Dentro de 15 días, ante la Personería de Medellín, se escenificará un nuevo round entre la administración municipal y la oposición, esta vez por los procesos de contratación en la Empresa de Seguridad Urbana (ESU).
Se trata de una audiencia relacionada con una investigación que abrió el Área de Averiguaciones Disciplinarias de la entidad el pasado 12 de enero (caso N° 859063612 -2021), la cual pretende esclarecer si hubo “presuntas irregularidades en el proceso de selección del contrato de vigilancia privada de las entidades que conforman el conglomerado de la Alcaldía de Medellín”, según el Ministerio Público.
Esta historia tiene dos protagonistas. De un lado está el gerente de la ESU, Edwin Muñoz Aristizábal, sobre quien recae la investigación disciplinaria; y del otro, el concejal Alfredo Ramos, excandidato a la Alcaldía y uno de los principales opositores del mandatario local Daniel Quintero, y cuyas denuncias originaron las indagaciones.
Para comprender este asunto, EL COLOMBIANO conversó con ambos y revisó los contratos involucrados en el expediente. Inicialmente, hay que recordar que la ESU fue creada en 2002 en la capital antioqueña, como una empresa industrial y comercial del Estado, destinada a atender las necesidades de seguridad de las áreas urbanas, como la vigilancia, los sistemas integrales (cámaras, software de análisis, etc.), consultoría y logística especializada en el tema.
Es precisamente una de estas funciones la que está en el foco del problema: el servicio de vigilancia privada para las edificaciones conexas a la Administración, como La Alpujarra, colegios y hospitales públicos, secretarías y demás despachos oficiales. La contratación de empresas de vigilancia privada para esos lugares le corresponde a la ESU, previa solicitud de cada oficina.
Las divergencias comenzaron en noviembre de 2020, cuando la entidad publicó un nuevo pliego de condiciones para la selección de esas compañías (código FT-M6-GC-16), que cambió algunos de los requisitos que se venían exigiendo en la convocatoria.
Sobre esas modificaciones, el gerente Muñoz comentó que al recibir su cargo, en el proceso de empalme, notó situaciones extrañas: “Había 10 empresas que siempre ganaban las convocatorias en los últimos 20 años, eso no es común en el sector público”.
En ese proceso recibió algunas quejas sobre supuestos “vigilantes fantasma” que no aparecían en los turnos, celadores que dejaban el trabajo tirado y compañías que estarían ofreciendo servicios que no habían sido acordados en los contratos.
“Cambiamos el proceso drásticamente, para que pudieran entrar alianzas temporales, esto favorece la economía de más empresas y genera más transparencia en los procesos de contratación, les da oportunidad a las empresas pequeñas, dinamizando la economía del sector”, acotó.
Para el concejal Ramos, tales cambios fueron amañados para escoger a ciertas firmas y pagar favores políticos. Esta diferencia en las posturas es la que entrará a esclarecer la Personería.
Para comparar los resultados de estas modificaciones, este diario revisó el pliego de condiciones anterior, publicado por la administración de Federico Gutiérrez el 23 de abril de 2019 (Solicitud Pública de Oferta SPO 2019-5).
Los oferentes debían cumplir una lista de requisitos, cada uno de los cuales les otorgaba un puntaje, siendo el máximo 220. Entre los ítems estaban competencias laborales, talento humano, certificaciones, sello de sostenibilidad, unidad canina, aeronave pilotada a distancia y sucursales, entre otros exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y la Alcaldía.
Las primeras 10 compañías con el mejor puntaje, serían elegidas como “aliados proveedores”, lo que les permitía acceder a diferentes contratos de vigilancia que llegaran a la ESU durante un año.
Tras analizar a los oferentes, el 30 de mayo de 2019 el comité evaluador seleccionó a: 1). Seracis Ltda., 2). Hombre y Perro Ltda. - Dogman Ltda., 3). Seguridad de Colombia Antioquia Ltda., 4). Seguridad Las Américas Ltda., 5). Expertos Seguridad Ltda., 6). Seguridad Oncor Ltda., 7). Seguridad Récord de Colombia Ltda. -Segurcol, 8). Miro Seguridad Ltda., 9). Seguridad Atlas Ltda., y 10). G4S Secure Solutions Colombia S.A.
Adicional a estos beneficiados, en un subproceso el comité evaluador seleccionó a otras tres firmas de la categoría “pequeñas y medianas empresas”: Zona de Seguridad Ltda., Convricor Ltda. y Seguridad Thor Ltda. De esa manera, la ESU quedó con un total de 13 aliados proveedores para cubrir lo que restaba de 2019 y hasta finales de 2020.
El más reciente pliego de condiciones, que introdujo las modificaciones propuestas por la actual Alcaldía (Solicitud Pública de Oferta SPO 2020-4), elevó el máximo puntaje a 280, con la idea de elegir a los primeros nueve con mejor calificación; y permitió la participación de alianzas temporales, conformadas por dos o más compañías.
Cinco oferentes lograron los 280 puntos y en consecuencia fueron seleccionados, según la resolución de la ESU N°332 del 11 de diciembre de 2020: 1). Seracis Ltda, 2). Unión Temporal AR ESU (integrada por Amcovit Security Services y Seguridad RAM Ltda.), 3). Unión Temporal S&A (integrada por Seguridad Récord de Colombia Ltda.-Segurcol y Atalaya 1 Security Group), 4). Unión Temporal ServiBúho (conformada por Servisión de Colombia Ltda. y Búho Ltda.), y 5). Unión Temporal G&Z (integrada por Zona de Seguridad Ltda. y Galaxia Ltda.).
Comparando este proceso con el de 2019, se deduce que solo tres empresas de las 13 que venían trabajando anteriormente conservaron el contrato: Seracis Ltda., Zona de Seguridad Ltda. y Seguridad Récord de Colombia Ltda.-Segurcol; las demás fueron descartadas.
“Ha sido un proceso exigente y queremos mejorarlo, cambiar el modelo y tener otras empresas en este proceso”, comentó Muñoz, y añadió: “Hemos recibido cinco tutelas de las compañías que no pasaron, aduciendo que no se hizo el debido proceso, pero de esas ya ganamos tres”.
A juicio de Ramos, es sospechoso que los $100.000 millones que se esperan invertir este año en servicios de vigilancia vayan a ser repartidos en una menor cantidad de empresas, “eso tiene su venenito”, dijo.
De los proveedores seleccionados, a la Unión Temporal ServiBúho le asignaron el primer contrato (N°202000176). Según la Orden de Servicio N°1, consiste en prestar vigilancia a las distintas sedes de la Secretaría de Educación (incluyendo colegios), el Centro Administrativo Municipal, el Inder (incluyendo escenarios deportivos), la Secretaría de Seguridad, el museo Casa de la Memoria, Colegio Mayor de Antioquia, Instituto Técnico Metropolitano (ITM), Telemedellín, Agencia de Educación Superior de Medellín (Sapiencia), Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), Isvimed (incluyendo proyectos de vivienda), Plaza Mayor, E.S.E. Metrosalud (con unidades hospitalarias), Indeportes (con escenarios deportivos), la biblioteca Pública Piloto y la Empresa de Desarrollo Urbano (con sus proyectos de infraestructura).
Este contrato es de $7.958’215.238, para ejecutar durante 12 meses, desde el 23 de diciembre de 2020.
La discusión
Tras enterarse de las quejas de varias de las empresas descartadas, Ramos criticó algunos puntos del pliego de condiciones en sus redes sociales, a mediados de diciembre pasado. En primer lugar, trinó que la contratación se hacía en una “época fría (vacaciones) para evitar controles”.
En el diálogo con EL COLOMBIANO señaló que, al parecer, las modificaciones fueron para escoger compañías a dedo. “Llama la atención los requisitos que pidieron para los representantes legales de las empresas (parte 4.3.6.): acreditar que trabaja con la empresa proponente por más de 8 años y aportar resolución expedida por la Superintendencia de Vigilancia como consultor por un término mínimo de 5 años. ¿Y entonces qué pasa si la empresa tiene un nuevo representante legal, que no lleve ocho años? ¿No sirve? ¿Y por qué tiene que ser consultor? Pareciera algo amañado para un candidato específico, un pliego tipo sastre”.
El corporado cuestionó que en el sistema de evaluación, en el ítem de capacitación del personal (parte 5.2.1) se le asignaran 100 puntos a quienes acrediten cursos de prevención y atención de desastres, “porque son muchos puntos por eso”; y otros 100 puntos a quienes tengan cursos de promotor de convivencia expedidos por la Policía, “cuando esa Institución ha dicho que dicta esos cursos para la comunidad, no para empresas de vigilancia”, aseveró.
A finales de diciembre hubo un debate en una comisión accidental del Concejo, en la que Ramos expuso sus cuestionamientos y Muñoz dio sus explicaciones.
El gerente de la ESU manifestó que “en la Procuraduría abrieron una indagación preliminar, y ya la cerraron, por lo que pienso que la Personería también hará lo mismo”.
Añadió que sobre el proceso disciplinario en esta última entidad “me enteré por los medios de comunicación, entonces le pedimos a la Personería que nos notificara oficialmente y estamos reuniendo la información que piden”.
Para ahondar en los detalles del expediente disciplinario, este diario se comunicó con la Personería, pero la respuesta fue que no se pueden pronunciar debido a que apenas están en el inicio del proceso. Se prevé que haya una indagatoria y luego una audiencia con las partes, cuya fecha tentativa está programada para el próximo 15 de febrero. Ahí se sabrá si la investigación tiene futuro o no
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