Nariño (1.156), Meta (1.153), Norte de Santander (973) y Caquetá (954). Es un problema que no cesa y que en los últimos meses se ha recrudecido. De hecho, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 hubo 91 lesionados en Antioquia por estos artefactos, un aumento del 89% respecto a 2023, cuando se contabilizaron 48 casos.
Volviendo a la reciente acreditación como víctimas en el Urabá a los 11 militares y a 12 familiares de algunos de ellos, esto es para la JEP una decisión que trasciende la connotación jurídica, puesto que es un esfuerzo por reconocer la dignidad de quienes han sufrido el conflicto armado en Urabá. Con el auto, la Sala de Reconocimiento solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar sobre las investigaciones que tiene en curso por estos hechos victimizantes en esa región. Asimismo, ordenó al Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP realizar la georreferenciación de los lugares donde ocurrieron los incidentes.
“Para mí, nos deben incluir como víctimas porque somos afectados por la guerra interna de Colombia, para que haya garantías sobre nosotros, porque hay muchas personas que no tienen conocimiento de lo que nos pasó ni de cómo estamos”, concluye ese exmilitar que hoy camina con una pierna derecha que no es de carne y hueso.
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