La veeduría ciudadana Todos por Medellín también fue citada este miércoles por la Viceprocuraduría General para ampliar la queja disciplinaria que presentaron en mayo pasado contra el hoy suspendido alcalde Daniel Quintero por su presunta participación indebida en política.
Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría, explicó que la idea es ampliar detalles sobre los hechos que en su consideración constituyen la participación en política de parte de Quintero para favorecer al candidato presidencial Gustavo Petro, razón por la cual hoy tiene una suspensión provisional y está inmerso en una investigación. Aunque en este caso la ampliación será específicamente sobre los comportamiento del alcalde, en la queja también se ha señalado a funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía.
Entre los hechos que serán detallados se encuentran los ya conocidos, como trinos de Quintero en su cuenta de Twitter, manifestaciones públicas y en medios de comunicación y el recordado video de “el cambio en primera”, entre otros. La veeduría Todos por Medellín, al igual que el diputado Luis Eduardo Peláez, aparecen como quejosos en la investigación que en este momento adelanta la Procuraduría al mandatario local.
Restrepo contó que en la reunión de esta tarde añadirán dos nuevos hechos que también consideran presunta participación en política. El primero de ellos está relacionado con convenios interadministrativos de varias secretarías que finalmente terminaron en contratos con ciertos medios de comunicación y empresas de logística en las que han notado un modus operandi: resaltar la gestión de la Alcaldía y atacar a la oposición o a candidatos y precandidatos presidenciales diferentes a Petro.
Llama la atención de la veeduría que muchos de estos medios no tienen mucha trayectoria, algunos casi no tienen publicaciones o están muy enfocados en los temas antes mencionados, tema ya denunciado en el pasado.
El segundo hecho tiene que ver con el papel que ha jugado la gestora social, Diana Osorio, esposa de Quintero, en la promoción de la campaña de Petro. Si bien, Restrepo aclaró que ella no es funcionaria y no tiene impedimentos para hacer política, pondrán en consideración de la Procuraduría que el alcalde por interpuesta persona, es decir a través de ella, estaría incurriendo en dicha falta, pues la gestora ha tenido gran poder e incidencia en los programas de la Alcaldía, incluso, con personal y recursos públicos a su disposición.
“Cuando se acercaba la fecha de las elecciones legislativas, e incluso de la primera vuelta, ella tuvo mucha preponderancia en redes sociales y el sitio web de la Alcaldía, fue un rol muy importante relacionado con la ejecución de programas, al tiempo que hacía campaña activa por Gustavo Petro”, indicó Restrepo.
Justamente este miércoles, el diputado Luis Eduardo Peláez también se reunió con delegados de la Viceprocuraduría General para ampliar la queja que presentó por Quintero por la misma presunta participación en política. En ese caso, Peláez también informó sobre la inclusión de denuncias por corrupción.
“Tiene que ver con el uso indebido de recursos públicos de esta administración en campañas políticas. Está enfocado en lo que es el tema de la estrategia de comunicaciones que se viene manejando en la Alcaldía y que incluye la creación y pago de falsos medios ‘alternativos y comunitarios’ dedicados a impulsar propaganda política de un candidato y al desprestigio de opositores de Daniel Quintero”, manifestó.
Al respecto detalló que “varios de los recursos de la alcaldía salieron a ciertos medios digitales como Medellín Imparable o NT24, que son instituciones creadas para atacar opositores del alcalde y para hacerle campaña a Quintero, a sus alfiles, y a Petro. Todos estos medios que conforman una plataforma digital son para hacer todo un juego sucio en cabeza de Amauri Chamorro”.
Finalmente, el diputado también entregó al organismo de control pruebas de presuntas presiones a los contratistas de varias entidades de la Alcaldía. “Se les está diciendo que si no gana Petro se les acaba el contrato. Incluso nos han llegado denuncias de que deben poner plata y si no ponen plata, pues no vuelven a tener contratos. Los contratistas presionados pertenecen a cada despacho que maneja buen presupuesto y al que el secretario renunció para ir a hacer política”, aseguró.
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